El caso Solano desnuda la complicidad policial y judicial
(ADN).- Está llegando a su fin el juicio oral y público por la desaparición y muerte del trabajador rural Daniel Solano, quien en la madrugada del 5 de noviembre del 2011 fue sacado por policías del local nocturno «Macuba» en Choele Choel y nunca más se supo de su existencia. Siete son los policías acusados de secuestrar, golpear y asesinar al joven salteño para quienes la querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua.
Esta muerte, como tantas otras, corta transversalmente a los poderes del Estado y afecta principalmente a las políticas de seguridad de la provincia y por ende a la Policía de Río Negro y a la Justicia. Los alegatos escuchados en este juicio constituyen un duro golpe para el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La exposición de la querella con Leandro Aparicio y fundamentalmente en la persona de Sergio Heredia, con siete años de bregar por el esclarecimiento de la muerte de Solano y las innumerables pruebas presentadas, al igual que la fiscal Teresa Giuffrida, convoca a reflexionar sobre el accionar policial y el desempeño de fiscales, jueces, jueces de paz en las investigaciones judiciales.
Nadie puede hacerse el distraído. Esta causa es emblemática y durante el debate oral y público se pudo conocer las ocultas vinculaciones de uniformados, de la Justicia en el Valle Medio, encubrimiento, tráfico de estupefaciente, trata de personas, explotación de jornaleros traídos del norte argentino y empresas frutícolas, sobre todo si se tiene en cuenta que Daniel Solano trabajaba en Agrocosecha, una firma tercerizada de Exprofrut y que al momento de su desaparición estaba liderando una protesta de trabajadores de la cosecha tanto por cuestiones salariales como por condiciones de vida en el campo.
Para la fiscal la acusación es por desaparición forzosa seguida de muerte, calificación que responsabiliza al Estado y por lo tanto obliga a las autoridades del gobierno, la policía y la Procuración a observar detenidamente todas las filmaciones de los debates de este juicio, principalmente los alegatos de la acusación que ayer terminaron con el público aplaudiendo de pie en la sala de audiencias de General Roca.
Lamentablemente cabe señalar que lo ventilado en el caso Solano, que desnuda el accionar policial y judicial, con entramados de complicidad, no es nuevo ni la primera vez que sucede en Río Negro. Hay una triste historial de uniformados vinculados a casos resonantes y pocos de ellos resueltos. Basta remontarse a Fredy Pazos en Viedma, el doble crimen de Río Colorado, el triple crimen de Cipolletti, Otoño Uriarte y Atahualpa Martínez, entre muchos de un listado que incluye la muerte del oficial de policía Lucas Muñoz. En todos estas investigaciones hay implicancia policial y deficiencia en el accionar judicial.
El gobierno se resiste a tratar la participación y el cncubrimiento policial en estos casos casos de resonancia pública, mientras que el Consejo de la Magistratura demora el análisis sobre las actuaciones de magistrados, fiscales y funcionarios. La Policía de Río Negro tiene personal de la fuerza acusados de femicidio, de robos, vinculaciones con piratas del asfalto, en casos de droga, abusos y otras causas. La política nunca tuvo respuestas.-
¿Podrá el caso Solano marcar un punto de inflexión? Hoy aún se espera terminar con la inspección del jagüel de Choele Choe,l donde se supone que está el cuerpo del trabajador salteño. Los trabajos para bajar al pozo se iniciaron el 25 de enero de este año y la revisación del lugar fue autorizada dos años y medio más tarde de solicitada. Faltan 10 metros para llega al fondo.