El protocolo ILE «subsanaba desigualdades»

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo Socorristas en Red y profesionales médicos repudiaron la derogación de la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras considerar que dicha resolución «era un paso adelante para subsanar desigualdades en las provincias», además de «actualizar normativas nacionales e internacionales».

La derogación que realizó del Gobierno nacional se llevó puesto al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. El ahora ex titual de Salud renunció a su cargo tras recibir fuertes críticas a la interna del Ejectuvo por la publicación de una resolución que actualizaba el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Si bien el presidente Mauricio Macri había descartado pedirle la renuncia, este mediodía el funcionario dejará su carta en el escritorio, cerrando así el último escándalo de la gestión Cambiemos a tan pocos días de dejar la gestión.

Tanto Macri como la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se ampararon en que fue «una decisión inconsulta». Sin embargo, Rubinstein afirmó que había acordado con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, avanzar con el tema después de las elecciones generales

«La resolución 3158/2019 implicaba un paso adelante porque si bien no creaba una nueva práctica, formulaba seguridad jurídica y se ponía al día con normas nacionales e internacionales», señaló a Télam Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto en referencia al decreto 785/2019 publicado ayer por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial, que anula la actualización del protocolo del miércoles.

Bustamante refirió que la resolución «obligaba a todas las provincias a cumplir con la interpretación del nuevo Código Civil y Comercial (2015), el cual prohíbe la sustitución del consentimiento y plantea el principio de autonomía en personas con discapacidad, niñas y adolescentes de 13 a 16 años, ante una posible ILE en las primeras semanas, visto como procedimiento médico no invasivo».

Solo 11 provincias de las 24 adhieren al protocolo ILE (Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y San Luis), 6 tienen uno pero restrictivo (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Neuquén y Río Negro) y 7 no poseen (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán), según publicó Economía Femini(s)ta.

Ademas, la integrante de la Campaña dijo que la normativa era positiva porque «se habla de la salud integral, no sólo la física, sino del completo estado de bienestar».

Otra cosa que resaltó como fundamental fue que una vez solicitada la ILE, «los profesionales de la salud estaban obligados a garantizarla hasta 10 días después y de manifestar objeción de conciencia debía hacerse de inmediato y de forma individual, además de permitir que otro médico lleve a cabo la práctica».

El médico generalista, Emanuel Castellani, quien es jefe del centro de salud Cordones del Chapelco de la provincia de Neuquén, se sumó al repudio por la derogación de la 3158. «Es muy mal recibida la decisión oficial porque regirnos con el protocolo del 2015 puede llegar a retrasar o desalentar a equipos médicos que vienen realizando la práctica y pueden entrar en un terreno de incertidumbre», señaló Castellani a Télam.

La médica cordobesa Nadya Scherbovsky, de la fundación ECO y la cooperativa de salud Consultorio de Salud Integral indicó que la derogación del protocolo «fue una maniobra política» y reafirmó su importancia para ordenar la práctica médica.

«Es una vergüenza lo que sucedió, y creo que se trata de una maniobra política. Pero el protocolo anterior sigue vigente, ordena la práctica y es muy completo, además de que no nos modifica la práctica», señaló hoy a Télam.

En referencia a la actualización del protocolo derogado, dijo que «le daba legitimidad a la práctica y era más claro que el del 2015, pero ya existen leyes que establecen que la ILE sigue siendo un derecho, legal para algunos casos y es una práctica que debe garantizarse en hospitales públicos».

Por su parte, el colectivo de Socorristas en Red, emitió hoy un comunicado manifestando también su repudio frente a la decisión oficial. «La derogación del protocolo es un abandono para quienes abortan, porque el tener rango ministerial subsanaba desigualdades existentes en las provincias e iba a dar otras posibilidades para exigir derechos reconocidos», remarcó el documento.

Y, por último, agregó que «generaría mejores condiciones de atención para niñas y adolescentes, considerando la última reforma del Código Civil».