Denuncian destrucción de «Sitio de Memoria» en Palomar
El diputado nacional Horacio Pietragalla presentó en Comodoro Py una denuncia contra el Gobierno por la destrucción del Sitio de Memoria de la Base del Palomar, producto de las obras de remodelación que implican la instalación del “aeropuerto comercial del Palomar”.
De esta base aérea partieron vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar y por tal razón está protegida por la Ley de Memoria. La presentación judicial inculpa a funcionarios del Gobierno, entre ellos, al Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
El avance de las obras, nunca notificadas correspondientemente, fue constatado mediante una inspección ocular llevada adelante por la jueza Forns el 8 de enero. En la inspección se comprobó la ilegalidad de las obras que están siendo ejecutadas, como así también la inexistencia de un cartel de obra. Participaron, además de la jueza Forns, la titular de Madres de Plaza de Mayo (Linea Fundadora Nora Cortiñas, ); Iris Avellaneda, madre de Floreal Avellaneda, militante arrojado al mar por un vuelo de la muerte con origen en Palomar y Zoraida Martin, ex detenida, secuestrada y torturada en ese sitio.
Pese a que existe una cautelar dictada por la jueza federal Martina Forns, el Gobierno no ha detenido las obras de remodelación de la Base Aérea del Palomar, en lo que según la demanda constituye una violación de la ley 26.691, que protege todos los espacios donde se han cometido delitos de lesa humanidad. La norma, sancionada en 2011, impide que se altere la infraestructura de dichos sitios, dado que constituyen prueba judicial en causas aún en curso.
Pietragalla denuncia la «destrucción» de este sitio de memoria y señala la responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchevasky; del Director Nacional de Sitios de Memoria, Ariel Gomplewicz y del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a quienes acusa por «incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia judicial y abuso de autoridad».