Despoblamiento rural y cierre de escuelas van de la mano
(Magdalena Odarda*).- Desde hace varios años las economías regionales atraviesan una crisis que no ha podido ser resuelta por los gobiernos provinciales y el nacional, y que en la simple observación permite un diagnostico poco actualizado y difícil de sondear, que se avizora aun más complicado si no se cambia el rumbo económico mirando hacia el interior de las provincias y sus economías rurales.
En este contexto general, las políticas adoptadas siguen favoreciendo primordialmente a sectores económicos concentrados con socios locales y extranjeros, y parecen menospreciar a las economías regionales ligada a la tierra y a la agricultura familiar.
La consecuencia de ello es que se acelere el proceso de despoblamiento rural y la concentración de la tierra productiva en pocas manos. Sumado a este proceso, la pérdida de derechos fundamentales como el de recibir educación pública y gratuita, comienza a naturalizarse.
En nuestra provincia hemos visto a lo largo de estos años el intento de cierre de escuelas rurales y escuelas hogar, incluso limitando y recortando servicios que se otorgaban. Debemos tener claro que estas decisiones vulneran los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y los preceptos constitucionales vigentes en la Constitución de la Provincia de Río Negro.
En 2011 se intentó el cierre de la Escuela Hogar de Colonia Josefa; recientemente se resolvió por resolución el cierre de la Escuela 331 de Rio Chico Abajo con la excusa que había una alumna y desconociendo que algunos adultos se educan allí; en igual situación se encuentra la escuela 301 de El Chihuil, escuela 332 de Lipetren Chico. En Mallín Ahogado (El Bolsón) se suprimió el cargo de maestro de Huerta y se recortó el trayecto del autobús que llevaba a los alumnos a las escuelas rurales de la región, reanudándose poco después ante el reclamo de los padres; la escuela Hogar 120 de Pilquiniyeu del Limay, escuela 197 de Anecon Grande y escuela Hogar 72 de Cañadón Chileno, todas con problemas de mantenimiento y falta de gas debieron suspender clases.
Estos y otros casos que se suman en los últimos años, demuestran la insensibilidad hacia la comunidad educativa, docentes, directivos, porteros que realizan una labor que a veces excede su rol, conteniendo situaciones difíciles que se dan en un entorno difícil. Niños y adultos con gran esfuerzo, en un medio y clima hostil, y a pesar de grandes distancias, concurren a las escuelas para aprender a leer y escribir. Después de años de trabajo de campo, la escolaridad de un adulto es un derecho que no se le puede negar.
El proceso de vaciamiento de las escuelas rurales y la desaparición sistemática de los pequeños productores van de la mano y se alimentan recíprocamente. Debemos poner fin a este complejo escenario, viendo la raíz del problema. El proceso de concentración de la tierra en pocas manos, la extranjerización del territorio sobre todo en zonas de frontera con una legislación débil, la falta de rentabilidad de los productores en las distintas geografías regionales.
La bandera que entregamos en Rio Chico fue un símbolo de esperanza, de ejercicio de soberanía y de reconocimiento para quienes hacen patria en los lugares más remotos de nuestra provincia.
El cierre de una escuela rural constituye a todas luces un símbolo de discriminación hacia quienes habitan en zonas rurales, desconociendo que de ese medio rural proviene fundamentalmente el alimento y el agua con el que se abastecen los centros urbanos.
Es necesario reafirmar en actos concretos que uno de los deberes del Estado es ejercer la soberanía a través de las escuelas en cada rincón de la provincia.
Senadora nacional-Frente Progresista CC ARI