Bullrich anunció medidas antipiquetes. ATE se opone

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el protocolo antipiquetes y aseguró que el Gobierno hará cumplir la ley: “La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple”.  ATE advirtió que no aceptará por inconstitucional ningún protocolo de movilización

«Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, dijo el sindicalista Rodolfo Aguiar.

En el anuncio de Bullrich realizó un punteo de los nuevos procedimientos de las fuerzas generales ante diversas situaciones de alteración del orden público y sentenció que “el propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente (Javier Milei), ‘el que las hace, las paga’”.

«Por otro lado, cuidar a quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar a las fuerzas federales».

Uno por uno todos los puntos: 

• Las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. 
• Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes que es que, si hay un delito infraganti, van a poder intervenir. 
• Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común. 
• No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. 
• Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación
  para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia. 
• Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados. Se van a registrar todas las infracciones administrativas existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyo conductores no tengan la documentación que tienen que tener.
• Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos o caras tapadas, intentando no ser reconocidos por las fuerzas.
• Los datos de los autores cómplices o partícipes van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo…. A la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon, sea por personas que vienen con un plan social. Esto no me corresponde a mí anunciarlo a mí, pero será también tenido. Sobre todo los instigadores, sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. 
• También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede de manera permanente es la quema en protestas, que genera una situación dañina al ambiente y a quienes están alrededor. 
• En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños —cuando tienen que estar en sus escuelas— en una manifestación. 
• Los costos de los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrá que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos deberán hacerse cargo. 
• En caso de tratarse de extranjeros, se mandará la información a Migraciones. 
• Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en estos hechos y que sistemáticamente hacen de voceros hacen de este tipo de manifestaciones. 
• Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré.

Oposición de ATE

Ante el anuncio del gobierno nacional la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.

«Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y manifestó que “esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.

El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

“Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó e indicó que no existe norma que defina qué es una protesta. “La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”, profundizó.

“Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, manifestó Aguiar.