Productores podrían ser dueños de tierras estatales

En la Casa Rosada trabajan en los detalles del plan “60 medidas” que Alberto Fernández presentará en las próximas semanas. Mientras tanto, ya se puso en marcha el Gabinete de Tierras con el objetivo es darle un nuevo impulso a la construcción de viviendas dentro del Plan Procrear y fomentar el desarrollo agropecuario, dos medidas que entienden en el Gobierno, deberían contribuir a la reactivación en la pospandemia.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, es uno de los integrantes de ese Gabinete de Tierras que deberá trabajar para que parte de los bienes que se encuentran actualmente en la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sean destinados al desarrollo agropecuario.

En diálogo con Infobae, el ministro habló sobre la iniciativa que todavía parece lejos de tomar forma. Y afirmó: “Estamos analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras que hoy son del Estado, no hablamos de expropiaciones”

-¿Cuál es el objetivo del Gabinete de Tierras que se puso en marcha esta semana?

El objetivo es trabajar sobre el concepto de ordenamiento territorial y lo que significa el uso de los bienes del Estado. Hay locaciones de los ferrocarriles, las Fuerzas Armadas y los Parques Nacionales que quedaron bajo la órbita del Estado nacional. La tierra es un bien escaso que es demandada por otros actores, tanto públicos como particulares. A lo largo del tiempo, se va haciendo una transferencia de estos bienes hacia distintos sectores, dependiendo de la demanda. El Presidente entiende que esta transferencia no puede ser de manera desordenada. Por eso, convocó a todas las áreas que puedan estar vinculadas a la forma en que se puedan reasignar las tierras que le pertenecen al Estado nacional. En el caso de nuestro ministerio, hay determinadas locaciones en las que se identifica la capacidad productiva de determinados suelos y se verifica si existe una demanda concreta para promover el desarrollo de la producción. A nosotros ya nos ha tocado debatir proyectos de ley relacionados a la asignación de tierras para productores que hoy necesitan o bien expandir su producción o salir de un modelo de trabajo de la tierra que alquilan. Eso impacta muchísimo sobre la economía de ese tipo de unidades productivas. En ese caso tenemos un plan para la reasignación de esas tierras para fines productivos.

-Hay quienes lo describen como una suerte de reforma agraria light.

Hay que salir de los clichés. Muchas veces hay intencionalidad de generar un debate ideológico que no corresponde en este caso. Nosotros hemos recorrido las producciones de hortalizas del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata, y las principales demandas de las familias productoras consisten en alcanzar la tierra propia porque los alquileres son muy altos. Una hectárea en una zona peri urbana hoy tiene una demanda inmobiliaria para un objetivo de vivienda y el dueño de esa tierra va a pedir un alquiler en términos de costo alternativo a un productor agrícola, como si fuera casi un emprendimiento urbano. Y a esa gente, la verdad, que le impacta mucho la imposibilidad de radicarse en ese suelo. Donde exista la posibilidad de, ordenadamente, generar estos mecanismos que permitan que ese productor pueda acceder a su propia tierra, vamos a trabajar en esa línea. La idea no es descuartizar grandes tierras sino que sean estrategias de desarrollo que tienen productores o hijos de productores que requieren superficies para continuar con la actividad que han tenido sus padres. Es importante hacerlo de manera ordenada. La AABE está trabajando para ver cuáles son esas oportunidades. Estamos analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras que hoy son del Estado. No estamos hablando de expropiaciones ni de quitarles la tierra a los grandes productores. Es importante aclararlo porque si se tergiversa el concepto de la decisión política se entra en un debate que no es el que habilita esta medida.

-¿Por eso prefiere no hablar de reforma agraria?, ¿para evitar una figura que generaría polémica?

Estoy seguro de que va a ser utilizado como han sido utilizadas últimamente varias situaciones complejas en el ámbito rural para generar una tensión entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. Esto en absoluto es la intención del Gobierno, por el contrario. Estamos permanentemente en contacto con los representantes de las entidades y nuestro objetivo es incrementar la producción. Es bueno que el productor tenga una expectativa de progreso en el futuro. Es bueno para el país que se incremente la producción porque asegura el aprovisionamiento interno pero también genera los recursos que necesitamos en un país sumamente endeudado. Nosotros intentamos no debatir sobre temas abstractos que no son objeto de debate porque no es lo que proponemos ni es lo que pensamos.

