Patentes flexibles, la moneda de cambio

(Agencia TSS–Nadia Luna).- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) publicó una resolución que puso en alerta a los laboratorios farmacéuticos nacionales. Se trata de la norma 56/2016, publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre, que facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad. La normativa establece que se darán por cumplidos los requisitos exigidos para otorgar la patente a aquellos solicitantes que ya tengan una patente equivalente concedida por una oficina de otro país.

“La resolución habilita a la oficina de patentes local a utilizar los exámenes de fondo ya realizados por las oficinas extranjeras”, explica a TSS la especialista en propiedad intelectual Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. “Es un viejo reclamo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Una de sus críticas habituales tiene que ver con la demora y la rigurosidad de los trámites en la Argentina. A partir del cambio de autoridades en el INPI están haciendo lo que les vienen pidiendo desde hace tanto”.

El presidente Mauricio Macri designó al frente del INPÏ al abogado Dámaso Pardo, exsocio del estudio PAGBAM, que asesora a empresas transnacionales en aspectos de propiedad intelectual y patentes. “Si uno observa el tipo de trabajo que han hecho se ve claramente cuál es la ideología que sustenta su trabajo, ya que históricamente han defendido un régimen de patentes mucho más flexible”, indica Busaniche.

Según la resolución del INPI, se justifica esta medida porque permitiría la “reutilización de los resultados de búsqueda y examen realizado anteriormente por otras oficinas”, ya que “esta duplicación de esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los solicitantes y la sociedad en general”. “Dicen que es para acelerar el trámite”, apunta Busaniche. “Lo cierto es que sí, lo aceleran, pero para las corporaciones extranjeras que van a venir con sus carpetas de patentes a validarlas acá”.

Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), denunciaron que la medida vulnera las funciones constitucionales que tiene el INPI de protección de la propiedad intelectual y advirtieron que acudirán a la Justicia. En una solicitada publicada en diversos medios, aseguran que esta normativa “va a permitir ‘importar’ patentes extranjeras, subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional a favor de intereses económicos de otros países”. Además, señalan que esto provocará un aumento en los precios de los medicamentos y un efecto negativo sobre el empleo y el desarrollo de la industria argentina.

Un caso testigo es la denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), realizada antes de que se concretara la resolución del INPI, acerca de que el Gobierno podría favorecer a la farmacéutica estadounidense Gilead al otorgarle la patente del sofosbuvir, un medicamento contra la Hepatitis C. La compañía tramita esa patente en la Argentina desde hace años y la Fundación GEP sostiene que, de ser otorgada, excluirá la posibilidad de que el medicamento se fabrique en la Argentina, perjudicando así a los pacientes que no podrán obtenerlo a un precio accesible.

Para Busaniche, el próximo paso del INPI será cambiar las directrices de patentabilidad. “Las directrices dan pautas muy claras a la hora de trabajar en la evaluación de una solicitud de patente. Por ejemplo, en lo que respecta a permitir o no patentes de medicamentos para segundos usos. Es un instrumento burocrático muy especializado, que solo va a leer gente que trabaja en el tema, pero que fija cómo interpretar la ley a la hora de conceder una patente”, precisa.

Por lo pronto, la resolución del INPI parece ir en sintonía con la política del Gobierno nacional en lo que respecta a la producción pública de medicamentos (PPM). Los laboratorios nacionales vienen reclamando que se cumplan las leyes 26.688, que declara a la PPM de interés nacional; y 27.113, que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Sin embargo, el presupuesto de 150 millones designado para la ANLAP nunca se ejecutó, su funcionamiento está paralizado y a través de tres decretos fueron removidos su presidente, vice y secretario.

Busaniche advierte que “si bien el ojo está puesto sobre la industria farmacéutica, esta resolución podría perjudicar casi a cualquier sector porque si se flexibilizan los criterios y se otorgan cada vez más patentes de manera casi automática a inventos que ya fueron aprobados en el exterior, lo que harán es favorecer los desarrollos extranjeros y bloquear la innovación local”.