Desalojos: una advertencia que puso en alerta a la justicia

(ADN).- “Los jueces no pueden desalojar a ninguna comunidad mientras está en marcha el proceso de relevamiento”. Así, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, sumó un nuevo ítem al conflicto por las tomas de tierras. Y advirtió que «vamos a denunciar a cualquier juez que quiera desalojar a una comunidad cuando está en curso el relevamiento y vigente la ley de comunidades indígenas”.

Las declaraciones de Odarda fueron realizadas ayer al diario Río Negro y coincidió con dos hechos: la mesa de diálogo en Viedma (de la que fue apartada) y la investigación del juez federal Julian Ercolini por una denuncia por abuso de autoridad por parte de la funcionaria nacional.

Por ahora no hubo una reacción de parte del Poder Judicial ni de otras instituciones estatales ni sectores políticos. Sin embargo, la advertencia de Odarda impactó en el seno de la justicia rionegrina. Diferentes fuentes indicaron a esta agencia el «malestar» interno, y remarcaron sobre la «gravedad institucional y democrática» que tienen las declaraciones.

“Siempre condenamos la violencia y los delitos” afirmó la titular del INAI, buscando diferenciarse de los sectores más duros, pero reivindicó “todos los derechos, también los de las comunidades indígenas”.

Y apuntó a la Justicia: “algunos jueces tienen doble vara, avanzando con desalojos -cuando están suspendidos-“, mientras “miran para el costado frente a los poderosos”, recordando su causa para lograr el libre acceso al Lago Escondido, que “lleva 15 años y ya pasaron 24 jueces”.

Odarda minimizó su apartamiento de la mesa de diálogo que sesionó en Viedma con las ministras nacionales de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic, y dijo desconocer el motivo por el que la gobernadora Arabela Carreras pidió su alejamiento. Sin embargo, al mismo tiempo que se desarrollaba la reunión, lanzó la advertencia a los magistrados.

Ayer, luego de la disposición federal de avanzar en la causa en su contra, la funcionaria desmintió que hayan allanado las oficinas del INAI en Bariloche. Explicó que el juez federal subrogante, Gustavo Zapata, requirió por exhorto al juez federal Julián Ercolini, que busque la carpeta técnica, con toda la documentación del relevamiento, de la comunidad mapuche Lof Buenuleo.

El requerimiento está relacionado con la denuncia que el abogado Alejandro Pscunder presentó en el juzgado federal de Bariloche contra Odarda por el delito de abuso de autoridad.

“No allanaron. Estaban buscando la carpeta técnica de la comunidad Buenuleo”; afirmó Odarda. Explicó que personal del juzgado de Ercolini se presentó en el INAI porque habían notificado al domicilio de la ex ESMA, donde funciona el organismo que preside, pero por las medidas sanitarias no hay personal en ese edificio.

Afirmó que entregaron en un pendrive toda la documentación solicitada por el juez de Bariloche. “Se abortó la idea de Pschunder del allanamiento”, sostuvo Odarda.

Y anunció que denunciará al abogado por el delito de falsa denuncia y hará una presentación en el Colegio de Abogados de Bariloche para que intervenga el Tribunal de Ética y evalúe el comportamiento de Pschunder.

La semana pasada, el Colegio de Magistrados de Río Negro advirtió sobre el «embate» con los jueces y fiscales. Fue por las denuncias mediáticas y las que llegan al Consejo de la Magistratura por la actuación de los integrantes del Poder Judicial. La entidad consideró que «los ataques resultan intolerables en un estado de derecho democrático, en tanto buscan limitar la independencia de jueces, fiscales y defensores”.

Las declaraciones de Odarda removieron esos temores.