La justicia degrada el sistema de representación

(Por Pablo Barreno*). – Tal como sucedió la semana pasada con la imputación de cargos en mi contra, la reunión de hoy ( por ayer) del Consejo de la Magistratura funcionó como una extensión conceptual de la aberración jurídica planificada por Liliana Piccinini, y ejecutada por la fiscal  Maricel Viotti y el juez de garantías Puntel: reunido en pleno y por unanimidad, el Consejo aceptó el planteo de recusación contra mi persona presentado por la defensa de la jueza Erika Fontela.

¿Quiénes conforman el Consejo? Funcionarios judiciales, legisladores oficialistas y representantes del Colegio de Abogados de Bariloche. Parecido a una corporación, ¿no?

Insólito. Absurdo en términos normativos. Peligroso desde la perspectiva institucional. E inquietante en función del enfoque político.

La decisión del Consejo, justo en la primera reunión de la que formo parte luego de la reciente elección del bloque del Frente de Todos para que ocupe el lugar institucional que le corresponde a la oposición, es de una extrema gravedad porque no resiste análisis técnico.

En su artículo 21, la Ley K 2434 del Consejo de la Magistratura enumera explícitamente las causales de excusación y recusación. En ninguna de las cinco, ni remotamente, es posible encuadrar mi situación.

¿Cuál fue el argumento esgrimido? Créase o no, en pleno siglo XXI, los integrantes del Consejo coincidieron en que un representante de trabajadores/as judiciales no está en condiciones de participar institucionalmente de este organismo.

Plantearon, sin ponerse colorados/as, que mi condición de secretario General de Sitrajur hasta 2019 permitía la introducción del concepto «duda razonable» sobre mi «imparcialidad» para juzgar el desempeño de la jueza acusada por graves desórdenes de conducta y mal desempeño en sus funciones (violencia laboral).

Básicamente, ampliaron de facto el Artículo 21 de la Ley K 2424, que podría redactarse así: Representantes de trabajadores/as abstenerse porque serán proscriptos.

Esta nueva entrega del manual de hostigamiento y prejuicio que desde hace años escribe en el mármol de Tribunales la jerarquía del Poder Judicial de Río Negro, tiene un claro hilo conceptual con lo sucedido la semana pasada.

Lo actuado por el Consejo presenta las mismas reminiscencias autocráticas, encierra igual peligro institucional y parece inscribirse en el mismo temperamento político persecutorio. La recusación contra mi persona ofrece una evidente e inapelable muestra de la profunda degradación que la jerarquía del Poder Judicial propicia en Río Negro

Esta nueva manipulación obscena de un marco normativo en pos del objetivo de siempre tuvo, esta vez, la anuencia de la política (representada por legisladores del oficialismo) en el marco de una reunión que me sorprendió por un nivel de informalidad impropia del Consejo de la Magistratura. La verdad, parecía más una reunión de amigotes que un encuentro institucional de esta jerarquía. ¿Será esta la impunidad que otorga tomar decisiones en los «sótanos de la democracia»?

Lo más grave y peligroso de toda la situación, es el claro desacople de Río Negro con el nuevo paradigma que impulsan el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner en torno a la transformación filosófica, estructural y normativa que requiere la Justicia. Tanto el Presidente en la Asamblea Legislativa del lunes, como la Vicepresidente en su alegato en la causa Dólar Futuro, dejaron bien claro que van a ponerse al frente de la titánica tarea de ayudar a construir una Justicia democrática, de cara a los ciudadanos, alejada de las persecuciones según los vientos políticos y de las conspiraciones articuladas entre poder político, judicial y mediático.

Está claro que no asombra la inercia corporativa, reaccionaria  y aristocrática de la jerarquía judicial. Ese es el mundo en el que viven. Hacen lo que quieren simplemente porque pueden.

Pero la complacencia o desidia del sector político ubicaría a Río Negro en una situación de extrema gravedad, muy cercana al Lawfare y decididamente reñida con el Estado de Derecho que promueve el Gobierno Nacional.

Ojalá prevalezca el sentido común del que carece la jerarquía judicial, pero que la clase política ha sabido abonar.

*Legislador PJ – Todos-Secretario General CTA Zona Atlántica-Secretario General SITRAJUR 1ra. Circunscripción Judicial-Secretario Gremial FJA