Justicia convocaría a nuevo análisis por contaminación con plomo en San Antonio

San Antonio Oeste (ADN).- La Justicia rionegrina convocaría a funcionarios provinciales y de San Antonio Oeste, pero también a representantes de la Multisectorial por la Problemática del Plomo, para analizar a fondo las consecuencias que sufre un número indeterminado de chicos afectados por pilas de escoria que hay en un sector de la ciudad –dejado por la ex empresa Geotécnica- y cuya remediación se procura desde hace un tiempo.Se viene advirtiendo acerca de un alto nivel de plomo en sangre. En abril se aludió desde el hospital local a un censo en la zona denominada «La Chanchería», que se encuentra aledaña a la Estanciera y a la que se categorizó como el «área más afectada por dicha contaminación», sin explicitarse ni informar con que datos se cuenta para fundar tal afirmación, según fuentes judiciales.

Hace poco más de dos años se ordenó a la provincia de Río Negro y al municipio de San Antonio Oeste la «inmediata adopción de todas las medidas necesarias a fin de garantizar de modo pleno y efectivo la salud de los habitantes de San Antonio Oeste, en cuanto dicho material acreciente o agrave sus riesgos…».

Se expuso que el proceso de remediación del pasivo ambiental no se habría puesto aún en marcha y, que en orden a relevar cuantos niños se encuentran actualmente contaminados con plomo u otro materiales perjudiciales para la salud, “no se ha realizado acción alguna, ni programa sanitario para su atención”.

De un expediente judicial se desprende las actuaciones del Grupo Promotor Ampliado que actúa en San Antonio Oeste, que el 8 de agosto de 2005 contó con el asesoramiento del Dr. Fernando Díaz Barriga (jefe del Laboratorio de Toxicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México), quien encomendó realizar análisis comenzando por los niños y sus madres. El mismo profesional informó que los niños que fueran sometidos a análisis tendrían concentraciones de plomo en sangre por encima de 5.0 ug/dl (nivel de riesgo neuropsicológico),y la gran mayoría superan los 10.0 ug/dl y una tercera parte supera los 15 ug/dl.

En un dictamen emitido el 26 de octubre pasado, la procuradora general del Poder Judicial, Liliana Piccinini, señaló “un claro panorama del riesgo concreto, de daño más que inminente,  la urgencia en hallar el conducto adecuado para poner en acto, acciones positivas tendientes no solo a detectar, sino a mitigar el impacto que la contaminación ambiental ha provocado en un número indeterminado de niños que habitan las zonas comprometidas por las pilas de escoria que pertenecieran a la desaparecida empresa Geotécnica que explotaba la Mina Gonzalito”.

Desde la Procuración se recordó que existe en vías de cumplimiento un plan de remediación del pasivo ambiental correspondiente a las pilas de escoria y que responde a un convenio que firmó la provincia de Río Negro con el Ministerio de Minería de la Nación a través de un subprograma (GEAMIN) y con fondos provenientes del BID e intervención de una consultora extranjera URS.

 

El subprograma tiene como misión “cumplir en tres etapas, la realización de propuestas de remediación, de talleres con la comunidad para informar las alternativas, su definición y el plan maestro de remediación”.

Tal actividad se estaría llevando a cabo con la intervención de los organismos competentes e involucrados en la temática y si fuere necesario establecer el grado de avance, se tiene que luego de la propuesta de tres alternativas una comisión técnica «ad hoc» efectúa algunas observaciones que el coordinador del GEAMIN y la consultora URS deben evaluar.

“Lo que debe quedar claro para la comunidad de San Antonio Oeste es que la acción de mandamus a la que se ha venido aludiendo no ha paralizado ni obstruido el plan de remediación de las escorias y que la presente acción tampoco tiene como norte dicha obstrucción, sino, antes bien, todo lo contrario”.

“Lo puntualizo en virtud de las presentaciones que efectuaran ante el STJ y la Procuración General, miembros de la Multisectorial por la problemática del plomo, quienes se manifiestan preocupados por las demoras sufridas en el proceso de remediación y las atribuyen (estimo que por confusa información suministrada) a la presentación de acciones de esta naturaleza”, aclaró la procuradora Piccinini. (ADN)

 

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