Sube la tensión. ADN
Arabela Carreras cerró en Bariloche una semana de alto voltaje que inició tensa por la definición de volver a fase 1 al Departamento de General Roca.
La Gobernadora intervino para evitar un conflicto que se promocionó durante días en las redes sociales, cuando un grupo de vecinos convocó a marchar a Villa Mascardi para protestar contra la toma de tierras y los actos de violencia contra quienes habitan en el Parque Nacional. La acción fue tan promocionada que había un plan de «bienvenida». Para evitar que la tensión escalara, el Gobierno ordenó a la Policía cortar la ruta y frenar la manifestación.
Carreras llegó, junto al Ministro Buteler, a la ruta. Y explicó por qué decidió impedir el paso. El diálogo fue intenso pero tranquilizó: «no estamos del lado de los encapuchados». La Mandataria prefiere no incluir a las quienes mantienen la toma como parte de las comunidades mapuches. Asegura que casi la totalidad de los pueblos originarios vive de forma pacífica en Río Negro y los reclamos se canalizan por la vía institucional.
Para el Gobierno el conflicto de Mascardi es complejo, porque la resolución corresponde a Nación. Y espera que la mesa de diálogo muestre avances, que hasta ahora no arrojó.
La semana había comenzado con otra desavenencia: la resolución del Ministerio de Salud de volver a fase 1 al Alto Valle, medida acordada con los 14 intendentes a quien impactaba la medida. ¿El objetivo? aplanar la curva de contagios de coronavirus en la región porque el aumento provocó que el sistema de salud quedar al borde del colapso. Ni bien se conoció la novedad, en diferentes ciudades se formaron caravanas de automóviles que confluyeron en la casa de los intendentes para repudiar la decisión provincial, lo que produjo que los jefes comunales llamen a Viedma para que se retroceda con la medida.
Hubo casos paradigmáticos. Uno el de María Emilia Soria (Roca-FdT) quien ni bien salió el comunicado oficial de la Casa de Gobierno se expresó a favor en sus redes sociales y, después de las manifestaciones, emitió un comunicado en contrario. Otro fue el de Liliana Martín (Allen-JSRN) quien, ante la protesta de sus vecinos, les gritó: «vayan a quejarse a Viedma con la gobernadora». Pero quizás, el más paradigmático fue el caso de Mariano Lavin (Fernández Oro-UCR) quien hacía horas había tenido en su pueblo un contagio de Covid masivo en un geriátrico. Cuando el gobierno lo consultó, rogó por volver al confinamiento, pero sufrió el reto de la conducción macrista y se desdijo.
«Algunos políticos se dejan correr a bocinazos» se quejó el mandamás de ATE, Rodolfo Aguiar, y advirtió que si no hay medidas urgentes «vamos a terminar apilando muertos en las plazas». La referencia es al infierno tan temido, eso que reflejaban las noticias que llegaban de España o Italia a principios de año. El sistema de salud en el Alto Valle está al límite y la suma de todos los miedos está a la vuelta de la esquina: determinar quién vive y quien muere. Para colmo, el personal de salud está agotado y comienzan a requerir reemplazos.
Pero a los comerciantes eso parece pasarles de costado. Armaron sus protestas (con respaldo político como ocurrió en otros sitios del país) y presionaron para no volver a fase 1. Lo curioso es que eso generó una alianza inesperada en Roca entre el sorismo, el macrismo y la Cámara de Comercio. Los intendentes no soportaron la presión y empujaron al Gobierno provincial a tomar un camino intermedio. Con criterio, la Gobernadora priorizó la paz social.
El problema es el deterioro en la autoridad de los intendentes. Para salvar a uno propio, el Gobierno tomó una sugerencia del cipoleño Claudio Di Tella para que el comercio no esencial siga trabajando con horarios reducidos. Sin embargo, ningún jefe comunal explicó cómo va a desalentar o multar a los vecinos que sigan generando reuniones sociales o familiares, que son las causas principales de los contagios, ni si profundizarán la mirada para que se cumplan los protocolos de las actividades que -pidieron- sigan vigentes.