Crimen sin castigo en Bariloche. Crisis terminal de un sistema político-policial rionegrino

“La policía no puede, sin traicionar su esencia, tener otros intereses ni buscar otra eficacia que la Ley misma, ni tampoco utilizar los métodos que en cambio se permiten esas “existencias individuales” cuyo desorden tiene como misión combatir.”
(Fernando Savater, 1991).

(Lic. Daniel Natapof*).- El 17 de junio de 2010 un cabo de la policía rionegrina ejecuta de un tiro en la nuca a un adolescente de 16 años, Diego Bonefoi. Horas después, en medio de una inusual reacción popular en el Alto de Bariloche, son asesinados por balas policiales Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.

El Gobernador radical Miguel Saiz abandona la ciudad, es el principio del fin de 28 años en el poder de un radicalismo que construyó alianzas suficientes con los sucesivos gobiernos nacionales, a fin de sostener su status quo. Otro tanto, ocurrió puertas hacia adentro de la provincia: redes clientelares, cooptación y alianzas con diversos sectores políticos y gremiales, una telaraña de compromisos y vínculos. Dentro de ese esquema de poder exitoso a lo largo de tres décadas, se inscribía la sociedad con la policía de la provincia; un acuerdo que se basaba en lo que Saín ha llamado la “autonomización de la policía”. Claro que ese pacto tenía sus costos, no fueron pocos los crímenes que afloraron durante ese tiempo, pero ninguno tan notorio como el de los jóvenes del Alto.
El 10 de agosto de 2016, luego de 27 días de búsqueda, aparece Lucas Muñoz con un tiro en la cabeza… la sociedad barilochense observa una foto histórica: la policía rionegrina se retira del lugar del crimen y la gendarmería se hace cargo de la escena.

Otro gobernador, Alberto Weretilneck, se retira también de la ciudad.

Durante los interminables días de búsqueda la novia y la familia de Muñoz hablan de corrupción policial, hablan de lo que el joven y honesto policía sabía. Ex policías se suman a las protestas callejeras en Bariloche.

Entre tanto, el gobernador por momentos, se pronuncia como mero espectador “Es grave que no sepamos dónde está un efectivo de la policía de Río Negro, es un hecho absolutamente inédito en la historia de nuestra provincia” (Río Negro, 03/08).

Por momentos enuncia generalidades, “No vamos a cesar en nuestra acción hasta lograr el total esclarecimiento del hecho, y separar de la fuerza y poner a disposición de la Justicia todos aquellos efectivos policiales que hayan tenido algo que ver” (Río Negro, 31/07).

El clima desde el inicio es enrarecido, comienza el desplazamiento de jefes policiales, muchos de ellos de alto rango y cercanos al gobernador, como el comisario Carlos Arias (Director de Seguridad de la provincia) o Jorge Elizondo, (comisario de la 42, ex jefe de la policía de investigaciones judiciales de la ciudad y custodio del gobernador cuando acudía a la ciudad).

Otros desplazados hacen evidente los indicios de una trama más profunda. Tal es el caso del oficial subinspector Luis Daniel Irusta, vinculado también a la causa por la desaparición del trabajador golondrina Solano en Choele Choel, en noviembre de 2011. (Río Negro, 02/08/16).

El gobernador Alberto Weretilneck dice que “la existencia de personas con conducta no apropiada dentro de la policía no significa que es toda la institución” y prometió que desde el gobierno provincial trabajarán para “reconstruir la confianza” de la sociedad con la fuerza.” (Río Negro, 10/08). Atrás quedaron las cifras de baja del delito que permanentemente citaba el renunciado jefe de la policía, Fabián Gatti. Lejano parece su discurso de despedida realizado en abril pasado, “Hoy tenemos una Policía que puede caminar con tranquilidad por la calle, porque es una Institución respetada, no significa que antes no lo fuese, pero hoy la población reconoce más aún su trabajo, y esto, no es obra mía, es obra de cada uno de ustedes que visten el uniforme con honor y orgullo” (Diario La Palabra, 19/04/16).