-La cesión de tierras del Estado es uno de los puntos de la propuesta que le presentaron al Presidente las organizaciones sociales. ¿Se tuvo en cuenta ese pedido?

Sí, claro. Pero en mi tarea como legislador ya había analizado proyectos en los cuales se planteaba una suerte de Procrear rural y nos parecía una muy buena aproximación. Hay que tener criterios -para poder hacer esta asignación- que compatibilicen no solo el interés sobre la renta que genera un predio sino también cómo se satisfacen otros factores: de qué manera se lleva adelante la producción, cómo se mejora la calidad de vida de los habitantes y se generan recursos para la economía nacional. Las organizaciones sociales, con mucho criterio, plantean un modelo de producción que involucra a la familia rural. Y para la familia rural uno de los factores que puede ser limitante es la tierra. Otro es, por ejemplo, la tecnología. No hay tecnología disponible para pequeños productores. De fabricar tractores se encargan las grandes empresas, pero a fabricar una pulverizadora manual con estándares de seguridad se dedica el INTA. Cuando el mercado no es atractivo para las grandes corporaciones, ahí está el Estado. En otros casos, hay que pensar al sujeto social familia agraria que no trabaja por la renta sino por la calidad de vida y por el progreso de su familia. Entonces hay que pensar en conectividad, en comunicaciones, en energía eléctrica, en educación… El reclamo de las organizaciones sociales no es por alcanzar la tierra solamente sino por un abordaje integral que requiere una acción específica del Estado para que pueda ser sostenible en el tiempo y tener expectativas de progreso. La economía familiar requiere ser considerada con las especificidades que tiene por su gran capacidad de aporte al sistema económico nacional. De hecho, la mayor parte de las hortalizas que se consumen en el AMBA, en el Gran La Plata y en el Gran Rosario vienen de empresas familiares.

¿Sería ratificar la idea de que la tierra es de quien la trabaja?

Como expresión filosófica es correcta. En el sentido de que es un objetivo deseable. Uno tiene que propender a que en la agricultura familiar este sea el caso. En otro modelo de organización empresarial no es necesario. Hay medianos productores que tienen su propia tierra, por caso 200 hectáreas, pero el modelo productivo y tecnológico que utilizan requiere un paquete de por lo menos 1.000. Entonces ellos alquilan 800 hectáreas, y es raro que ese productor quiera ser dueño de las 1.000. Por eso hay una suerte de articulación entre los dueños de esas tierras que, a cambio de una renta, participan de la actividad agropecuaria. Esto tiene una dinámica que hoy no está en discusión. El caso de la agricultura familiar es distinto: para el productor la tierra también es su hábitat y es lícito que aspire a tener su tierra. Lo importante es no considerar al sistema agropecuario como único y excluyente. El sistema agropecuario tiene una complejidad y está relacionada con la región en que se lleva adelante y con quiénes son los actores que intervienen en cada una de las actividades. No es lo mismo producir ovejas en Santa Cruz que en Corrientes. La lana termina finalmente en el mismo pullover pero los sistemas son distintos. En Córdoba no es lo mismo un productor de maní, un tambo o un productor de cereales.

-Así como el inquilino aspira a ser propietario del departamento que alquila, el productor pretende ser dueño del campo.

Es una buena analogía. La familia aspira a ser propietaria… Quizás un comercio prefiere no invertir tanto en un bien raíz y elige alquilar. En el modelo de producción relacionado a la familia es aspiracional ser propietarios de la tierra. En el caso de empresas agropecuarias cuyo factor principal no es la estructura familiar muchas veces no lo es. La adquisición de la tierra significa inmovilizar un volumen de capital importantísimo. En la pampa húmeda, una hectárea puede llegar a valer 15 mil dólares, 17 mil. Inmovilizar la plata en eso puede significar no tener la última generación de tractores o de sembradores, y prefiere invertir en fierros en lugar de la tierra. Y obviamente al dueño de la tierra le dará la parte que le corresponde. A veces esa tensión es demasiado alta. Eso amerita otro debate que es el que propone la Federación Agraria, y es cómo se analiza una nueva ley de arrendamiento para que exista una justa relación entre los dueños de esas tierras y el modelo del productor que no es el de la agricultura familiar.

-¿Cómo sería esa cesión de tierras del Estado?

