El Senado debatirá el miércoles el Presupuesto y la reforma a los superpoderes

(Por Diego Guglielmone-Telam).-La Cámara alta analizará el proyecto de Presupuesto 2017 de la Administración Pública Nacional, en conjunto con la reforma a la Ley de Administración Financiera que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad para reasignar partidas presupuestarias, hasta ahora, sin límites.

El Presupuesto forma parte de un acuerdo amplio firmado con los gobernadores del Frente para la Victoria a principio de año que incluía el pago a los holdouts, la cancelación de deudas por coparticipación, el blanqueo de capitales y la resolución de las deudas previsionales.

En tanto, la disminución de los Superpoderes, también enviada al Congreso por el Gobierno nacional, recibió el visto bueno de un sector del Frente para la Victoria que también la apoyará.

De ese modo, el Poder Ejecutivo obtendrá ambas leyes el día en que finaliza el período ordinario de sesiones.

Pero, ante la eventualidad de que el debate transcurra más allá de la medianoche y se ingrese al 1° de diciembre con la votación, el Ejecutivo llamó al Congreso a celebrar sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre.

Pese al traspié sufrido por Cambiemos en el Senado con la imposibilidad de debatir la Ley de Reforma Electoral, porque el Frente para la Victoria decidió no darle su apoyo, tanto Presupuesto como Superpoderes pasarán el filtro de la mayoría.

Así lo reiteró en varias oportunidades el jefe de ese bloque, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, al referir que todos los gobiernos deben tener su Presupuesto y recordar que no pasó lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, durante 2011.

En 2010, el Congreso tenía mayoría opositora y el kirchnerismo oficialista, en lugar de negociar cambios, prefirió prorrogar el Presupuesto de aquel año por doce meses más.

Cómo es el proyecto de Presupuesto 2017
El proyecto enviado por el gobierno de Mauricio Macri, ya aprobado por Diputados, contempla un gasto total superior a los $ 2 billones de los cuales el 64% se destinarán a servicios sociales y a un ambicioso programa de obras públicas y el 10% a la deuda pública.

Entre otros aspectos, la iniciativa contempla un crecimiento del 3,5% del PBI; una inflación del 17%; un dólar a $ 18 pesos y un déficit fiscal del 4,2%.

Se estima una deuda pública de 247.632,1 millones de pesos, lo que implica un 32,4% de aumento y un 10,5% del gasto público.
El gasto total está contemplado en 2.363,619,9 millones de pesos, lo que equivale a un aumento del 22,1%.

Asimismo, se incluyó un refuerzo de $ 5.000 millones de pesos para el Fondo Sojero que se distribuirá el 70% entre las provincias y el 30% restante, entre municipios.

Se sumaron $ 1.000 millones más a las Universidades Públicas, cuyo presupuesto original era de $ 75.000 millones.

Además, el área de Ciencia y Técnica tendrá $ 1.290 millones adicionales.

En forma automática se distribuirán, a las provincias que tienen cajas previsionales, unos $ 8.000 millones y se sumaron alrededor de $ 25.000 millones para obras de infraestructura.

De acuerdo con el Presupuesto 2017, los gastos corrientes serán de $ 2.148.575,6 millones; los de capital, serán otros $ 215.044,3 millones y la Recaudación Tributaria total de $ 2.532.186,9 millones, lo que implicará el 26,8% de aumento.

En Servicios Sociales se invertirán $ 1.512.642,1 millones, lo que significa el 64% del gasto y un aumento del 29%.
La ley de Superpoderes enviada por el gobierno fue aprobada también en Diputados con modificaciones.

El texto que debatirá el Senado fijó un tope de 7,5% del monto general de gastos previstos en el proyecto de Presupuesto 2017 para que el Poder Ejecutivo redistribuya partidas. A partir de 2018, ese límite bajará al 5% del Presupuesto.

Esta iniciativa permitirá al Congreso recuperar facultades que había perdido hace una década en materia de distribución presupuestaria, cuando el kirchnerismo impulsó la reforma de la ley de Administración Financiera.

De todas formas, la disminución de los denominados «superpoderes» se hará en forma gradual a lo largo de los dos próximos años y además no se podrá cambiar más del 15% del gasto de capital por gastos corrientes.