Odarda cuestionó el nuevo Código de Tierras del gobierno

La Senadora Magdalena Odarda -Frente Progresista CC ARI- manifestó su oposición al nuevo Código de Tierras que propone el Ejecutivo rionegrino. El proyecto de ley 767/16, deroga la ley 79 y según la legisladora nacional implica un retroceso en el reconocimiento de la función social de la tierra como instrumento de producción, y el fomento del arraigo de la familia a la tierra, conceptos que incluye como principio claro la vieja ley.

Planteó la necesidad de debatir una nueva ley a la luz de las reales necesidades, pero con la participación de todas las organizaciones involucradas. Una construcción colectiva que mejore su aplicación, pero que no niegue el espíritu que le dio origen.

Señala Odarda que la nueva propuesta, justifica su avance en la antigüedad de la ley 279, incorporando nuevos rubros, clasificando a la tierra rural para el uso minero, turístico, energético, industrial y otros, abriendo la posibilidad a programas de inversiones empresariales que no tienen relación con el espíritu de la ley 279, la cual es la integración de la provincia en lo económico, político y social con base en la producción.

Hizo conocer los puntos que se cuestionan en el proyecto que:
Elimina el IPA – Instituto de promoción Agraria, que si bien no funciono nunca, constituía una autoridad de aplicación optima en la forma de un órgano colegiado formado por instituciones sociales que tenían la posibilidad de intervenir en las decisiones. El hecho que no se hubiera formado este instituto, no es merito para su exclusión, por el contrario, seria esperable que un órgano finalmente se constituyera.

Establece claramente un perfil mercantilista con respecto a la tierra, con posibilidades ciertas de desalojos ante situaciones irregulares, desechando principios como el arraigo y la asistencia integral del productor agrario.

Establece como autoridad de aplicación a la Dirección de Tierras, un órgano de jerarquía inferior que en los últimos años ha dado muestras de su inoperancia y de manejos espurios que facilitaron la entrega de tierras valiosas a conocidos terratenientes. Para evitar esto último, hace falta jerarquizar este órgano del Poder Ejecutivo y establecer un nuevo IPA u otra institución colegiada que garantice la participación de las organizaciones.

No ha sido debatido junto con las organizaciones sociales y las comunidades originarias. Por lo tanto, en los próximos días de abril, se movilizan a Viedma para reclamar.

Garantiza la entrega de títulos como una solución novedosa, siendo que la ley 279 también lo faculta. Ahora, a muchos pobladores les han prometido el titulo si apoyan la ley.