Polémica y postergación en la designación de un juez para la ley de medios

Capital Federal.- La sesión del Consejo dela Magistratura en la que el kirchnerismo aspiraba a avanzar en la designación del juez que decidirá la aplicación del artículo más controvertido de la ley de medios (en la que es favorita la rionegrina Lorena Gagliardi), terminó ayer sin definiciones, en medio de un polémico cruce de acusaciones e impugnaciones. Se determinó un cuarto intermedio hasta el jueves.

 

El Gobierno, a través de los miembros kirchneristas del Consejo dela Magistratura, se esforzó por designar una terna completa de candidatos vinculados al oficialismo. Pero le falló el número necesario de votos y decidió continuar con la sesión el jueves próximo, consignó La Nación.

 

Para avanzar, el oficialismo se valió de una denuncia que presentó una de las candidatas, María Lorena Gagliardi, una directora del Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe), que depende del jefe de Gabinete, Abal Medina, y que está bajo sospecha por sus vínculos con el kirchnerismo.

 

Según una denuncia penal promovida ayer por varios diputados de la oposición, la propia Gagliardi debería ser investigada porque ella reveló ante dos testigos que sabe que va a ganar ese juzgado, lo que implicaría un conocimiento de antemano del resultado del proceso.

 

Además, según lo escribió el juez federal Daniel Rafecas en 2005 cuando dictó el procesamiento en la causa de las coimas en el Senado, uno de los senadores sospechados de cobrar sobornos, Remo Constanzo, llamó a Gagliardi la misma noche que cobró su parte del dinero: lo hizo desde la casa del senador Emilio Cantarero a las 22.56 y ella le respondió a las 22.58 al celular de Constanzo. Gagliardi reconoció ante el juez que habló con ellos para pedirle trabajo y Constanzo la hizo entrar enla Auditoría General.

 

 

Pero ayer no se trató nada de eso, El oficialismo, sobre la base de la presentación de Gagliardi, que se convirtió en acusadora, planteó un duro enfrentamiento.

 

La sesión, que había sido convocada para las 15, comenzó a las 17 y, durante tres horas, el kirchnerismo -representado por el referente del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales; el senador Marcelo Fuentes; los diputados Carlos «Cuto» Moreno y Estela Maris Córdoba y la senadora Ada Iturrioz de Capelini- desoyó todo argumento.

 

Durante toda la tarde, los consejeros oficialistas se empeñaron en dar curso a la acusación de Gagliardi contra el consejero y camarista Ricardo Recondo, pese a las serias objeciones que hicieron el diputado Oscar Aguad (UCR), el senador Mario Cimadevilla (UCR) y los abogados Alejandro Fargossi y Daniel Ostroposlky.

 

El reglamento dice que para aprobar una terna, los consejeros, reunidos en plenario, tienen que juntar los dos tercios de los votos. Pero como el kirchnerismo no llega a esa mayoría -que son nueve votos- recurrió a una maniobra que no tiene precedente: aceptar la presentación de una candidata para separar a Recondo, un consejero no kirchnerista, y, así, alterar la mayoría sobre la que se computan los dos tercios. Según Aguad, Cimadevilla, Fargossi y Ostroposlky, esa maniobra sólo apunta a disminuir la representación de la oposición: suprimiendo a Recondo del seno del Consejo, es más fácil para el oficialismo reunir los dos tercios.

 

El intento del Gobierno de imponer a Gagliardi, en realidad, es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo con un concurso que fue denunciado por una ONG antela Justiciade estar manipulado. Y donde el Consejo no sólo tiene a un candidato, sino que tiene otros cuatro en gatera, por si falla lo de Gagliardi.

 

Pero el esfuerzo d el Gobierno para embestir a partir de la denuncia de esa candidata demuestra el grado de interés que tiene por nombrar al juez que tendrá a su cargo la aplicación del artículo 161 de la ley de medios, denominado de desinversión, vital para saber que pasará con los medios del Grupo Clarín.

 

La denuncia contra Recondo, sin embargo, tiene graves fallas. Primera: Gagliardi le imputa haber nombrado al juez jubilado Raúl Tettamanti para ocupar el juzgado en forma interina, pero esa recomendación no la firmó Recondo, sino otros tres camaristas.

 

Segunda: Gagliardi, para encubrir ese detalle, omitió presentar la última hoja de la resolución -con las firmas- que le imputa a Recondo. Y tercero: a los dos consejeros jueces oficialistas, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes, no les gustaba la idea de avanzar contra Recondo.

 

FUENTE:La Nación