Odarda apoya a los trabajadores del “decreto 7” y pide que se reconozcan sus derechos
Viedma.- La Legisladora del Bloque Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, elevó un proyecto a la Legislatura de Río Negro, a través de la cual solicitó al Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Comisión de Transacciones Judiciales, la urgente necesidad de reconocer los justos haberes provisionales reclamados por todos los Retirados del Decreto 7/97 de la Provincia de Río Negro.
En ese sentido, en el segundo artículo de su propuesta, la parlamentaria propone la necesidad de retomar el diálogo entre la Comisión de Transacciones Judiciales y los Retirados del Decreto 7/97 con el fin de llegar a un acuerdo definitivo.
Al respecto, detalló que “en 1997, después de la transferencia de su sistema previsional, Río Negro lanzó un programa de retiro voluntario para mayores de 45 años de edad y 20 años de servicio. Poco a poco, unos 1.500 agentes accedieron a ese nuevo régimen que mantuvo la provincia hasta que, en el 2008, Anses aceptó su transferencia. Habiendo sido derogada la Ley de Retiros de la Provincia en el año 1997, se transfirió el Sistema Provisional de la Provincia a Nación quedando en la órbita de la Unidad de Control Provisional hasta el año 2007, año en que los Retirados del Decreto 7 consiguieron ser transferidos, donde la normativa es un anexo del convenio de transferencia del sistema provisional”.
“Numerosas dificultades vienen padeciendo en el transcurso de los años todos los Retirados del Decreto 7 los cuales no siendo reconocidos por la ANSES como beneficiarios provisionales de la Provincia de Río Negro, son constantemente discriminados al momento que necesitan realizar todo tipo de trámites o gestiones. Es así que los reclamos e inicios de acciones judiciales no tardaron en llegar”, agregó Odarda.
En el 2007, el Superior Tribunal de Justicia, resolvió en el expediente «Mainini» y confirmó el rechazo de la Cámara de Trabajo a la pretensión del retirado. Esa posición no se modificó y la Cámara continúa negando esos pedidos. Pero, el año pasado, en el expediente «Pringles», el Superior Tribunal de Justicia, instó a las partes a una negociación, la cual, recayó en la Comisión de Transacciones. En ese ámbito, aquella integración -que presidía el ex fiscal Alberto Carosio- abrió una negociación y prometió un acuerdo, que ahora fue desestimado por la flamante Comisión, integrada por nuevos miembros.
La parlamentaria del Bloque Progresista CC-ARI también indicó: “La nueva Comisión de Transacciones Judiciales se reunió, y decidió no avanzar con la negociación abierta por el ex fiscal Alberto Carosio, resolviendo que no habría pagos extras para retirados del Decreto 7. El gobierno provincial cerró filas ante los reclamos de 400 expedientes judiciales iniciados por ex agentes. La postura se basa en fallos anteriores a favor del Estado. De esta forma los retirados del Decreto 7 no tendrán reconocimiento del Estado provincial a sus reclamos por sus montos percibidos. La Comisión de Transacciones Judiciales, solamente y sin plantar soluciones definitivas se ajustó a los fallos judiciales adversos a las demandas planteadas por agentes que pasaron a retiro en 1997”.
Los retirados reclaman por las reducciones salariales, producidas entre junio de 1996 y febrero de 2008. Según los Retirados del Decreto 7, el Ex gobernador Carlos Soria, sabía perfectamente todo esto antes de asumir. En diferentes encuentros que se llevaron a cabo en Gral. Roca con el ex mandatario, éste les habría manifestado su compromiso de reconocer sus reclamos y que se les abonaría primero a los enfermos oncológicos, hasta que pudieran resolver el problema financiero provincial que recibían. Actualmente nos encontramos con Retirados de Decreto 7 que realizaron aportes provisionales durante 40 años y hoy se encuentran con un salario de 1700 pesos, notándose a las claras la grave situación en la que se encuentran con salarios debajo de los niveles de pobreza, discriminados, y fuera de todo derecho a percibir una digna jubilación.
“El no reconocimiento del justo reclamo de los Retirados del Decreto 7/97 por parte del Estado Provincial, sumado a los juicios iniciados con posibilidad cierta de que estos fallen a favor de los retirados provinciales, puede ocasionar importantes pérdidas de recursos monetarios y causar un grave daño al erario público, existiendo la posibilidad de un arreglo definitivo y sin llegar a procesos judiciales interminables donde el Estado deberá abonar cifras millonarias por costas solamente, por encima de las justas cifras reclamadas por los retirados para la solución de éste conflicto”, finalizó Odarda.
PRENSA BLOQUE PROGRESISTA CC-ARI