Macri pidió avanzar con el juicio político a jueces

(Por Ignacio Ortelli).- “La Justicia tiene claro que hay cosas que han cambiado”. La frase le pertenece al Presidente. La pronunció en octubre, cuando se debatía sobre la paralización de las causas en las que están involucrados ex funcionarios K. En aquella oportunidad, salió en defensa de los jueces que habían quedado en el centro de la polémica por las demoras en las investigaciones. Pero cuentan en el Gobierno que Mauricio Macri está convencido de que buena parte de la corrupción K podría haberse evitado con jueces independientes que no hicieran concesiones ante el poder político. Y se prepara para enviar un mensaje contundente: según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, instruyó a sus funcionarios a que apuren en el Consejo de la Magistratura la remoción de dos jueces y un importante funcionario judicial. Y ya hay otros magistrados que empiezan a sonar en los despachos oficiales.

“Hay que enviar un mensaje claro a los jueces. Algunas cosas que pasaron durante el kirchnerismo son inadmisibles y van en contra de la independencia del poder de turno que el Presidente busca para la Justicia”, confió a Clarín un importante funcionario al tanto de la intención de Macri de iniciar una suerte de “depuración” del Poder Judicial.

Esa purga, señalan, no se hará “a lo bonzo”. “No hace falta: si echás a los más emblemáticos, el resto va a terminar de entender que ya no pueden seguir en la joda”, graficó con crudeza otra importante espada macrista acostumbrada a transitar los tribunales.

Por este motivo, el martes hubo una reunión en Casa Rosada Allí estuvieron el jefe de asesores del Presidente, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. Aunque no participó de la cumbre, el jefe de Gabinete Marcos Peña sigue de cerca el tema, como todo lo que sucede en el Gobierno.

En el encuentro, según pudo reconstruir este diario, se trazaron dos listas de jueces apuntados. Una de “alta prioridad” y otra que quedará para una segunda etapa.

En la primera figuran el juez de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler; el juez federal, Daniel Rafecas; y el administrador general del Consejo de la Magistratura, Juan Cubría.

Si bien, tal como reveló Clarín el domingo, el Gobierno ya tiene acorralado a Freiler; el primero en la lista es el hijo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, ungido durante los últimos días de la administración kirchnerista, a quien se lo acusa de trabar el funcionamiento del Consejo. “El primer año lo bancamos, esperando que cambiara su lógica de trabajo. Pero no lo hizo”, argumentan en Balcarce 50. Pero, en rigor, conceden que lo que más molesta al Ejecutivo es que hace “política, personal y partidaria”. Y señalan que en los últimos meses “se pegó mucho” a los consejeros K, el diputado Rodolfo Tailhade y la senadora Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner.

Creen que la jueza electoral se quejará pero lo aceptará: dicen que “ella sabe que se le enviaron varios mensajes” a su hijo para que desistiera de su actitud. A favor de la aspiración del Gobierno, remarcan, Cubría está enfrentado con el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti por el reparto de la caja de la Justicia. Sería un gesto en un momento en el que la diputada aliada Elisa Carrió volvió a la carga en su contra.

Inicialmente se barajó la chance de que su apartamiento iba a darse el 9 de febrero, aunque ahora admiten que podría tomar algunos días más. “Lo que es seguro es que no llega a marzo”, se envalentonan en el Gobierno. El oficialismo tiene los siete votos necesarios para hacerlo realidad.

Por Freiler irán a la carga en marzo. Buscarán avanzar con la denuncia por enriquecimiento ilícito. Pero, al mismo tiempo, trabajan un informe de Migraciones que llegó a la Magistratura: Freiler habría salido del país sin avisar ni pedir licencia. Ese mismo motivo fue una de las causas por las que el Gobierno consiguió el alejamiento del juez federal de La Plata Carlos Rozanzki, cuando también avanzaba un jury en su contra. Ayer, en medio de los rumores, el juez aclaró en una nota publicada en Infobae que “de ninguna manera” piensa renunciar. ¿El Gobierno podrá conseguir los nueve votos en el Consejo para removerlo? “Está muy cerca”, respondieron desde la Magistratura a este diario.

Rafecas, en tanto, está complicado en el marco de la denuncia del diputado Waldo Wolff por su intervención en la causa Nisman. Encima, su denuncia es motorizada en el consejo por el consejero Angel Rozas, de origen radical, partido que lo tiene en la mira por la manera en que instruyó la causa por coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa. “Después de Freiler”, anticiparon fuentes oficiales a este diario. Intentarán convencer a los consejeros Leónidas Moldes, Jorge Candis y Gabriela Vázquez.

Para una segunda etapa quedarán la jueza de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral; otros dos a los que se los acusa por su vínculo con el kirchnerismo. Y no descartan un intento por el titular de la Casación Alejandro Slokar -tiene al menos tres denuncias que en el Gobierno ven “viables” para avanzar- y por Oscar Hergott, del Tribunal Oral Federal N°5.