Amplían amparo por el acuerdo del gobierno con el FMI

Los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade presentaron ayer una ampliación de su pedido de amparo con medida cautelar ante la Justicia en su reclamo de que el acuerdo que el Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deba ser aprobado por el Congreso Nacional.

El escrito presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal 7 va en el mismo sentido del proyecto de ley presentado por la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, para que se quite del Memorándum de Entendimiento con el FMI la palabra “incautación”, en referencia a la recuperación por parte del Estado nacional de la administración de los fondos del sistema provisional que hasta 2008 estaban en manos privadas de las AFJP. Un término que pondría en peligro todo el sistema previsional argentino ante las demandas internacionales de las aseguradoras, que se llevaron más de 12 mil millones de dólares por “administrar” los fondos de jubilaciones y pensiones.

Los diputados advierten allí las consecuencias de la utilización del término que “podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos ilegítimos” que ponen en peligro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS). Especialmente, después de la demanda contra la Argentina que presentó ante el Ciadi la empresa estadounidense MetLife, ex propietaria de una AFJP y cuyo ex CEO en el país, Juan Martín Monge, es el actual titular del FGS designado por el presidente Mauricio Macri. También insisten en el reclamo del amparo judicial para que el Memorándum con el FMI, que “desconoce” leyes del Congreso nacional, deba atravesar el acuerdo parlamentario sino se estaría otorgando al Presidente “la suma del poder público”.

La presentación original de Doñate y Tailhade –que recayó en el juzgado federal 7 a cargo del juez subrogante Pablo Gabriel Cayssials– reclamaba el amparo judicial y la medida cautelar de advertir al Ejecutivo y el propio FMI que el acuerdo carecería de validez si no es aprobado por el Congreso.

La solicitud reclamaba la declaración de “inconstitucionalidad” del último párrafo del artículo 60 de la ley de Administración Financiera, en la que se escuda el Gobierno para esquivar el Congreso. Los diputados sostienen que la ley sancionada en el ‘92 no puede ser superior a la reforma constitucional del ‘94, que estableció en artículo 75 de la Constitución que son “atribuciones del Congreso”, entre otras, “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación (Inciso 4) y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (Inciso 7).

En la ampliación de ayer, los diputados agregan (como lo plantea el proyecto de CFK con el respaldo de su bloque de senadores) que se “pone en evidencia el peligro que corre patrimonialmente el Estado Nacional ante la cláusula negociada entre el Poder Ejecutivo y el FMI en la cual se refiere “a unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen previsional público, denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado a través de la Ley 26.425 sancionada el 20 de noviembre de 2008”, como una incautación.

“Sostener ahora, que esa medida adoptada por este Honorable Congreso Nacional, pudo haber sido una ‘incautación’ de bienes propios de las AFJP decretada por el Estado Argentino, podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos ilegítimos”, insisten los diputados.

Al tiempo que advierten sobre la falsedad del térmico empleado en el Memorándum firmado por el Gobierno con el FMI: “la decisión de retornar al sistema anterior de reparto solidario y recuperar la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones que estaba en manos privadas y que, va de suyo, no eran propiedad de las empresas administradoras. Prueba de ello, lo constituyen los más de 12 mil millones de dólares que esas empresas cobraron en concepto de comisión durante sus catorce años de existencia”.

Los diputados le apuntaron a la “gravedad” que el FGS esté en manos de Monge, “CEO de la empresa demandante (MetLife) hasta diciembre de 2016, asumiendo su cargo público en enero de 2017”. “Sin perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran corresponder -continúa el escrito–, resulta indispensable la intervención del Poder Judicial para impedir que se concrete un acuerdo que se realiza de espaldas a la legalidad constitucional y, según parecen indicarlo los hechos, de espaldas también al pueblo argentino y en defensa de intereses privados con espacios de poder en el Ejecutivo”.

(Fuente: Página/12)