Ingresos Brutos: las provincias ordenan el sistema de retenciones
Por Agustín Domingo, Presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb). Ex Ministro de Economía de Río Negro.
Las provincias argentinas avanzaron mucho en una organización federal para el cobro de Ingresos Brutos a grandes contribuyentes que tributan en más de una jurisdicción. Lo hicieron a través de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb), para percibir el impuesto en todo el país, repartir entre provincias y laudar en eventuales conflictos entre ellas.
Recientemente la Comarb dio un paso más en este ordenamiento y creó el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC), que rige desde el primero de diciembre de 2020.
Se trata de un sistema unificado de retenciones de Ingresos Brutos sobre las ventas que son cobradas con tarjetas de débito, crédito, y otros medios electrónicos de pago.
No se trata de un nuevo régimen de retención, sino del reemplazo de múltiples regímenes que las provincias mantienen actualmente por un régimen unificado y coordinado, con una normativa y reglas de funcionamiento comunes.
Hasta el momento 13 jurisdicciones han confirmado su adhesión, previéndose que las restantes puedan adherir en cualquier momento, reemplazando sus sistemas vigentes.
Por eso el SIRTAC es tan importante, reemplaza todos los sistemas por uno moderno y eficiente, en beneficio de las dos partes: el Estado y el contribuyente.
Para los contribuyentes resolverá un dolor de cabeza conocido, al evitar que una misma venta sufra varias retenciones.
Esto ocasiona en algunas situaciones que el impuesto pagado sea muy superior al que efectivamente se debe ingresar por esa operación. Tales situaciones encarecen y desincentivan el uso de estos medios de pago para los vendedores y lo hacen engorroso de gestionar para sus administradores.
Se busca así reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar certidumbre y previsibilidad a los comercios que acepten estos medios de pago y a los agentes encargados de su administración.
Además de aportar a la simplificación tributaria, el régimen prevé un umbral de ingresos que no sufrirán retenciones a fin de promover el uso de medios de pago electrónico en los pequeños contribuyentes, reduciendo sus costos e incentivando de esta forma la inclusión financiera y la formalización de la economía.
Los sistemas de retención y percepción de impuestos provinciales unificados son el camino para resolver el serio problema que representa en nuestro sistema tributario federal la superposición de regímenes y la multiplicidad de normas, que encarecen el costo de cumplimiento de contribuyentes y agentes y ocasionan la acumulación de saldos a favor, siendo los pequeños contribuyentes los más afectados por este fenómeno.
Las provincias están haciendo un gran esfuerzo para alcanzar acuerdos entre sí y avanzar en la implementación de este tipo de regímenes. El SIRCREB primero, próximamente el SIRTAC y en un futuro la unificación de los múltiples regímenes de percepción y retención que existen en todas las provincias y para los contribuyentes de Convenio Multilateral en particular representan una carga administrativa y financiera (por la acumulación de saldos a favor) que podría ser evitada.
Los impuestos provinciales representaron en 2020 el 5,1% del PBI (el 16,8% de la presión tributaria total que alcanzó ese año el 30,5% del PBI). Ingresos Brutos representó 3,9% del PBI, y el impuesto a los débitos y créditos, que tiene una base imponible similar, el 1,7%.
La gran diferencia, y en mi opinión el principal motivo de los ataques recurrentes al impuesto sobre los Ingresos Brutos, es la maraña de regímenes de recaudación, retención y percepción que terminan en los hechos generando una doble o múltiple imposición a los contribuyentes, por la acumulación de saldos a favor y los dilatados procedimientos que exigen algunos fiscos provinciales para su devolución. Su par nacional, el impuesto al cheque, no tiene ese defecto, lo que se recauda coincide exactamente con el impuesto determinado, y allí radica la fundamental diferencia.
Con la firma del consenso fiscal en 2017 las provincias dieron un gran paso al acordar alícuotas máximas por actividad y eliminar el tratamiento diferencial según el lugar de radicación (aduanas interiores). El consenso fiscal firmado en 2020 se propone, entre otras cosas, reducir los efectos no deseados del impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante la implementación de regímenes de recaudación unificados y coordinados entre todas las jurisdicciones. Si se logra este objetivo, no solo se fortalecerá el federalismo, apuntalando la vigencia de un impuesto que ha servido para financiar las obligaciones que tienen a su cargo las provincias por décadas, también servirá para aportar previsibilidad y estabilidad a nuestro sistema tributario federal, condición necesaria para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país.