El kirchnerismo impulsa una mega auditoría de la obra pública desde 2003 a 2016

En medio de la puja entre el oficialismo y la oposición por el futuro del proyecto del Poder Ejecutivo que crea un régimen de contratación de obra pública público-privada, desde el kirchnerismo impulsaron otra iniciativa que ordena una auditoría de todas las obras encaradas desde 2003 hasta fines de 2016.

El texto al que tuvo acceso ámbito.com establece la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública ejecutada con fondos del Estado nacional. Si la ley prospera, el grupo revisor está integrado por diez diputados y diez senadores, respetando la proporción política, aunque el titular de la Comisión será designado a propuesta del bloque opositor mayoritario, o sea, el Frente para la Victoria-PJ.

El proyecto contiene 12 artículos y fue firmado por el diputado Adrián Grana, Darío Martínez, Liliana Mazure, Guillermo Carmona, Carlos Kunkel y Carlos Castagnetto, entre otros.

El primer apartado establece las funciones y facultades de la Comisión. La principal tarea será elaborar un «informe técnico anual», que incluya todos los planes ejecutados con fondos estatales, ya sea del Ejecutivo nacional, provinciales o municipales y de organismos descentralizados, desde el 25 de mayo de 2003 al 31 de diciembre de 2016. «Debe incluir, como mínimo, la descripción del proceso de selección del contratista y los participantes del mismo; la fecha de contratación; el nombre del contratista; el objeto de la obra; el monto; la forma y fecha/s de pago», sostiene el escrito original, que ya ingresó este jueves a las 10.30 en Diputados.

La norma prevé que el informe debe «determinar si se han detectado irregularidades en el proceso de contratación y contener un análisis comparativo de los precios en la época de la contratación a fin de determinar la razonabilidad de los mismos o la existencia de sobreprecios». Con esta medida, el FpV-PJ busca dilucidar las sospechas de corrupción que pesan durante el kirchnerismo.

Para hacerse de información, los legisladores podrán requerir documentación a cualquier entidad gubernamental o al Poder Judicial, como así también podrá recibir «denuncias escritas u orales», o «material probatorio sobre los hechos de investigaciones» en curso.

También podrán citar a declarar a funcionarios del área de contrataciones y a empresarios que hayan sido adjudicados o no; realizar inspecciones oculares y hasta ordenar pericias técnicas. Además, pueden solicitar asistencia a entidades, profesionales especialistas, instituciones y universidades y se comprometen a denunciar ante la Justicia cualquier «ocultamiento, sustracción o destrucción» de elementos probatorios necesarios para la Comisión.

El plazo máximo para entregarlo será de 18 meses desde la constitución del cuerpo legislativo. Los bloques que no lo integren podrán nombrar a dos observadores que participen de las actividades.

En los fundamentos, los autores explicaron que presentan el proyecto ante las «reiteradas denuncias, efectuadas fundamentalmente ante los medios masivos de comunicación, que dan cuenta de supuestas graves irregularidades y sobreprecios en los procesos de contratación de obra pública».

«Tales denuncias lejos de echar luz sobre una temática tan relevante, generan un clima de sospecha generalizada que, desde nuestra óptica, deteriora severamente a la actividad política y daña la confianza en el sistema democrático», agregaron.

Según los diputados, «el estudio sistemático y pormenorizado de la totalidad de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional posibilitará clarificar acerca de la existencia o no de una matriz de irregularidades en las contrataciones así como de eventuales sobreprecios».

Tras remarcar algunas sospechas sobre los beneficiarios del soterramiento del tren Sarmiento, los representantes del FpV-PJ piden «no enfocarse exclusivamente en las conductas de funcionarios públicos sólo de nivel nacional y de una sola tonalidad política».

«Resulta claro que pretender involucrar en una matriz con corrupción generalizada sólo a ciertos funcionarios del nivel nacional del Estado identificados con un proyecto político determinado, resulta poco menos que absurdo. La prédica constante y reiterada de ciertos multimedios de comunicación en tal sentido, en muchos casos con un tono que tiende a exacerbar la violencia, generar odio y estigmatizar tanto a la militancia como a la actividad política, no parece estar guiada por la sana crítica, sino todo lo contrario, parece estar teñida de oscuros intereses corporativos», indicaron.