Revalorizar la defensa privada, el gran desafío del 2018

(Por Damián Torres*).- El año 2017 ha sido un año histórico para los operadores del sistema penal, por la entrada en vigencia de la ley 5020, es decir el nuevo código procesal penal de Rio Negro, de tinte acusatorio. El inicio de esta nueva etapa se ha desarrollado sin los traumas que sufrieron otras provincias de nuestro país, donde la puesta en marcha de este sistema procesal género grandes controversias hasta asentarse.

Quizás lo mas complejo para el ciudadano común ha sido entender las prisiones preventivas y sus alcances temporales, ya que ha sido difícil diferenciar la naturaleza de la misma y la aplicación de la pena al final del proceso ( en caso de corresponder)… La garantía de libertad y la excepcionalidad de la misma son temas que no se han podido bajar al llano para el entendimiento de la población en general.

Fuera de ello, en nuestra provincia no hubieron mayores conflictos para aquellos operadores que integran el poder judicial, mas allá que hay cuestiones para ajustar en el día a día tanto en el Ministerio Público, Oficina judicial, foro de Jueces y para la propia Policía.

La mayor conflictividad sin duda se han dado en los abogados privados, sobre todo en el rol de la defensa (aunque en algunos casos también en el rol como querellantes).

Se ha dado un fenómeno de exclusión sistemática, propendiendo justamente el sistema a la inclusión de fiscales y defensores oficiales y poca intervención de los abogados particulares en las nuevas causas. Esta situación se preveía por experiencias de otras provincias, pero no en la magnitud que en Río Negro se ha dado.

En la ciudad de Viedma, en el año 2017 de las causas que se iniciaron luego de la puesta en vigencia del código (es decir del mes de agosto), aproximadamente más del ochenta por ciento de las audiencias se dieron con intervención de la defensa pública, cifras que en enero de este año tienden a aumentarse, superando aun el noventa por ciento. El resto de la provincia no es ajena a esta problemática.

Este fenómeno puede tener varias explicaciones.

La velocidad de la intervención de la Fiscalía y el propio contacto con los defensores públicos por un lado; la designación de las oficinas oficiales de los mismos otra. La rápida resolución de conflictos, la intervención en comisaria de la defensa pública, el aumento de los costos de la defensa privada quien debe producir su propia prueba, entre otros factores han generado una competencia desigual y pueden dar algunas respuestas a esta situación.

Ahora bien… Esto es peligroso para todos. Tanto para la defensa oficial quien se ha visto recargado de trabajo. La defensa privada, puesto que ha provocado una merma laboral con lo que ello implica. Y para el propio justiciable quien ha perdido de esta manera la cercanía con la defensa que lógicamente tendría que tener con la defensa privada… No es un dato menor a analizar el aumento de juicios abreviados.

Sin dudad, el desafío de todos los operadores del sistema penal es lograr revitalizar el rol de los defensores privados en lo estructural, sin desmerecer el trabajo de los defensores oficiales quienes día a día se esfuerzan en su trabajo. De allí que se habla de un conflicto estructural no individual.

Tanto los colegios de abogados como las autoridades del poder Judicial tendrán que buscar estrategias para ello, para que el 2018 no profundice esta problemática.

*Abogado, Viedma Rio Negro.