Apoyo a Marigo por propiciar el diálogo gobierno-mapuches
La Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina –Filial Bariloche- repudió la denuncia contra el Juez Rubén Marigo, por haber sido partícipe y gestor de la mesa de diálogo entre mapuches y autoridades de gobierno y pide al Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche, a no dar curso a la denuncia presentada contra el Dr. Marigo, «en honor a los valores de respeto a los derechos humanos que sostiene nuestro ordenamiento jurídico».
Marigo fue cuestionado por el abogado y funcionario del municipio barilochense, Diego Breide, quien presentó un escrito ante la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Bariloche denunciando la “conducta asumida” por el juez quien “públicamente expone posturas de clara militancia política partidaria”, en referencia al accionar del magistrado que propició junto al Obispo de Bariloche, la APDH y otras instituciones y fuerzas sociales, una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y la comunidad mapuche de Villa Mascardi, a fin de superar el conflicto que dejó como saldo la muerte de Rafael Nahuel, de 22 años,
La Asociación Gremial sostiene que «en primer lugar, es aberrante que un abogado del foro local, crea que defender los derechos humanos es defender “a una parte” y a partir de ahí derive la presunta parcialidad del Juez. Los derechos humanos son universales, nunca son un interés de parte, sino un interés comunitario protegido constitucionalmente en el art. 75 inciso 22».
Sostiene que «la intevención del Dr. Marigo se ajustó a la Constitución Nacional: buscar caminos de diálogo para que no muera más gente, le recordamos al abogado denunciante que la vida es el bien jurídico más preciado de todo el ordenamiento normativo de nuestro país» y destaca que «la condición de Juez y miembro de la APDH no es incompatible, puesto que la APDH no defiende intereses particulares sino generales y constitucionales».
«Lo que parece ocurrir, es que se desea volver hacia atrás, como lo viene marcando el Diario La Nación o la sentencia del “dos por uno” para los genocidas, es decir, se pretende desapegar a nuestra Constitución de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, volver a la formulación más liberal de la misma, y con ello, beneficiar a los poderosos, muy especialmente, a los poderosos intereses inmobiliarios que tienen puestos sus ojos en el Mascardi para hacer negocios millonarios, vulnerando el medio ambiente y los derechos del pueblo mapuche», señalan las abogadas y abogados.
Indican que «por último recordamos que el abogado denunciante, en 2010, encabezó una cruzada contra la autorización que en ese entonces dio el Juez Lozada para la realización de un aborto no punible; de manera que es fiel a una ideología, él es totalmente parcial, tiene derecho a serlo, pero no puede pretender que el Colegio de Abogados asuma como propia una ideología de derecha tan extrema que hasta contraría valores fundamentales».(Foto: credito web)