Sobresueldos: denuncian a la jueza Custet en la Magistratura

(ADN). – La jueza María Rita Custet Llambi, quien integra actualmente el Tribunal de Impugnación, fue denunciada penalmente ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones, a la vez que se pide la sustanciación de las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados; que se proceda a suspender preventivamente a la acusada e instruir el sumario correspondiente por la causal de mal desempeño de funciones.

Se acusa a la magistrada de haber actuado –como subrogante en el Superior Tribunal de Justicia- en la condena a ex ministros y funcionarios del gobierno de Saiz, en la causa de sobresueldos, haciendo caso omiso a su actuación en la misma administración radical como Directora de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, en donde se pagó este adicional a funcionarios. Se la acusa de no haberse excusado de participar en el juicio de ratificación condenatoria, a pesar de tener conocimiento de los pagos en el ministerio, que no denunció oportunamente, y se solicita al Consejo de la Magistratura investigar si efectivamente María Rita Coustet Llambí, cobró los adicionales.

La denuncia fue presentada por Juan Manuel Acatino, Francisco Javier González, José Eugenio Ongaro, Diego Rodolfo Larreguy, César Alberto Barbeito y Alfreda Pega, todos ministros y funcionarios del último gobierno radical de Miguel Saiz y condenados por el manejo de fondos públicos para el pago de sobresueldos entre 2004 y 2010.

En la primera semana del mes pasado el Superior Tribunal de Justicia ratificó las condenas y en esa oportunidad el voto condenatorio correspondió a los jueces jueces Ricardo Apcarian, Adrián Zimmermman y Rita Custet Llambi (estos dos últimos subrogando a Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui)  y condenaron de tres años y medio a César Barbeito y Francisco González, que cumplieron funciones de Secretario General Dos años y medio para cinco exministros: Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy. Con igual pena responsabilizaron al extesorero, José Ongaro.

Cabe señalar que Sergio Barotto y Enrique Mansilla votaron por aceptar los recursos de las defensas y anular el fallo del Tribunal de Juicio.

La denuncia

La denuncia contra Custet se funda en que la magistrada -que actuó como subrogante en la ratificación de las condenas- se desempeñó como Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno de Río Negro, en el periodo comprendido entre diciembre del 2007 a septiembre del 2009 y fue parte del gobierno radical, designada por decreto provincial 420/07, firmado por el Gobernador Miguel Saiz y refrendado por el José Luis Rodríguez.

Por este motivo los denunciantes desestiman la actuación de la jueza Custet en el fallo condenatorio, en tanto que en el Ministerio donde se desempañaba se recibía mensualmente el dinero para la distribución del adicional, y “es conocido que los mismos se distribuían entre los funcionarios jerárquicos, entre los que se encontraban los Directores Generales. Dicha distribución, si bien era resorte de cada ministerio, se otorgaba y se distribuía por resolución”.

“Obviamente la susodicha letrada tuvo conocimiento de la existencia de dicho adicional como también puede haberlo percibido, cuestión que no tenemos documentada. Tampoco obra en ningún expediente renuncia alguna a su percepción. También es sabido que, al momento de entregar la cartera de Asuntos Legales a su sucesor, ella misma puso al tanto de la totalidad de las situaciones legales del Ministerio”, sostienen la denuncia en el Consejo de la Magistratura.

Cabe señalar que también se indica que tampoco se conoce misiva donde Custet haya renunciado a percibir el adicional o en su calidad de Directora de Asuntos Legales haya dictaminado sobre su improcedencia o ilegalidad.

Se agrega además que “es llamativo el actuar de la accionada, en cuanto, atento la doctrina de la coherencia jurídica de los actos propios, quien conoció los hechos y participo de las altas estructuras de gobierno, hoy pretenda solapadamente juzgar a los funcionarios que ejecutaron el decreto que creo el adicional. Es decir que en su momento la directora en pleno conocimiento del pago mensual de dicho emolumento no solo no atino a denunciar su ilegalidad, sino que aparte hoy lo juzga y condena en un acto de absoluta contradicción”.

Los ex funcionarios del gobierno de Saiz piden al Consejo de la Magistratura que “se pondere la actitud de la denunciada, en cuanto no cumplió con su deber constitucional de excusarse” ante sus funciones en el gobierno, el conocimiento de los hechos que luego juzgó y que nunca denunció.

Doble moral

Se destaca que la actuación de Custer Llambí “da idea de la existencia de una doble moral de un mismo funcionario público: una moral cuando es Directora de Asuntos legales del Ministerio de Gobierno – máxima autoridad jurídica del área – y otra moral cuando es jueza y recala en sus estrados la denuncia que intenta condenar a quienes fueron sus pares y compañeros de gestión”.

Los denunciantes sostienen que la actual jueza “no ha tenido el decoro ni la honorabilidad que requiere el cargo de excusarse de fallar en la causa”.

Como una situación paradigmática se menciona que María Rita Custet “tuvo dependencia formal, del Ministro (Larreguy) que hoy condena. Entre el 7/9/09 hasta el 18/09/09 la formó parte como miembro de la comisión especial Ley K 2312. Dicha función cesó por Decreto 782 mediante el cual el ministro Diego Larreguy deja sin efecto su designación. Es decir que no solo el ministro Larreguy refrenda el Decreto que le acepta la renuncia, sino que también con posterioridad a su asunción debió suscribir la normativa para dejar sin efecto su designación en la comisión K 2312 del Registro de la propiedad”.

La denuncia penal contra Custet también tiene como objeto dilucidar si efectivamente percibía o no tales adicionales, cuando fue probado en todas las instancias del juicio, los adicionales se pagaron, y por lo tanto se pide que se investigue en el Consejo de la Magistratura el presunto hecho imputado a Custet Llambí, “ya que de haberlo percibido la inhabilita ética y legalmente para intervenir” y agrega que “por su cargo, la función y los años en que se desempeñó como Directora General, resulta imposible que la Dra. Custet LLambi desconociera la existencia del mismo, sin perjuicio de los hubiera percibido”.

“En el supuesto e hipotético caso de haberlo percibido, cuestión probatoria mediante, la Dra. Custet LLambi, conforme su propio criterio esgrimido en su voto, seria participe del delito que ella imputa”, señala la denuncia y agrega que “no obstante la percepción, es imposible que no haya tenido acabado conocimiento del pago del adicional, cuestión por la que deviene indefectiblemente en la presunta comisión del delito de omisión de denuncia. Todo ello agravado por su condición de funcionaria pública. Como corolario debe destacarse la total impunidad, en tanto la misma, por los hechos descripto tenía la absoluta y constitucional obligación de excusarse”.

El pedido de juicio a Custet lo fundamentan en el hecho que “teniendo claros impedimentos de actuar no se excusase” e indica que el “erróneo actuar de la letrada magistrada, su documentada participación del gobierno Provincial que creo y distribuyo los adicionales, su poco clara participación, su posible percepción del mismo, su dudosa e inexistente negativa a percibirlo y su falta grave de ética al no excusarse, la hacen pasible de sanción por este Consejo”.

Por último, se aclara que una sanción a la jueza, de existir, pone en riesgo la validez del fallo y activa automáticamente la posibilidad jurídica de su nulidad.