Combate de Fondo ● ADN
La pelea por el desplazamiento de Sodero Nievas del Superior Tribunal de Justicia se convirtió en la gran batalla desde los inicios de la actual administración. Tiene múltiples lecturas y como en toda confrontación hay ganadores y perdedores.
Alberto Weretilneck cumplió con el propósito que tenía Carlos Soria que era descabezar la conducción de la Justicia rionegrina: logró que Sodero Nievas se retire en términos acordados y con madurez.
Se cumplió aquello que había declarado una vez Martín Soria: “Alberto tiene los mismos objetivos que mi padre pero con otro estilo y métodos”
Sodero Nievas tuvo margen para declarar ante la prensa que no está bien la perpetuidad en un cargo de juez del STJ y comparó con ejemplos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además adelantó que se somete a cualquier investigación y proceso judicial que pudiera iniciarse luego del 31 de enero de 2013.
La contracara de esta situación es la actitud que adoptaron quienes dentro del Frente para la Victoria impulsaban el juicio político al juez.
Asumieron la actitud del doliente y del derrotado. El intendente de General Roca, Martín Soria, fiel a su estilo, trató de rata a Víctor Sodero Nievas, además de otros improperios, mientras que la legisladora Ana Piccinini actuó en el límite que nos tiene acostumbrados.
El gobernador Weretilneck se anotó un triunfo que lo consolida como cabeza del proyecto gubernamental. En el bloque del oficialismo contó los votos y se aseguró la adhesión de 26 diputados sobre un total de 30. Lo contradijeron Ana Piccinini, Luis Bartorelli, Rubén Torres y Roxana Fernández.
Tanto el presidente del PJ, Miguel Pichetto, como el titular del bloque del FpV, Pedro Pesatti, se encargaron de aclarar que la decisión de rechazar el juicio político a Sodero Nievas fue una determinación del “gobierno y el partido” y por lo tanto la actitud asumida por el quinteto legislativo no puede menos que calificarse de rebeldía.
Sodero anunció su renuncia y la causa cayó en abstracta, pero cabe analizarse también los motivos que dieron origen al pedido de juicio político.
Una de ellas es por el cobro de los MIG, un misterioso adicional que cobró por funciones que cumplió en la Superintendencia del Poder Judicial. No es el único, también lo cobran jueces, fiscales y funcionarios.
Resulta paradójico que Ana Piccinini sostenga esta denuncia cuando su hermana, Liliana Piccinini que ejerce la Procuración y que forma parte del STJ, cobra MIG, por asistir a las reuniones de interpoderes.
El tema del uso de la casa oficial, siendo propietario de un inmueble en la costanera de Viedma, fue denunciado hace varios años por el “Este Rionegrino” y también por ADN, que incluso mantuvo una discusión con la esposa del presidente del STJ, Claudia Peter. Nunca nadie accionó por estas denuncias que reiteradamente publicaron estos medios de prensa.
Pero también valen otros ejemplos: el propio gobernador que tiene casa, la Residencia de los Gobernadores, cobra un adicional por vivienda por alquilar un inmueble en el Barrio Don Bosco y no pocos recuerdan en el gobierno que el doctor Edgardo Bagli, en su efímero paso como ministro solicitó una vivienda oficial.
Lo cierto es que este hecho – del juicio político o no – adquirió una trascendencia que superó lo meramente judicial y la propia resolución de la comisión acusadora.
La política encontró la solución en la misma política lo que es sumamente saludable para el sistema institucional rionegrino y para la alianza gobernante.
Desde hace mucho tiempo que Miguel Pichetto tejía una solución razonable y juntamente con Weretilneck fue definiendo métodos y tiempos, en los que no fue ausente el propio Sodero Nievas.
Finalmente el gobierno y el partido justicialista bajan línea y logran total adhesión del bloque de legisladores para ponerle punto final al debate.
Un revés para Martín Soria, Ana Piccinini y el denunciante Fabián Gatti, (con su ratificación irregular, sin firma) que ahora también la política tratará de disimular para no abrir heridas innecesarias.
Alberto Weretilneck tiene ahora el camino libre para avanzar en un Superior Tribunal de Justicia de cinco miembros y la ciudadanía la tranquilidad de que existe en el gobierno cordura frente a la desmesura.
Nota aclaratoria: Se había puesto inicialmente a Silvia Paz como parte del grupo de legisladores con una postura contra del archivo del juicio político, pero fue retirada de ese listado por pedido de la legisladora, ya que aclaró que ella también apoyó lo resuelto por la mayoría.