Piden investigar el vínculo entre Bariloche y OPS

(ADN).- La integrante del Tribunal Contralor de Bariloche, Julieta Wallace, pidió que el organismo inicie una investigación sobre el vínculo entre la gestión Gennuso y la empresa OPS. El órgano de control tiene los antecedentes desde marzo, pero nunca se abocó a la contratación directa con la firma en proceso quiebra que alquila maquinaria vial y vehículos a la Municipalidad. Un reclamo por más de 21 millones sin documentación respaldatoria que el intendente primero negó, pero que luego debió admitir públicamente.

La contratación directa de la empresa OPS S.A.C.I. -firma originalmente abocada al movimiento de suelos, vinculada a la industria petrolera y en quiebra desde diciembre pasado- no es la excepción sino parte de la regla en la administración Gennuso durante los últimos cuatro años. Un mecanismo reiterado y argumentado en “razones de necesidad y urgencia”; estado en el que parece vivir Bariloche, sin que quede del todo claro cuándo es que tales necesidades y urgencias aplican, a criterio del gobierno municipal.

El mecanismo más transparente de la administración pública es que se realicen licitaciones, pero en Bariloche suele no ocurrir de este modo.

En el caso OPS el contrato es varias veces millonario, pero además sus condiciones -maquinaria vial y vehículos utilitarios, entre otros elementos- fueron variando, en número de máquinas y costos de alquiler a través de sucesivas Resoluciones del Ejecutivo municipal que se corrigieron unas a otras desde los algo más de 3 millones de pesos iniciales hasta la deuda (calculada a julio) superior a los 21 millones de pesos por prestaciones de la empresa, finalmente admitida por Gustavo Gennuso días atrás.

Esa cifra emerge del informe elaborado por la Síndico Judicial de la quiebra que administra los bienes de OPS, Ana María Chiappari, quien detectó una flota de 19 vehículos prestando servicios para la Municipalidad de Bariloche, elaboró un informe y presentó una factura al Municipio por ese monto. Gennuso, que en un primer momento había afirmado que la cifra era “errónea”, terminó por admitir que era correcta durante una conferencia de prensa 8 meses más tarde. No obstante la factura en cuestión no aparece registrada en el sistema administrativo municipal como tampoco pagos comprometidos en referencia a ese monto.

En suma, se trata de una contratación millonaria no licitada a favor de una empresa en estado de quebranto. La existencia en Bariloche de maquinaria vial de OPS no declarada, sin autorización ni documentación alguna que la justifique. Un reclamo judicial por más de 21 millones de pesos, y un proceso administrativo que parece ir improvisándose sobre la marcha, más como una relatoría de lo ocurrido que como una decisión de Gobierno técnicamente consolidada e informada en tiempo y forma para su revisión y control.

“Es una historia de parches y más parches administrativos”, resumió Julieta Wallace única representante de la oposición dentro del Tribunal de Contralor municipal, y reclamó “un análisis urgente” sobre la legalidad del vínculo entre la prestataria OPS y el Ejecutivo municipal.

En diálogo con el portal En Estos Días, Wallace confirmó que a la firma de la Resolución Nº 582-I-2019 autorizando el pago de 3.121.800 pesos a OPS S.A.C.I., en febrero pasado, el Ejecutivo remitió los antecedentes para justificar la operación, sin licitación, por razones de “necesidad y urgencia”. No obstante, hasta hoy, la mayoría oficialista del Tribunal “nunca incluyó en el Orden del Día del organismo esa contratación directa para ser contrastada conforme a normativa”.

Ni siquiera la llamativa Resolución retroactiva firmada por Gennuso con el propósito de blanquear la presencia inicialmente no declarada de la flota vial, en la que además asegura que 5 de esos vehículos más una torre de iluminación llegaron “sin cargo”, (debieron pasar a consideración del Concejo) provocó la intervención del Tribunal de Contralor, en el cual el jefe comunal cuenta con una mayoría partidaria fiel.

“No queda claro cómo una locación puede ser libre de gastos, analizó Wallace, “hay que evaluar la legalidad de la Resolución que incluye esos términos”, advirtió, observando que tampoco esta describe con claridad el motivo de la contratación. Señaló, consecuentemente, que el Tribunal debe brindar certeza a la relación del Municipio con la empresa, “teniendo en cuenta que para disponer libremente de sus bienes (darlos en alquiler en este caso) debió contar necesariamente con la autorización de la Síndico que administra la quiebra de OPS”.

Días atrás trascendió que además de Bariloche OPS cerró una operatoria de alquiler también con la Municipalidad de Cinco Saltos.

Consultada, aseguró Wallace que hasta el momento sólo consta en el sistema administrativo municipal (PGM) el pago de 3,1 millones de pesos autorizado en la primera Resolución, pero no aparece comprometido ningún pago de deuda en relación a la factura presentada por la Síndico Chiappari por 21 millones de pesos, admitida públicamente por Gennuso: “Sobre esa documentación solo tomamos conocimiento por los medios de comunicación”, confirmó la integrante del Contralor.

Wallace entendió que el proceso está plagado de incongruencias que hacen a la contratación directa del millonario alquiler: “una historia de parches sobre parches en el intento de salvar una serie de errores”, e instó a “que el Tribunal de Contralor convoque a una reunión de manera urgente para tratar este tema; como corresponde, porque es la naturaleza del Tribunal velar por el buen uso de los fondos públicos y la legalidad de los procedimientos administrativos”.

Finalmente, la funcionaria cuestionó que las contrataciones directas, modalidad que saltea los procedimientos establecidos por la normativa para garantizar la trasparencia en el manejo de los fondos públicos, “sea el modus operandi que marca toda la gestión del Intendente”. Y en ese sentido, recordó que Gennuso “utilizó esta herramienta como regla y no como excepción, eligiendo discrecionalmente los proveedores en las contrataciones de obras y servicios”.