Atahualpa: la sentencia a Zágari se conocerá el viernes 11

(ADN). – La sentencia del juicio político a la jueza Daniela Zágari, sobre su actuación en la investigación del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido hace 12 años en Viedma, se conocerá por zoom el 11 de diciembre, según resolvió hoy el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial.

El Procurador Jorge Crespo, quien tuvo a su cargo la acusación, pidió una sanción de 50 días de suspensión sin goce de sueldo y la defensa, a cargo de Fernando Chironi, solicitó la absolución de Zàgari. La magistrada se desempeñaba como fiscal cuando ocurrió la muerte de Atahualpa.

El Consejo estuvo integrado por Sergio Barotto -quien presidió-, el juez Daniel Tobares, Ana Malis, Manuel Casariego y Leonardo Fantón, por el Colegio de Abogados y Lucas Pica, Alejo Ramos Mejia y Julia Fernández en representación de la Legislatura. Tres consejeros intervinieron por vía remota y cinco presencialmente.

Inicialmente hubo planteos de la Defensa porque consideró, por un lado, que se excedió el plazo razonable para el juzgamiento, y por otro expuso la teoría de los propios actos, ya que Daniela Zágari concursó en el propio Consejo de la Magistratura para el cargo de jueza, que ahora ocupa.

En la sesión de hoy prestaron testimonio como testigos Laura Vinaya, Fabricio Brogna, Marcelo Álvarez, Rita Custet, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini. Luego sucedieron los alegatos.

Alegatos

“Ustedes deberán ser quienes determinen si aceptan los dichos exculpatorios de la Dra. Zagari, porque los hechos por los que se la acusa están absolutamente probados y acreditados: en esta causa cometió una disfuncionalidad, la del mal desempeño de sus funciones”, señaló el Procurador General, Jorge Crespo, en su alegato y puntualizó en el hecho de no haber inspeccionado el local Mi Loka (último lugar en el que se vio con vida a Atahualpa) y haber demorado el cotejo del ADN a una campera encontrada en un allanamiento. Por la comisión de ambos pidió una pena de 50 días de suspensión sin goce de sueldo.

Sobre el primer hecho dijo que “las pruebas deben realizarse más allá del resultado que otorgue su consecución” y explicó que “la doctora (Zágari) consideró que la inspección al bar era importante porque firmó el pedido de prueba pero nunca la despachó para que la misma llegara al juez de instrucción”.

En cuanto a la campera, apareció en el 2008 y recién en diciembre de 2011 -tres años después- se dispone la medida de ADN y el 13 de junio de 2012 hay una ampliación del servicio de huellas genéticas «donde llegamos a determinar el posible titular de esa prueba” y agregó que con ella se pide la requisitoria de elevación a juicio. “Esta inactividad perjudicó la investigación”, puntualizó Crespo.

En relación a los atenuantes de la sanción mencionó que las condiciones de investigación no eran las mismas que en el presente con el nuevo sistema, además “del tiempo que ha pasado y la falta de antecedentes”.

Por su parte, el abogado defensor Fernando Chironi respaldó las decisiones tomadas por la ex fiscal en el marco de su investigación. Manifestó que había que enmarcar las decisiones en el contexto de los elementos que tenían entonces. En referencia a la inspección al bar, mencionó que era importante la declaración de las personas, que fueron tomadas.

“Un fiscal puede decidir cuales son las medidas de prueba, pero en caso de equivocarse, ¿la van a condenar por eso? El error es humano y el sistema tiene previsto en los procesos judiciales combatirlo con recursos y apelaciones”, argumentó Chironi y destacó que la omisión de inspeccionarlo “no fue por indolencia, todos los testigos hablaron aquí de una excelente funcionaria”. Recordó además que la querella que en aquel momento representaba a la familia tampoco la requirió.

Recordó además el caso del ex Fiscal Falca, que estuvo a cargo de la investigación durante algunos días, que tampoco requirió la inspección al local y “fue sobreseido por el mismo hecho”. En cuanto al cotejo de ADN expresó que con el, “debia conformar un cuadro probatorio mucho más fuerte, sólo esa prueba no hubiera alcanzado”.

Según Chironi, la causal de mal desempeño implica una arbitrariedad y reiteraciones en una conducta y dijo que en el caso no existen y “en todo caso la están acusando por una supuesta negligencia o indolencia con lo cual no hay tipicidad en el caso”, expresó antes de pedir la absolución de su defendida.