Estamos analizando alternativas. La aspiración es que sean propietarios. El tema es cómo se hace para que puedan ser propietarios con un horizonte de sustentabilidad económica. Esto no es un loteo para ver si tu casa va a tener 10 por 20 sino que la asignación de esa tierra constituye una unidad económica.

-¿Pero habría un plan de pagos? ¿Cómo se instrumentaría?

Lo estamos analizando. Porque en cada caso lo vamos a tener que discutir con las autoridades del territorio. Nosotros podemos interactuar con los productores pero falta una pata sino interactuamos con los gobiernos provinciales o los municipios. El Estado nacional no puede entrar a un territorio de manera desconectada de quienes ejercen la responsabilidad de conducir los destinos de esos territorios. Muchas veces, desde la visión centralista, se cree que uno va a poder entrar a cualquier provincia y decidir qué política se sigue. En un país federal lo que uno tiene que hacer es proponer instrumentos para articular con cada provincia.

-Juan Grabois reclamó hace tiempo una reforma agraria por la que nadie pueda tener más de 5.000 hectáreas, ¿cuál es su posición sobre ese tema?

Estamos en el libre ejercicio de la expresión de las ideas. Nosotros no coincidimos con ese pensamiento. Poner un límite de esa naturaleza a la propiedad nos parece que no se ajusta al escenario en el que se desarrolla la actividad agropecuaria. Lo que sí es deseable es que los pequeños y medianos productores tengan la posibilidad de acceso a la tierra.

-Usted hizo hincapié en que no se está pensando en expropiaciones. ¿Esta aclaración es necesaria a partir de la polémica que se generó con Vicentin?

Es que nos han puesto en ese debate en el que se discutió el instrumento pero no el sentido de la decisión. Hoy están pidiendo todos por favor que intervenga el Estado. Se llevó a un debate expropiación sí o expropiación no, comunismo sí o comunismo no… Un debate por lo menos abstracto, pero con un sesgo de profundizar la grieta. Detrás de ese debate hay una intencionalidad política que nada tiene que ver con Vicentin. Resulta ser que se debatió sobre el instrumento y no sobre la necesidad de que el Estado salve a la empresa. Hoy se ve la importancia del Estado interviniendo en el rescate de Vicentin y de los acreedores, y se está llevando el debate hacia donde tiene que darse, que es la recuperación de la empresa. Se instaló un debate como que íbamos a ir a expropiar las macetas de un vecino de un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la expropiación, que es un instrumento previsto en la Constitución, se ha utilizado para un rescate de un determinado bien o servicio.

-¿Pero no se podría aplicar al caso de un campo que tiene deudas?

El único gobierno que ha impedido los remates de los productores ha sido el nuestro. El gobierno de la Alianza mandaba a los remates. El gobierno de Macri no frenó un solo remate. Y nadie protestaba. Nosotros hemos salido al rescate de todas las deudas que han tenido los productores con el Banco Nación, y si hubiéramos seguido la tendencia anterior hubieran sido rematados. El peronismo plantea la coexistencia del capital con el trabajo. Imaginarse que va a haber una expropiación de un campo para dividirlo no está para nada en nuestra concepción.

-En el documento de los movimientos sociales también se reclama la estatizacion de empresas. En este momento, por ejemplo, está surgiendo el debate en torno a Edesur. No parece un tema abstracto.

Sería quitar la concesión, no estatizar. Sería interrumpir la concesión eventualmente. Si no está funcionando de una forma hay que probar de otra.

-¿Pero usted está de acuerdo?

No, no, ese no es mi tema.

-Está bien, pero el tema de las posibles estatizaciones parece estar cada vez más presente.

En Alemania, sí. En Italia, también… En la pandemia se está discutiendo el rol del Estado.

-¿Y usted está de acuerdo en que hay que discutirlo?

Lógico. Quien no está dispuesto a discutir se cierra de manera dogmática sobre su concepción. Los movimientos sociales tienen un rol muy importante en una sociedad. Y es tan importante el documento de las organizaciones sociales como la opinión de la Federación Agraria, de CRA o del Consejo Agroindustrial Argentino, que ahora ha acercado una serie de propuestas. El gran mérito que tiene el peronismo es la articulación de intereses diversos de manera equilibrada.

-En ese mismo documento los movimientos sociales hablan de la necesidad de avanzar hacia la soberanía productiva y plantean una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones para que sólo se compren en el exterior insumos insustituibles, ¿qué opina?

Seguramente el área de Economía lo habrá analizado, pero no forma parte de nuestra plataforma.