Déficit de la balanza comercial y caída del consumo
La Asamblea de Medianos Empresarios (APYME), manifestó que según las cifras del INDEC que se dieron a conocer ayer, la balanza comercial alcanzó en 2017 un déficit de 8471 millones de dólares, 19 7 por ciento de aumento sobre 2016.
Destaca que estos datos ponen en evidencia las consecuencias negativas de una política de liberalización comercial que permite el ingreso irrestricto de bienes de consumo e insumos de producción local. Al mismo tiempo, los sectores primarios y de manufacturas agropecuarias, favorecidos por las políticas oficiales, son los mayores responsables de la caída exportadora, sobre todo por su actitud especulativa frente al mercado internacional y las fluctuaciones cambiarias.
APYMES señala que ante la falta de divisas y la fuga de capitales, fruto de la desregulación financiera y cambiaria, para que las cuentas “cierren” se perpetra un fabuloso endeudamiento externo. Es decir, estamos ante un horizonte de mayores ajustes, mayor desempleo y pérdida de poder adquisitivo de la población, con la consiguiente caída del consumo masivo.
Agrega que las Pymes industriales, de servicios, comerciales y de las economías regionales, que dependen del mercado interno, son las principales damnificadas en este proceso, junto con los trabajadores. Es un error que se pretenda realizar acuerdos “productivos” por sector con eje en la baja del costo salarial, cuando el verdadero problema para las Pymes es la caída del mercado interno y la desprotección de la industria local. A estos factores se suman la falta de financiamiento, el ahogo fiscal y el peso de los aumentos tarifarios y de insumos, lo que termina de poner al sector en una situación de emergencia que las autoridades nacionales no atienden.
Por último manifiesta que el destino del trabajo y el destino de las Pymes está indisolublemente ligado. Es preciso que el Gobierno escuche a todos los sectores afectados y revierta estas políticas. La situación va a empeorar si se avanza en acuerdos de libre comercio como el que se pretende firmar entre el Mercosur y la UE, que según un estudio reciente pone en riesgo 186.000 empleos industriales.