¿La flagrancia alcanza sólo a los RAM?

(ADN).- Desde que se conoció la orden a las fuerzas de seguridad nacionales y policías provinciales para actuar «de oficio» cuando se produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia en toda la región patagónica, puso en alerta a varios sectores gremiales y políticos que comenzaron a movilizarse para pedir garantías constitucionales.

El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, ventiló en Radio Nacional Esquel que «no solamente por la situación de Joanes Huala, sino también por la situación del RAM. Básicamente, a raíz de todos lo hechos y todos los atentados públicos que ha habido en los últimos tiempos, como producto de la actividad del RAM hemos decidido armar un sistema de coordinacion entre todas las fuerzas federales y las fuerzas provinciales (tanto de Río Negro como de Chubut); con el fin de empezar a trabajar coordinadamente para empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia».

Las declaraciones del funcionarios fueron el 2 de agosto.

«Y ahora -agregó-, cada vez que se produzca algún daño (como se produjo el otro día en el Juzgado Federal), algún corte de ruta, etc. que sepan (la gente del RAM) que van a ser inmediatamente detenidos y judiacializados; que estos hechos no van a quedar impunes. Independientemente que vamos a coadyuvar en la investigacion de todos los hechos que ya ocurrieron como son la quema de ayer de la estación (de trenes), los cortes de los postes de luz, los incendios de los puesteros de los campos de Benetton, de Lewis y del que sea; porque esta gente se estan metiendo con el pueblo, se está metiendo con asuntos que perjudican (con las cosas que hacen) a la gente al común, al ciudadano común que quiere ir a trabajar».

Ahora, a 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado, es impensado que ese plan se sostenga en el tiempo. Pero puso en alerta a gremios y partidos políticos ya que, en ocasiones, utilizan el corte de ruta como medida de protesta.

«¿Nos alcanzará también la figura de flagrancia?», se preguntó un dirigente sindical en contacto con esta agencia. Por las dudas, ya están trabajando con los abogados del gremio. «Queremos garantías para poder llevar adelante nuestros reclamos sin que se judicialicen ni sean tomados como un delito», agregó.

El debate está abierto.