Papel Prensa: fiscal apeló sobreseimientos
El fiscal federal Franco Picardi apeló este viernes el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, del CEO del multimedio, Héctor Magnetto, y del directivo de La Nación Bartolomé Mitre, entre otros imputados, al considerar que deben ser indagados por la venta «extorsiva» de la empresa Papel Prensa a su favor por parte de la familia Graiver, durante la última dictadura cívico-militar.
«No sólo los delitos endilgados en cabeza de cada uno de los imputados han sido corroborados -con las características propias de esta etapa-, sino que la imputación se encuentra lo suficientemente consolidada como para avanzar hacia la correspondiente intimación de los hechos a sus intervinientes», es decir, las citaciones a declaración indagatoria, sostuvo Picardi en el dictamen al que accedió la agencia oficial Télam.
Para el fiscal del caso, «la contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que aquejaba a sus legítimos dueños y representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país», remarcó.
Además, sostuvo que esta «calificación propiciatoria de persecución» fue difundida por «los representantes de los diarios a través de los medios de comunicación masivos bajo su dirección, antes y después de la transferencia ilícita».
El fiscal presentó la apelación ante el juez federal Julián Ercolini, quien sobreseyó a todos los imputados y cerró la investigación abierta en 2010 por entender que no hubo delito de lesa humanidad en la operación de venta de la empresa fabricante de papel para diarios a Clarín, La Nación y La Razón en 1976.
La decisión quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, una vez que Ercolini dé curso a las apelaciones de Picardi y a la presentada también por Lidia Papaleo, querellante en la causa y viuda del banquero David Graiver, quien era el dueño de la empresa.
Picardi sostuvo en la apelación que hay pruebas para demostrar que la empresa se vendió bajo «extorsión» y que hubo un «traspaso ilegal del paquete accionario de la empresa» bajo acciones ilícitas como detenciones ilegales, torturas de miembros de la familia Graiver y su entorno, por parte de los militares en la dictadura.
En cuanto a una pericia contable ordenada por Ercolini y en la que se basó el juez para dictar los sobreseimientos, el fiscal remarcó que «todos sabían que, detrás del tema de la venta de las acciones, estaba el gobierno de facto».
«El precio de venta-adquisición podría resultar adecuado a los valores de mercado de la época, o incluso mayor a lo esperado, pero si el negocio se llevó adelante como consecuencia de intimidación y/o amenazas, la extorsión se configura de todos modos», argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, entendió que no se trató de «una simple transacción comercial o financiera entre partes libres, dedicadas a hacer negocios en tiempos de estabilidad institucional y democrática».
El fiscal criticó la interpretación «absolutamente incorrecta y parcial del objeto procesal delimitado por los acusadores», y agregó que los herederos de Graiver, fallecido poco antes, y sus allegados estaban en un escenario que los colocó «frente a una oferta imposible de rechazar».
«La empresa estaba siendo sometida por los agentes estatales a un ahogo financiero motivado por la valoración que efectuaron sobre los titulares de las acciones», concluyó.