La tercera embestida

El Centro de Economía Política Argentina -CEPA- publicó un análisis económico de la Ley Ómnibus, comprendido en un Proyecto de Ley enviado al Congreso por el PEN, que según sus conclusiones implica un quiebre en una suma de aspectos.

Uno de los principales puntos es el desguace del patrimonio público mediante la declaración de 41 empresas del Estado como “sujetas a privatización”, entre ellas empresas claves para un proyecto de desarrollo nacional como YPF, ARSAT, BNA, AA, Nucleoeléctrica y Dioxitek, entre otras. El argumento oficial de reducir el déficit se demuestra falso ya que muchas de estas empresas son superavitarias y no representan una carga para el fisco, más bien todo lo contrario. La intención, entonces, parece ser habilitar nuevos negocios privados a costa del patrimonio público.

Sin embargo, el desguace del sector público no se detiene en las privatizaciones, sino que incluye la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. En este caso, se ordena la liquidación y venta de las acciones de las principales compañías privadas que este Fondo tiene en su cartera. Un viejo anhelo del poder económico que implica, no sólo una pérdida patrimonial para el Estado, sino también el cese de la participación pública en los directorios de las empresas, lo cual fue históricamente considerado como una intromisión inadmisible del Estado en el sector privado.

A pesar de que según el argumento oficial el déficit público es la madre de todos los problemas, el proyecto habilita un blanqueo generoso combinado con una fuerte reducción del Impuesto a los Bienes Personales, además de un nuevo régimen de inversiones exageradamente beneficioso, lo que incrementa el gasto tributario, para sectores que son rentables de por sí.

En el caso de la reducción del Impuesto a los Bienes Personales, la propuesta es la reducción de la alícuota máxima desde el 1,75% al 0,5%. Además, elimina las alícuotas diferenciadas que existen actualmente sobre bienes declarados en el exterior, lo que estimulaba la repatriación de patrimonio. Todas estas reformas tienen impacto en la recaudación y en la progresividad del sistema tributario.

Además, esto último se vincula con la propuesta de blanqueo de capitales, muy similar a la impulsada por Mauricio Macri. En este caso, nos encontramos frente a una política laxa ya que, además de la exigua tasa del 5% a partir de los 100.000 dólares, no se exige que el dinero se mantenga una determinada cantidad de tiempo en el país, y habilita a acogerse a quienes incumplieron el pago del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.

Pero no es la única propuesta de blanqueo ya que además se propone un blanqueo laboral bajo el pomposo nombre de “Promoción del Empleo Registrado”. Sin embargo, esta política lejos de representar un incentivo a la registración, es un perdón y una condonación de deuda para las empresas que tenían personal no registrado, así como las que retuvieron contribuciones y cargas, pero no las pagaron a la Seguridad Social. Finalmente, eleva el período de prueba de 3 a 8 meses, aunque no queda claro cómo ello ayudará a generar más empleo.

Otro de los proyectos que más beneficiará al poder económico es la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Este consiste en una serie de beneficios tributarios y cambiarios para sectores dinámicos como la agroindustria, el forestal, minería, energía, gas y petróleo. Es decir, se impulsa a sectores primarizados por encima de la apuesta al desarrollo industrial. Aquí nos encontramos con otro caso en donde la preocupación por el déficit público pareciera suspenderse, ya que se estipulan una gran serie de beneficios tributarios en Ganancias, IVA, derechos de exportación e importación, y otros impuestos, lo que redundará en una caída de los ingresos fiscales y un incremento del déficit público. Además, la libre disponibilidad de divisas para casi todos los sectores exportadores puede generar severos inconvenientes en materia de fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

El proyecto de ley incluye una liberalización del sector de hidrocarburos, que implica no sólo la privatización de YPF sino el abandono del autoabastecimiento y la soberanía energética, y virar hacia una lógica de maximización de la renta. Esto, en el mediano plazo, puede llevar a una lógica de “sobreexplotación” y “subexploración” de yacimientos, como ocurrió en la década del noventa, comprometiendo severamente la soberanía energética nacional. Además, existe una particular “regulación”: la prohibición a YPF a vender combustibles por debajo de la paridad internacional. ¿Qué es lo que se busca con esta imposición que atenta contra la libertad de la empresa de fijar sus propios precios?

Otras reformas importantes son la modificación de la forma en la que se habilitan las reestructuraciones de deuda, dándole la potestad al Ejecutivo a endeudarse sin la intervención del Congreso; y la consolidación de deuda del Sector Público Nacional, que ordena la transferencia de títulos de deuda pública en manos del Sector Público Nacional No Financiero, incluyendo Fondos Fiduciarios y empresas con mayoría de capital público, al Tesoro Nacional.

En materia aduanera se incrementaron alícuotas de derechos de exportación, lo cual debe ser analizado en conjunto con la devaluación del 120% ocurrida en diciembre de 2023, que mejoró drásticamente los niveles de competitividad del sector exportador. Sin embargo, esta política estuvo atravesada por el poder de lobby de algunos sectores que lograron un 0% de retenciones, y otros que lograron una alícuota menor al 15% que se había establecido, en un principio, como la norma general. Así, el efecto adverso recayó sobre el sector industrial, fundamentalmente el sector automotriz.

Otras desregulaciones y reformas incluidas en el proyecto tienen grave impacto ambiental. Se trata de la Ley del Manejo del Fuego y Bosques, que autoriza tácitamente la quema y habilita los desmontes. Además, se habilitaría a las empresas mineras a extraer minerales de ambientes periglaciares, hasta ahora restringidos por la Ley de Glaciares.

Otro punto importante es la desregulación pesquera, que elimina el establecimiento de cuotas por buque, por zona o por tipo de flota por parte del Consejo Federal Pesquero. Además, se deroga la obligación de descargar la pesca en muelles argentinos, que generaba actividad económica y facilitaba la fiscalización. Se eliminan el requerimiento de personal embarcado argentino y se eliminan las preferencias en la asignación de licencias a los barcos fabricados en astilleros nacionales. Por todo esto, los gobernadores de las provincias patagónicas, de todos los signos políticos, expresaron su rechazo a la reforma alertando de graves consecuencias económicas y sociales en caso de ser aprobada.

Además se desregulan otras actividades como Seguros, Turismo, se habilita la importación de azúcar, se deroga la ley de precio uniforme del libro, se habilita la reventa de entradas en eventos deportivos, se modifica la Ley de Defensa de la Competencia, se eliminan todas las restricciones para la entrada de bienes de consumo en el régimen de equipaje, y se modifica la Ley de Financiamiento de la Educación para que cada una de las provincias negocie de manera independiente las condiciones laborales, calendario educativo, salario docente y otras condiciones, lo que profundizará las diferencias educativas entre las distintas provincias.

Como complemento a estas reformas que benefician al poder económico, se avanza en reformas contra el movimiento obrero y las y los trabajadores en general. