La Legislatura aprobó la ley de regularización de deudas de multas laborales
La Legislatura provincial convirtió en Ley el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo para la regularización de pago de deudas como consecuencia del trabajo inspectivo, que comprende a 3.480 empresas y establece un régimen de facilidades de pago para el recupero de importes provenientes de multas por incumplimiento de la normativa de empleo vigente.
La ley probada ayer comprende la cancelación de multas aplicadas hasta el 1 de junio de 2016 inclusive y planes de pago incumplidos hasta esa misma fecha.
Son un total de 3.480 empresas las que mantienen un pasivo por multas de Seguridad e Higiene y Laborales. Del total, 26 empresas tienen más de 100 empleados; 59 empresas tienen entre 50 y 100 empleados; 133 empresas tienen entre 25 y 50 empleados; 585 empresas tienen más de 10 empleados; y 2.677 empresas tienen hasta 10 empleados.
Se trata de un instrumento legal que permitirá facilitar el pago de multas contraídas por los empleadores para sostener el empleo. Esto permitiría a la mayoría de las Pymes, alrededor del 77% que poseen deudas por multas, afrontar sus obligaciones con la cartera laboral y; además, afrontar sus obligaciones con los trabajadores.
El rol como Policía del Trabajo ejercido por la Secretaría de Estado de Trabajo se verá reforzado con la presencia territorial del organismo, a través de las Delegaciones Zonales. Asimismo, formarán un eslabón activo todos los sectores gremiales y sindicales con los que se avanzaran en convenios de cooperación y agendas de trabajo para el cuidado del trabajador y, de este modo, se hará efectivo el cumplimiento de las leyes laborales vigentes en el territorio rionegrino.
La Secretaría Trabajo, conforme las facultades conferidas por la Ley K Nº 3803 y su reglamentación, tiene a su cargo el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas en el territorio provincial. Es el organismo de Gobierno que participa en la intermediación de las relaciones laborales, en sus conflictos, diferencias y propuestas.
Asimismo, el organismo dispone del poder de policía debiendo realizar la fiscalización respecto al cumplimiento de la legislación vigente, a través de un quehacer diario y regular sobre el control de la correcta aplicación y la difusión de las normas nacionales, convencionales, sectoriales y pactos internacionales del derecho laboral, transformándose en el mediador natural con los diferentes actores: trabajadores, empleadores, gremios, cámaras y el propio Gobierno.