En Argentina, uno de cada cuatro adultos fuma
Pese a los estragos que produce en sus habitantes el tabaquismo, Aregtina es el único país de Sudamérica que no forma parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), del que son miembros 180 naciones. Así lo reveló hoy el diario Calrín, en el marco de Día Mundial Sin Tabaco.
Los índices son contundentes: En nuestro país, uno de cada cuatro adultos fuma, mueren 44.000 personas al año por enfermedades asociadas al cigarrillo y se destinan más de 30.000 millones de pesos para atender los problemas de salud que provoca (el 12% del gasto sanitario total).
En 2003, Argentina suscribió el acuerdo, que entró en vigencia en 2005. Pero nunca lo ratificó. Que el país dé ese paso que lo vuelva a meter en ese tratado de cooperación global realizado en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es lo que reclaman más de 80 organizaciones nacionales e internacionales, de las cuales muchos de sus representantes junto a funcionarios nacionales se dieron cita en el Senado días atrás durante una jornada de diálogo intersectorial.
«Son 14 años desde que empezó este convenio. Todos los países de la región lo ratificaron, por lo tanto es inexplicable que nuestro país no lo haya hecho. Aprobamos una ley (la 26.687) que incluye bastantes elementos de los que fija este convenio, pero consideramos que esto es incompleto», manifestó en la apertura del encuentro el senador Juan Manuel Abal Medina (FPV), quien presentó junto a su par Julio Cobos (UCR) un proyecto para ratificar el acuerdo. Lo que obstaculiza que obtenga luz verde es que en los diferentes bloques hay legisladores a favor y en contra de su aprobación.
El CMCT es una respuesta a la globalización de la epidemia de tabaco. Sus medidas buscan promover la adopción de diversas estrategias destinadas a reducir la oferta, la demanda y el devastador daño de los productos de tabaco y es una herramienta necesaria para garantizar el derecho humano a la salud. «Ofrece un marco legal para que los países implementen medidas para reducir el consumo de tabaco. Argentina tiene una gran historia en ratificar convenios de derechos humanos, por eso nos sorprende que no ratifique este», manifestó Patricia Sosa, directora para América Latina de Campaign for Tobacco-Free Kids.
Marita Pizarro, codirectora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, entidad que propició el debate en el Congreso, apunta contra el poder que ejerce la industria. «El verdadero freno a la adopción de políticas efectivas de control de tabaco ha sido históricamente el poder económico y el lobby de las multinacionales tabacaleras. En este marco, ‘El tabaco, una amenaza para el desarrollo’ es el lema propuesto por la OMS para el Día Mundial Sin Tabaco 2017. Su objetivo es señalar que la industria tabacalera compromete el desarrollo sostenible, ya que implica una amenaza para la salud pública y la economía de los países».
«No tenemos que permitir que los beneficios económicos se prioricen por los de la salud pública», sostuvo en ese sentido César Di Giano, presidente de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA). «Es un esfuerzo de cooperación internacional para todos juntos poder enfrentar a un monstruo. Ningún país solo puede dar esta batalla. Necesitamos a Argentina», clamó Eduardo Bianco, director para Latinoamérica de la Alianza para el Convenio Marco.
Para Armando Peruga, médico y doctor de la Universidad Johns Hopkins, el convenio es un mensaje de salud pública como no se había enviado hasta ahora. «Se empezó a negociar sabiendo que el número de muertes que había causado el tabaco en el siglo XX eran 100 millones de personas, pero las previsiones para el siglo XXI indicaban que si no se hacía nada ese número se iba a multiplicar por 100. La causa principal de ese incremento explosivo de la epidemia a nivel global era la industria del tabaco que vendía y promocionaba esos productos». Esas previsiones actuaron como «una alarma que se encendió en todos los países sobre la necesidad de juntarse para hacer algo».
Un trabajo publicado en la revista The Lancet sobre los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia del convenio mostró que, entre 2005 y 2015, por cada medida adoptada en cada país se redujo casi un 2% la prevalencia de consumo de tabaco. «Está claro que el impacto del tratado es proporcional al número de medidas que se adoptan, por lo cual para que el impacto en salud pública sea total hay que implementar el conjunto del tratado», afirmó Peruga, que también es investigador de la Universidad de Desarrollo de Chile.
El temor a que la ratificación del convenio afecte a las economías regionales que se nutren del cultivo de tabaco es uno de los principales argumentos que exponen los legisladores contrarios a su aprobación. No obstante, el convenio en su artículo 17 contempla el apoyo a actividades alternativas económicamente viables y la asistencia para avanzar en la diversificación/sustitución de cultivos. «Si Argentina no está dentro del convenio y estamos todos discutiendo formas alternativas de cultivo, sus productores no tienen voz ni voto», advierte Bianco.
«No hay en el tratado prohibición a la siembra, por eso lo que amenaza al productor no es el convenio marco, es la propia industria tabacalera que aún usa a los productores como masa de maniobra para defender sus intereses comerciales llevando desinformación. El artículo 17 no es una amenaza, sino un valioso instrumento jurídico para fomentar el incentivo a la diversificación, para que las producciones agrícolas sean más sostenibles», expresó Adriana Carvalho, abogada y coordinadora jurídica de ACT Promoción de la Salud, de San Pablo, Brasil. Su país es el segundo mayor productor y el mayor exportador de tabaco del mundo (el 88% se vende al exterior). Con la ratificación del tratado, nació allí un programa gubernamental para apoyar la diversificación del cultivo. No es compulsivo, solo promueve el apoyo a quienes quieren dejar de plantar tabaco y viene acumulando experiencias exitosas de pequeños y medianos productores rurales que gradualmente migraron sus cultivos y empezaron a plantar alimentos.