Prisión de dos años en suspenso por bloquear yacimiento

(ADN).- Un vecino de la localidad petrolera de Catriel, quien junto a otras 7 personas, bloqueó el camino de acceso a un yacimiento de la empresa YPF aceptó una condena a 2 años de prisión es suspenso “no por la protesta en sí, sino por el modo en que se realizó”, destacó el fiscal Martín Pezzetta, a cargo de la acusación.

El acuerdo, logrado luego que el acusado aceptara su responsabilidad en los hechos, aún debe ser ratificado en una instancia superior, (la Cámara Primera en lo Criminal de la IV Circunscripción de Cipolletti), pero una vez completado ese trámite, se va a convertir en un antecedente determinante ante los diversos piquetes y cortes de rutas que aquejan a toda la región: “tenemos varias causas en trámite con la misma modalidad”, señaló el fiscal, quien aclaró que el delito que se ataca es el de “coacción” .

La imputación se encuadra en el artículo 149 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión o reclusión de seis (6) meses a dos (2) años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a cuatro (4) años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

En todos los cortes de ruta, según esta tipificación, se da el presupuesto de que, mediante amenazas, se obliga a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

Los hechos ocurrieron –según se detalle en un parte oficial de la Justicia-, entre el 4 de marzo y 6 de marzo de 2016, cuando un grupo de ocho personas, liderado por Sergio Gamboa – quien resulta ser superficiario de un camino petrolero – de forma organizada amenazaron a un representante de la empresa YPF para que reparen el alambrado, coloquen la electricidad y otorguen puestos laborales a los manifestantes. Durante este accionar, el grupo bloqueó el paso de vehículos y personal al yacimiento de “Señal Picada”, en cercanías de Catriel.

Pezzetta, luego de calificar de “muy importante” el caso “porque fija un precedente al menos”, recordó que “se había paralizado por completo el yacimiento, con riesgo ambiental, porque los operarios no podían ingresar, esto más allá de los perjuicios económicos”, señaló el funcionario en declaraciones a la radio LU 19.
“Se trató de una amenaza, que se traduce en una coacción al exigir determinado comportamiento”, como otorgar puestos de trabajo.

En un primer momento, y con la intención primaria de destrabar el conflicto, el fiscal convocó a las partes a una audiencia de conciliación, intimando a no continuar con esta modalidad de corte.

En este caso la instancia de mediación fue descartada por el imputado, se advierte en el parte de prensa de la Justicia-, quien prefirió continuar con la protesta y no asistir a la reunión impulsada por el Ministerio Público. Pezzetta, también advirtió que el hombre ya había liderado en otras situaciones, protestas que incluyeron el entorpecimiento de la normal circulación hacia los pozos petroleros.

Ahora “se llegó a un satisfactorio acuerdo” que se espera sea protocolizado este 27 de marzo, y que no implica pérdida de la libertad para el imputado por tratarse de una pena de ejecución “condicional” por ser inferior a 3 años.

ATE con un tema similar pendiente
Este precedente, llegado el caso, podría aplicarse en la causa por la cual están imputados varios dirigentes del gremio ATE, a raíz de que el pasado 30 de Mayo de 2016, alrededor de las 9:30 horas tomaron un pozo petrolero. Los manifestantes se ubicaron en el acceso a los pozos petroleros ubicados en la chacra 74 de la localidad de Guerrico, propiedad de las empresas YSUR e YPF S.A. En esa ocación siete manifestantes gremiales “impidieron el ingreso y egreso del personal y de camiones afectados a las empresas, generándoles una considerable pérdida económica y provocando un severo riesgo ambiental”, según se desprende de la imputación del fiscal Rodolfo Romero.