STJ: ARSA es responsable del vertido de líquidos en Roca
(ADN). – Un fallo del Superior Tribunal de Justicia confirmó la responsabilidad de la Provincia, ARSA y el DPA por los daños y perjuicios causado por el volcado de líquidos cloacales en un sector de la ciudad de General Roca, comprendido entre las calles Mendoza y Jujuy y desde la Ruta 22 hasta la calle Perú.
El tribunal ratificó la sentencia del Juzgado Civil N° 3 de aquella ciudad valletana , ante un amparo colectivo impulsado por la municipalidad roquense, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado rionegrino en representación de todos los organismos condenados.
La misma sentencia reafirma que los tres entes públicos (Provincia, ARSA y DPA) “por las vías que corresponda, ya sea por sí o por terceros, procedan a realizar las obras a los fines de dar una solución integral y definitiva para evitar el volcado de líquidos cloacales a cielo abierto, debiendo sanear las zonas afectadas y alteradas”, y a la vez ordena a ARSA “que garantice” el correcto funcionamiento del sistema “evitando nuevos desbordes”.
En la apelación la Provincia alegó que no se encuentra acreditado daño alguno y que “las obras definitivas correspondientes al sector de la calle Jujuy fueron realizadas casi en su totalidad”. También indicó que la obra del colector que corre paralelo a Ruta 22 (sector C2I) “se encuentra a la espera de financiamiento”.
La Fiscalía de Estado argumentó que los desbordes fueron provocados por un “caso fortuito o de fuerza mayor” a raíz de las caídas o desmoronamientos del colector que corre paralelo a la calle Jujuy, situación que, según la apelación, lo “exime de responsabilidad”.
También la defensa provincial cuestionó que el fallo fue “una intromisión del Poder Judicial en la órbita de competencia del Poder Ejecutivo” por haber condenado al Estado pese a que las obras “se encuentran en curso de ejecución o a la espera de financiamiento”.
Por su parte, el Procurador General Jorge Crespo dictaminó en la instancia de apelación y sugirió al STJ que confirme la sentencia de primera instancia y sostuvo que la jueza de Roca “evaluó con detenimiento la situación fáctica que viene desarrollándose desde 2015, sin contar a la fecha con una solución efectiva a la problemática denunciada”, por lo que carecen de asidero los argumentos de la provincia “en cuanto a su falta de responsabilidad”.