Un decreto extiende los cargos jerárquicos en el Estado

El presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.

Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.

El decreto 788/19 , firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, hace una reconversión tardía sobre la línea que venía sosteniendo el actual gobierno. Tardíamente, ahora llama a defender los derechos de los trabajadores estatales. Aunque en este caso se preocupa por el escalafón de gerencias. De promover los despidos masivos al comienzo de su Gobierno y cuestionar a quienes se resistían a quedar sin trabajo como «ñoquis» o «grasa militante», Macri pasa al final de su mandato a crear un sistema para que los cargos jerárquicos del Estado tengan estabilidad.

Concretamente, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años. Exactamente lo opuesto a lo que exigía el macrismo al llegar al gobierno, cuando funcionarios como Hernán Lombardi reclamaban que nadie pidiera una indemnización y amenazaba con escraches públicos a los que lo hacían.

Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que «promueve un sistema de concursos más transparente». Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas.

La iniciativa fue cuestionada desde ATE que, en todas las instancias de negociación colectiva, se opuso a la creación de este régimen de cargos jerárquicos. El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió que «a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández».

«Desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente», indica también, sobre un cambio en los escalafones. Según cálculos de ATE, esta modificación podría implicar aumentos de entre 80 y 100 mil pesos a partir de enero del año próximo. Es decir, los incrementos serán enteramente pagados por el próximo gobierno.

«Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando», cuestionó Fernández. El dirigente sindical advirtió que el decreto 788 «establece una prioridad que no es la nuestra: planteamos que hay un problemas con los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años».

«Lo que venimos planteando es que el salario, depredado por las políticas de Macri, tiene que ser recompuesto, pero comenzando por los estratos más bajos», advirtió. El dirigente seguró que, apenas asuma Fernández, desde ATE van a ofrecer que se postergue la entrada en vigencia del decreto 788.

Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene «exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.

l secretario general de AGAE, Rubén Ramos, afirmó que el decreto 788 “es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza». «Para entender mejor de qué se trata, resulta útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno”, remarcó Ramos.

El gobierno de Macri ya había abierto una polémica por lanzar en los últimos meses un llamado a pases a planta de 2352 cargos, de los cuales unos pocos eran jerárquicos. En aquel momento, ATE Capital presentó un informe en el que advirtió que el macrismo dio de baja más concursos de los que lanzó en sus cuatro años de Gobierno.

El trabajo indica que, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo, la gestión PRO dejó sin efecto 1910 concursos y cajoneó otros 3964 para los que no pudo encontrar defectos formales. En lo que va de su gestión, según el informe, el actual gobierno sólo designó 1519 cargos por concursos internos, de los que solo un porcentaje ínfimo fue cubierto por profesionales.

En la misma línea, Macri, que comenzó con miles de despidos, termina intentando asegurar que los cargos jerárquicos no puedan ser tocados por el próximo gobierno. O que cobren millones del Estado para irse.