Una de cada diez leyes vigentes nació en la última dictadura

De las 4.449 leyes vigentes, 417 fueron pensadas, escritas y aprobadas durante la última dictadura cívico-militar. Es decir, casi una de cada diez normas que regula la sociedad actual nació bajo el gobierno de facto que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, hace hoy 41 años. Si se toman en cuenta también las dictaduras previas, casi un cuarto -998 del total- de la legislación tiene un origen no democrático.

Tal conclusión se desprende de una investigación del colectivo de periodistas Sin Fin –realizada en conjunto con Memoria Abierta, y con el apoyo de Bertha Foundation-, que analizó y sistematizó esa legislación de origen dictatorial (puede consultarse en www.leyesdeladictadura.com), para poner sobre la mesa el debate sobre su legitimidad, ante un nuevo aniversario del último Golpe de Estado.

Algunas de las leyes que se mantienen en pie desde entonces, y cargan con el espíritu de aquella época, son la Ley de Entidades Financieras, la Ley para el Personal de la Policía y el Régimen Penal de Minoridad. La investigación profundiza sobre esos tres ejes, para dar cuenta de las distorsiones y efectos que su vigencia genera en democracia.

La Ley de Entidades Financieras, por ejemplo, explica por qué el sistema bancario y financiero en el país tiene tal grado de concentración y extranjerización. Su presencia está detrás de acciones tan cotidianas como el uso de tarjeta de crédito o el pago de comisiones a los bancos: todo ello está regido por aquella normativa impulsada por el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. “Eso se forjó entre 1976 y 1977, con una reforma financiera que impulsó Martínez de Hoz y la estamos viviendo aún hoy”, resaltó Gerardo Aranguren, uno de los periodistas que integra el colectivo Sin Fin.

En cuanto a la Ley para el Personal Policial, también nacida bajo el último gobierno de facto, determina entre otras cosas que un oficial que detecta un hecho de corrupción dentro de la institución sólo tenga permitido denunciarla a sus propios superiores. Con la paradoja de que en muchos casos son los propios denunciados. “Así, esta ley encorseta a un policía honesto, por ejemplo, porque no puede denunciar hacia afuera un delito cometido dentro de la fuerza”, explicó Aranguren.

El tercero de los ejes trabajados por Sin Fin, el Régimen Penal de Minoridad, está en el centro del debate por estos días, a partir de la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de modificar esa ley y, entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad. Cabe resaltar que la baja de la edad de punibilidad a los 14 años –como defiende el oficialismo- implicaría retrotraerla a la edad que impuso Jorge Rafael Videla en su momento, hasta que la propia dictadura la volvió a elevar a 16 años, en mayo de 1983. Por eso, uno de los argumentos de los especialistas en contra de la baja de la edad advierte que implicaría un retroceso en materia de derechos, a niveles del momento más autoritario y represivo de la historia argentina.

El objetivo del trabajo sobre “Las leyes de la dictadura” apunta a “poner el material a disposición, que la gente se dé cuenta de la magnitud del número de leyes de dictadura vigentes, y a partir de ahí abrir el debate. Son legales, porque fueron avaladas por las diferentes Cortes y no han sido derogadas. Pero su legitimidad está claramente en duda”, concluyó el periodista.

Además de la base de datos con todas las leyes de la última dictadura vigentes, la investigación incluye datos estadísticos, material de archivo y entrevistas a politólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, fiscales y jueces que abordan tanto el modo en que se crearon estas normas como los efectos de su vigencia y los motivos por los que no se las derogó.(Política Argentina)

Aquí, un tráiler que resume el trabajo: