La Boleta Única Electrónica y sus costos para nuestra democracia

(Daiana Neri*).- El propósito de las reglas electorales es organizar la competencia política y la representación. Determinan cómo se compite, quién puede competir y quién ocupará los cargos según los resultados. Una reforma política implica entonces influir en la distribución del poder político y en quiénes tendrán más o menos facilidades para acceder a él. La reforma que impulsa el Gobierno Nacional junto con el Bloque Justicialista, el FAP y el Frente Renovador busca modificar radicalmente cómo votamos en Argentina. Propone abandonar la boleta partidaria y el voto manual para darle paso a la boleta única electrónica en las elecciones nacionales, y en las provinciales y municipales que se realicen de forma simultánea. El Gobierno Nacional con este sistema de votación quiere sortear las dificultades de fiscalización que tiene su partido, terminar su dependencia de aliados como la UCR para garantizar esa fiscalización, e incidir en los efectos de arrastre de la boleta nacional a su favor.

Ahora bien: ¿cuáles son los costos que va a pagar nuestra democracia por implementar la Boleta Única Electrónica?

Costos en términos económicos. En el 2015 en Chaco la impresión de una boleta tradicional de papel costó 1,5 pesos, mientras que la boleta electoral con chip 5 dólares cada una. El sistema BUE implica un aumento exponencial del gasto en el proceso electoral. Si proyectamos los costos de implementación del 2015 en Salta y Chaco, para la provincia de Río Negro significarían 32 millones de pesos en contratación de 2224 máquinas de votación, sumado a 46 millones de pesos de impresión de boleta electoral con chip (contemplando un poco más que una por elector). Esto arroja un costo de 78 millones de pesos sin sumar el gasto en difusión, capacitación y logística general del acto electoral (como pago a autoridades) y un dólar más alto en el año próximo. Para los municipios rionegrinos 78 millones pueden significar obras de red de gas, agua potable o cloacas, construcción de una importante cantidad de cuadras de asfalto. También esos 78 millones de pesos superan los 71 que los municipios rionegrinos recibirán por el reintegro del 15% de la coparticipación.

Costo en términos de equidad y transparencia. El sistema de boleta tradicional que utilizamos hasta la actualidad fue impulsado para fortalecer el rol de los partidos políticos. En nuestra democracia representativa son los partidos quienes se encargan de imprimir las boletas, distribuirlas, fiscalizar y colaborar en el recuento de votos. Cierto es que en nuestro sistema federal con elecciones a nivel nacional, provincial y local las tareas se magnifican, entonces requieren de estructuras partidarias cada vez más grandes para poder garantizar la elección. Frente a ello los partidos chicos y nuevos sienten al sistema inequitativo. Pero en términos de transparencia el sistema tradicional es muy seguro porque el control y fiscalización de la elección es accesible a cualquier ciudadano alfabetizado y no requiere una capacitación especial para comprender y acompañar el desarrollo de la emisión del voto.

El sistema de Boleta Única Electrónica que promueve el Gobierno Nacional, por el contrario, incorpora tecnología a todo el proceso electoral. Una máquina con pantalla táctil oferta todos los candidatos y categorías, y una boleta con chip o memoria digital almacena la decisión del elector. Este sistema traslada la responsabilidad del proceso de emisión y distribución de boletas al Estado, lo que a primera vista brinda equidad en un tramo antes más inequitativo, pero con un costo muy alto para los derechos del elector: la provisión e implementación del sistema completo son realizadas por empresas especializadas en el hardware y software necesario que el Estado deberá contratar. Con la BUE los ciudadanos y los partidos políticos no sólo deberán controlar el accionar del Estado sino también a empresas con características oligopólicas.

Al voto electrónico se le reconoce ganancia en la celeridad del recuento de votos, pero con un costo muy alto en términos de transparencia. Incorporar conceptos como chip, almacenamiento digital, software, hardware hacen a las elecciones más complejas y menos confiables. Los partidos seguirán necesitando de sus fiscales más entrenados que antes, pero también deberán incorporar fiscales informáticos que los representen en procesos de auditoría para la revisión del sistema de emisión de sufragio, recuento, transmisión y difusión de resultados provisorios, escrutinio definitivo y deberán garantizar uno en cada establecimiento de votación el día de la elección.

En un sistema de voto manual el escrutinio de mesa puede ser adulterado intencionalmente (por ejemplo en algunas urnas específicas) pero el fraude difícilmente puede hacerse de forma sistemática y generalizada; en cambio en los sistemas electrónicos es posible fraguar los datos de forma centralizada. Si bien hay mecanismos efectivos para mitigar el riesgo de un ataque a un sistema electrónico de votación, su regulación y control es más sofisticado y complejo que en el sistema manual. En Alemania lo que terminó por descartar el uso de la boleta electrónica es el escaso control ciudadano del proceso.

Si a eso sumamos la posibilidad de unificación de las elecciones, la BUE haría todavía más difícil y discutible el trámite de voto de lo que ya es. Imaginemos tres niveles de elección (nacional, provincial, local) con categorías diferentes (legislativas y ejecutivas) más la cantidad de opciones partidarias que puede haber. Podría volverse como mínimo confuso para el elector y difícil de fiscalizar para todo tipo de partido, grandes y chicos.

En términos de equidad este nivel de tecnología y profesionalidad requerido en el acto electoral puede generar desigualdades de acceso en votantes con distintas capacidades. Y si su implementación no tiene en cuenta las desigualdades que persisten y caracterizan a nuestras sociedades y sus territorios, puede resultar mucho mas inequitativo que el sistema de votación anterior. Si todavía no podemos garantizar conexiones eléctricas y de internet seguras en alguna zonas de nuestra provincia, muy difícilmente se podrá brindar la transparencia y equidad necesarias para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

La propuesta de reforma electoral del Gobierno Nacional promueve su completa implementación en las elecciones nacionales del 2017. Reformar radicalmente nuestro sistema de votación con un compromiso verdadero con la equidad y la transparencia hubiera requerido mayores instancias de debate con participación plural, y por sobre todo, una forma de implementación paulatina y en etapas, más aún en un sistema político complejo como es nuestro federalismo y la heterogeneidad que caracterizan a nuestras sociedades.

*Docente investigadora UNRN-UNCOMA, miembro del Centro de Estudios Patagonia