¿El FMI se hará cargo?

( Por Raúl Dellatorre/ Página 12/ Director de Motor Económico) La negociación con el FMI por la deuda originada en el préstamo stand by del año 2018 incorporó un elemento no previsto por los analistas tradicionales: el cuestionamiento a la legitimidad de ese acuerdo por parte del gobierno argentino. La revisión de las condiciones de ese acuerdo se discute en este momento en dos instancias diferentes. Una es el departamento técnico de auditoría interna del Fondo, que habitualmente realiza una evaluación ex post del programa acordado con cada país. A esta instancia se refirió Martín Guzmán en una entrevista con la AM 750 de hace un par de semanas. El ministro de Economía dijo entonces que en esa instancia «el gobierno nacional va a tener la oportunidad de expedirse al respecto, de dar su visión sobre esa evaluación; y el FMI va a tener la posibilidad de revisar aquéllo que se hizo en 2018 y que le provocó un daño muy importante a la Argentina».

La segunda instancia es la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, que ya propuso tratar el caso argentino en su programa de actividades para 2021/22, y que esta semana recibió una misiva del bloque de senadores del Frente de Todos proponiéndole que lleve a cabo «una investigación exhaustiva» sobre el préstamo stand by de 2018 a la Argentina.

Y no sólo presentó dicha requisitoria: el bloque oficialista de la cámara alta le anticipó, además, sus propias conclusiones acerca de la «falta de sustento para determinar la sostenibilidad de la deuda», la vulneración del Estatuto del Fondo y la inobservancia de nomas jurídicas de Argentina en la firma del acuerdo, y la intencionalidad política para acordar el préstamo, al sólo objeto de «satisfacer necesidades electorales del gobierno de Mauricio Macri, políticamente afin al expresidente Donald Trump».

El bloque se senadores lo puso por escrito y atacó de frente al acuerdo stand by en su carta al FMI. Guzmán habló hace quince días de esa auditoría interna y de la posibilidad de que el gobierno argentino intervenga con su propio alegato, y cuando se le preguntó, en el mismo programa radial, si esto significaba que Argentina pudiera desconocer «total o parcialmente» el acuerdo, su respuesta fue: «es una cuestión legal que se verá, no soy yo como ministro de Economía quien deba responderlo», dejando abiertas las puertas de par en par a esa posibilidad.

Dos manifestaciones, por cierto, poco usuales en medio de una negociación que se presume «amistosa» entre el equipo económico argentino y las autoridades del FMI encabezadas por Kristalina Georgieva. ¿Qué grado de coordinación hay entre ambas posturas? ¿Las expresiones del ministro de Economía, una figura referencial del gobierno de Alberto Fernández, van pautadas en el mismo libreto que sigue el bloque de senadores, donde la voz dominante es la de Cristina Kirchner?

«Venimos trabajando en paralelo en el tema, conversamos habitualmente y, por supuesto, se cruza información antes de cada acción», comentó a este periodista una fuente del bloque legislativo que elaboró la carta a la OEI del Fondo. Cada uno entiende su rol y sus limitaciones, así como el rol y las obligaciones del otro. Los senadores del FdT, como brazo político del gobierno, definen posiciones. Pero es el Ejecutivo, a través de su ministro, el que se sienta a la mesa de negociaciones y administra las políticas y sus tiempos.

El análisis que derivó en la carta del bloque al FMI en la cual condena el acuerdo stand by por irregularidades legales, inconsistencia económica, intencionalidad política y dañino por sus costos sociales y económicos, indica además que generó una deuda «impagable». Y no sólo impagable en los términos previstos en el acuerdo original, que establecía el siguiente cronograma de vencimientos:

*Año 2021, u$s 4712 millones (capital más intereses)

*Año 2022, u$s 18.901 millones (por los mismos conceptos)

• Año 2023, u$s 19.145 millones (ídem)
• Año 2024, u$s 4.825 millones (ídem).

Como señala la nota al titular de la Oficina de Evaluación, «es imposible comprender cuál fue la evaluación» que consideró posible que en 2022 y 2023 el país pudiera destinar 19.000 millones de dólares en cada año sólo al pago de compromisos con el FMI, aparte de otras deudas con el exterior y otras transferencias.

Lo más grave es que, tomando en cuenta además que Argentina reprogramó sus compromisos externos privados con vencimientos «fuertes» a partir de 2025, resulta que tampoco alcanzaría con postergar cuatro años los pagos y cargar de compromisos al 2025 en adelante con obligaciones con el FMI. «Algunos hablan de un acuerdo a diez años, pero supondría agregar compromisos por unos 8000 millones por año a partir de 2025: inviable, Ni planteando una refinanciación a veinte años queda claro que sea posible tener capacidad de repago sin renunciar al crecimiento», sostuvo uno de los analistas que trabajó estas hipótesis.

El acuerdo de crédito que le otorgó Christine Lagarde a Mauricio Macri no le dio mayor liquidez a la Argentina, no nutrió de «dólares frescos» al país que iba a heredar el gobierno que ganara las elecciones de octubre de 2019. No. Se fugó en sus distintas variantes de salida: pago de intereses de deudas anteriores, desequilibrio comercial, huida de capitales especulativos, y envío de divisas al exterior vía transferencias autorizadas de mil ingeniosas formas diferentes.

Pérdida de confianza en el país, lo llaman algunos. El más fabuloso robo patrimonial al país y la condena a sufrir las consecuencias para gobiernos y generaciones posteriores, lo definimos otros. Cambiemos lo generó. El FMI lo hizo posible.

La mención de Guzmán a la futura auditoría interna del FMI sobre el crédito y la carta de los senadores a la Oficina de Evaluación para que avance en la «investigación exhaustiva» del mismo crédito le «mete presión» al Fondo cuando se inicia una ronda clave de negociaciones.

Por su posición y cuota en el FMI, Argentina no podría haber podido acceder a un crédito mayor a 22 mil millones de dólares en 2018. Recibió el doble (45.000) y se le había otorgado dos veces y media lo que le correspondía (57.000 millones). La diferencia no llegó a desembolsarse ante la debacle anticipada del gobierno de Macri.

El ministro de Economía sabe que asumir semejante deuda, de la que Argentina no recibió beneficios sino todo lo contrario (graves daños a su estructura productiva y deterioro de la situación social), sólo podría suponer prolongar ese estado de cosas. Fue una decisión política la que tomó el FMI al respaldar a Macri. Lo que está sugiriendo ahora el gobierno argentino, es que el organismo se haga cargo de su grave error y las consecuencias.