El gobernador Weretilneck, ya se sabe, con la astucia política que lo caracteriza navegó por distintos partidos políticos y se ha aliado a unas y otras fuerzas políticas de acuerdo a la ocasión. El resto es historia… pero lo cierto es que jamás alteró el esquema de autonomía policial, de una fuerza sin recursos ni formación, de cierta protección judicial frente a los abusos y a la violencia institucional.

Lejos de ello, sostuvo la apuesta por la llamada policialización de las políticas públicas de seguridad, muestra de ello fue el nombramiento de Mario Altuna como jefe de la policía, pese al repudio de todas las organizaciones de derechos humanos. El abogado de la policía, al momento de su nombramiento ya era famoso por sus dichos que exhibían en forma desinhibida su postura ideológica: “Si continuamos con esta clase de persecución a la Policía, vamos a llamar un día al 911 y si lo están violando en su casa le van a decir que lo disfrute porque vamos a ir en tres años” (Río Negro, 04/09/15). Vale mencionar que el planteo fue realizado en un juicio oral y público en el que defendía a un agente policial por un caso de vejaciones.

Sin embargo, ni la astucia del mandatario rionegrino, alias “el brujo”, ni la familiaridad del jefe de la policía con la fuerza le evitó a la sociedad, el increíble número de tres femicidios en lo que va del año en Bariloche. Ello, sin mencionar la infinidad de situaciones de violencia cotidiana que se dan en el Alto y que resultan acalladas o minimizadas ante los medios de comunicación.

Obcecado, sostiene a su ausente Ministro de Seguridad, carente ya de toda autoridad, quien apenas “descubierto” huyó también de la ciudad junto a su jefe. No es novedosa la actitud, recientemente fue noticia en medios nacionales su decisión de sostener a la Ministra de Turismo, Silvina Arrieta, quien en una maniobra al menos objetable desde lo moral y repudiada por toda la comunidad de Bariloche, se habría apropiado mediante engaños de la vivienda de una anciana de 95 años.

A la fecha, Weretilneck sigue sin hablar de la necesaria reforma policial. Continúa con la vieja lógica de separar las manzanas podridas, negando obtusamente el carácter sistémico y estructural de una crisis policial que no se resolverá con marketing político o reparto de colchones.

Increíblemente, cuando un periodista le pregunta al “brujo”, si el asesinato de Muñoz fue un mensaje al poder político, responde “No. Creo que el mensaje fue hacia algunos integrantes de la policía, y puntualmente para la Comisaría 42ª”. (Río Negro, 14/08).

La negación de la realidad continúa, las fuerzas federales patrullan la ciudad, allanan dependencias policiales e intervienen en el caso Muñoz, allanan la alcaidía local en búsqueda de una red de narcotráfico que no aparecerá, en una virtual y desordenada intervención de facto.

Numerosos desplazados empiezan a confrontar con su otrora aliado, las consecuencias de los desplazamientos de importantes jefes policiales aún están por verse.

El gobernador ya está iniciando un camino ensayado frente a otras situaciones de gravedad: restar relevancia, dar algunas buenas noticias, ser paciente y esperar que el tiempo diluya los aspectos visibles y mediáticos del problema de fondo. «Estamos registrando en Bariloche una baja en lo que son robos calificados y hurtos que hasta resulta llamativa» se anima a decir en la ciudad herida y convulsionada (Bariloche2000, 02/09).

Entre tanto, el año que viene debiera materializarse la creación del cuerpo de la policía judicial contemplada en el nuevo Código Procesal Penal, fuerza independiente del Ejecutivo y dependiente del poder judicial; propuesta a la que es sabido, el gobernador se opone.

Claramente superado por una crisis sistémica que no inició pero que jamás se propuso enfrentar, jaqueado por sus límites ideológicos pero también de gestión, el mandatario provincial aspira a encorsetar el tratamiento del caso como un hecho aislado, como un foco de corrupción que él simplemente, puede amputar. La realidad de otras policías provinciales en todo el país demuestra y anticipa el fracaso del método. Mientras tanto, la sociedad teme y espía detrás de las cortinas.

*Concejal Municipal de Bariloche.
Docente de la Cátedra de DDHH Sede Andina UNRN.
Vocal de ASRA (Asociación de Sociólogos de la República Argentina).