Quieren que se permita el autocultivo de cannabis medicinal

(ADN).- La senadora Silvina García Larraburu, insitió con la idea que se autorice el autocultivo de cannabis medicinal para garantizar el acceso al aceite, ya que ahora solo se consigue importándolo. Es por ello que pide una moficación a la ley, y la creación de un registro de pacientes a los que se les permita la producción.

Larraburu fundamentó que tras la sanción de la Ley que autoriza el consumo de Cannabis con fines medicinales, quedó de manifiesto, «no sólo la necesidad de procurar el derecho a la Salud de todos los argentinos y argentinas que lo tenían proscripto a causa de un vacío legal, sino la necesidad de garantizar su plena operatividad».

La senadora explicó: «En este orden de ideas, el acceso al Cannabis como producto medicinal, quedó sujeto a la provisión foránea del producto, ya que en Argentina no existe un laboratorio que se encuentre proveyendo a la población del aceite de cannabis o cualquier otra formulación aplicable al caso.

Es conocido el alto valor de mercado que tiene para los pacientes usuarios, y la restricción que en los hechos implica, habida cuenta de la imposibilidad legal para autocultivar.

Por ello y como continuidad a la lucha que vienen dando madres, pacientes, médicos y comunidad científica en general, resulta imperioso reformar la ley 27.737, y además crear un Registro Nacional de Autocultivadores, que haga posible el pleno acceso a una calidad de vida más digna.

La ley 23.737 de 1989, dispone la penalización de ciertas conductas como ser el cultivo, la producción, el comercio, etc., sólo ante casos que las mismas se desarrollen “sin autorización o con destino ilegítimo” (Artículo 5o), entre los cuales claramente no se encontrarían contemplados los usos medicinales y terapéuticos, por ser los mismos manifiestamente “destinos legítimos” que hacen a la salud pública de la población que precisa de dicha sustancia.

En la actualidad son innumerables los casos de personas que hacen uso medicinal del cannabis, procediendo a abastecer su propio consumo mediante el cultivo de sus propias plantas de cannabis. Tal forma de provisión, el “autocultivo medicinal”, es una actividad que realiza a fin de evitar acudir al mercado ilegal para proveerse de su medicina y tener un control de la calidad del producto que consume a tales fines (sin las suciedades, aditamentos e impurezas propias de la sustancia comprada en el mercado ilegal).

A su vez, no podemos olvidarnos de la cantidad de personas, que por tener el conocimiento y las posibilidades, cultivan para terceros. Los cultivadores solidarios no solo brindan valiosa información a usuarios terapéuticos y otros cultivadores de cannabis, sino que también producen sin fines de lucro, aceites, flores y semillas que dan a personas que no tienen posibilidad de hacerlo por sus propios medios, o de solventar los costos de importarlos.

Desde el año 2009, a la actualidad, alrededor de 15 proyectos de ley se han presentado solicitando la despenalización del autocultivo, provenientes de diversos bloques parlamentarios y legislaciones comparadas de la región, como ser Chile, Colombia, Uruguay, Canadá, etc., no criminalizan el autocultivo. La mayoría de ellas lo hacen para cualquier fin que se vincule al consumo personal de la sustancia, y otras lo hacen sólo para fines medicinales.

Más allá de la contemplación médica, cada persona es dueña de su cuerpo y dolores, siendo quien puede discernir en último término respecto de la efectividad de la terapia a la cual se somete o es sometida. La regulación del cannabis para usos medicinales y terapéuticos, no será completa sin contemplar los derechos de las personas que producen sus propias medicinas y las implementan en sus propios cuerpos.

Sin una contemplación clara de la posibilidad de autocultivar la sustancia, la punición del cultivo obliga a los usuarios a adquirir dicha sustancia en circuitos de tráfico ilegal, sometiéndolos a una situación de clandestinidad, ilegalidad, violencia y riesgo de criminalización. Asimismo, sostiene la ilegalidad y clandestinidad de un importante grupo de cultivadores solidarios que proveen de dicha sustancia a las personas que lo solicitan a fines medicinales, sometiéndolos a un elevado riesgo de criminalización y penas que van hasta los 15 años de prisión. Entendemos que mantener dicha realidad, no es coherente con lo expresado por los legisladores que aprobaron hace pocos días la ley que autoriza el consumo de cannabis medicinal con fines terapéuticos».