Amparo en Viedma por el aumento de la garrafa social

(ADN).- En la Justicia Federal de Viedma, presentaron ayer una acción de amparo contra la Secretaría de Energía de la Nación y el ENARGAS, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 15/2019, en que se aumenta un 37 % el precio de la garrafa social, por resultar la misma ilegitima y regresiva.

La presentación estuvo a cargo de la senadora Magdalena Odarda (RIO), junto a la referente del merendero “Copita de Leche” de Viedma e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Lorena Alan, y al concejal Facundo Montecino,

El amparo se orienta a favor de todos aquellos que, como el merendero “Copita de Leche”, integrante de la CTEP, no disponen aún de una conexión de red de gas, generándose de este modo graves perjuicios rayanos en la discriminación, dado que desde el mismo se brinda el servicio esencial de alimentación comunitaria para los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad, llevando con la inclusión del IVA la garrafa social de 10 kilos a $ 323,9 pesos, la de 12 kilos a 388,7 pesos y la de 15 kilos a $ 485,87, siendo aún mayor el costo en algunos de los barrios más alejados.

Por ello, se solicita de la Jueza Federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, dicte una medida cautelar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que garantice el acceso a la provisión de gas envasado en forma adecuada y accesible para todos los beneficiarios del sistema de tarifa social, generando los mecanismos económicos necesarios a tal fin, de manera tal de que el precio del servicio no resulte confiscatorio, abusivo, ni excesivo. Al mismo tiempo, se exige del Ente Regulador del Gas (ENARGAS) el cumplimiento de la realización de la audiencia pública prevista en la ley 24.076, habida cuenta que dicho recaudo no resultó cumplido regularmente, y tal medida resulta previa a cualquier incremento tarifario que se pretenda.

Corresponde también aclarar que, por el hecho de que el gobierno nacional sostiene irracionalmente congelados los valores del denominado “Plan Hogar” en la cifra de $ 152.-, el supuesto aumento  del 37% a la garrafa social no es tal, sino que en el caso de las garrafas de 10 kilos termina siendo superior al 120 % en ciudades como las rionegrinas, donde se requiere de, al menos, una garrafa semanal. De este modo, el Estado no se halla respetando los principios de derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la alimentación, a la salud y al acceso a los servicios públicos esenciales; los que se verán necesariamente afectados en caso de que se tornara inaccesible la garrafa social para los grupos a los que debiera encontrarse destinada.