Denuncia contra el informe del Gobierno sobre la RAM
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre advirtió que el informe «R.A.M» presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, —junto a sus pares de Río Negro, Neuquén y Chubut en el lanzamiento de un «comando unificado» para «perseguir los movimientos de violencia extrema»— «alimenta la estigmatización en curso contra los pueblos originarios» y «amenaza con desatar una auténtica cacería de luchadores sociales de los pueblos mapuches y del conjunto del movimiento popular».
«En ciento ochenta páginas desgranan obviedades, falsedades absurdas y una interminable seguidilla de acusaciones sobre las que no aporta prueba alguna», denunció el organismo respecto del documento en el que Bullrich y sus pares provincial reunieron 96 causas judiciales abiertas en la justicia federal y provincial para intentar probar la acción del RAM. Entre las 96 causas, la represión al Pu Lof de Cushamen, que desencadenó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, no se menciona, pero sí una causa por «lesiones graves a personal de Gendarmería Nacional», mientras que el asesinato de Rafael Nahuel figura como «fallecido» dentro de una causa caratulada como como «enfrentamiento miembros del RAM con Prefectura Naval»
El informe lleva como subtítulo «antecedentes, hechos judicializados e implicancias para la seguridad en la República Argentina» y en él Bullrich —quien llegó a hablar del RAM como solo «un nombre genérico»— y sus pares insisten en la teoría de la «Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)» como «brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP)» y lo relaciona con la organización chilena Coordinadora Arauco Malleo (CAM), además de señalar a Facundo Jones Huala como «su líder».
En ese tono, sostienen que la RAM «promueve una lucha insurreccional contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio» y que sus acciones «reciben el apoyo de grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes ciudades».
«Pretenden dejar al descubierto una conspiración binacional, financiada por imperios extranjeros, con el objetivo de separar territorios patagónicos de la Republica Argentina», describe la Liga el tono del informe al que califica como «un nuevo montaje de los Servicios de Inteligencia» y desafía a «debatir públicamente a la Ministra o los gobernadores». «En ciento ochenta páginas desgranan obviedades, falsedades absurdas y una interminable seguidilla de acusaciones sobre las que no aporta prueba alguna de los ‘delitos’ denunciados», sostiene la denuncia de la Liga para señalar «el carácter falso y provocador del Informe Ram».
Para sostener la denuncia del «brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista» el informe muestra imágenes de «elementos» encontrados en distintos allanamientos a las comunidades mapuches. En muchos casos se reiteran fotos ya publicadas por medios nacionales en las que se ven machetes, martillos, serruchos, taladros y motosierras. Otras imágenes muestran pintadas en paredes y otras edificios y autos quemados, acciones que luego suman a las 96 causas judiciales adjudicadas a la RAM.
«Vienen a anunciar un supuesto complot subversivo de división del territorio nacional que no solo alimenta la estigmatización en curso contra los pueblos originarios sino que amenaza con desatar una auténtica cacería de luchadores sociales de los pueblos mapuches y del conjunto del movimiento popular», advierte la Liga en su respuesta pública en la que también convoca «al conjunto del movimiento de derechos humanos y popular de Argentina y Chile a unirnos en defensa de los pueblos originarios».
«Es de resaltar que de las dos muertes violentas que hubo en ese territorio: las de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel, una producida bajo el dominio territorial de Gendarmería en el contexto de un operativo represivo contra la comunidad Cushamen y el otro ejecutado por Prefectura Nacional con un disparo por la espalda contra un adolescente desarmado, ni una palabra», lamenta el organismo respecto a las dos causas en las que están implicadas las fuerzas dirigidas por Patricia Bullrich.
Aunque no aparecen las causas en las que se investiga la «desaparición forzada» de Maldonado durante el operativo represivo ilegal de la Gendarmería en Cushamen el 1 de agosto ni la que tiene bajo sospecha a ocho integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, sí figuran entre las 96 causas judiciales presentadas como la evidencia de «que estamos en presencia de una organización que tiene capacidad de accionar en diversas provincias y países» los legajos abiertos en el contexto en el que se dieron esas dos muertes.
«Lesiones graves a personal de Gendarmería Nacional», «Incendio Estación Bruno Thomae ‘La Trochita'», «Daño tendido eléctrico desde Cholirla a Ruta Nacional 40» son las tres causas que figuran en el informe con fecha 1 de agosto, día de la represión de la Gendarmería, sin orden judicial, al Pu Lof de Cushamen. Las fotos que acompañan esas denuncias son las del gendarme Emanuel Echazú, quien está sospechado de haber llegado en el operativo represivo hasta la orilla del río Chubut, donde murió Santiago Maldonado, y las herramientas secuestradas a la comunidad.
La «desaparición de Santiago Maldonado» aparece en el informe de la siguiente manera: «Incidentes en el marco de la marcha – 1 mes de la desaparición de Santiago Maldonado (participación de grupos anarquistas vinculados al RAM)». Como información, al igual que en el resto de los casos, el informe presentados por el Gobierno nacional y los tres gobiernos provinciales, no hace más que citar la carátula, agregar algunas aclaraciones, y acompañar con fotos y links a notas periodísticas. En este caso, el informe aclara la fecha de radicación de la denuncia, pero no la actualiza con el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que revocó todos los procesamientos por intimidación pública de los manifestantes y transeúntes detenidos por «déficit probatorio». Los procesamientos los había dictado el juez Marcelo Martínez de Giorgi a partir de la prueba presentada por la Policía de la Ciudad.
En tanto, Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado el 25 de noviembre, aparece como «fallecido» en una aclaración sobre la causa abierta como «Enfrentamiento miembros del RAM con Prefectura Naval». Con anterioridad, aparece la causa del desalojo que sufrió la Lof Lafken Winkul como «Grupo Radicalizado usurpa predio Mascardi de Parque Nacionales». Debajo de esa caratula se enumeran cinco detenciones y una aclaración que incluía a Nahuel: «en total hay nueve prófugos que son considerados oficialmente como ‘altamente peligrosos’ y que estarían armados».
«La secuencia en que se inscribe el llamado informe RAM es muy preocupante y peligrosa. En el propio informe se reconoce haber sometido a las comunidades mapuches a acciones de espionaje y operaciones represivas que han ido en incremento de violencia y despliegue de fuerzas estatales con armas de guerra», advierte la Liga en su lectura crítica del informe y recuerda que un día antes de la represión en Cushamen el jefe de Gabinete, Pablo Nocetti, «se reunía en Bariloche y anunciaba que reprimirían sin consideración cualquier manifestación de los mapuches».
En ese tono, la Liga sostiene que el «Informe RAM» es «el intento de legitimar esta nueva Conquista del Desierto» y con el que se pretende poner «nombre al ‘enemigo interno'». «Hasta llegan al absurdo de vincular la RAM con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que ha dejado de existir para transformarse en un partido político, con la constatación formal de las Naciones Unidas», resalta el organismo de derechos humanos para volver a denunciar «el nivel de falsedades que producen los servicios».
Tras la presentación del informe, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió el documento presentado por la ministra Bullrich y ratificó la supuesta amenaza terrorista de la RAM. En una entrevista con Tiempo Argentino, ante la consulta por las declaraciones del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, quien aseguró que el Gobierno estaba «creando un enemigo interno», y el anuncio del «comando unificado», Peña sostuvo: «Quizá el obispo u otros no tengan la información completa sobre las casi 90 causas de un grupo que, a nuestro entender, existe como una organización dedicada a ejercer violencia. El informe fundamenta con datos que no se trata de un fantasma o un mito urbano».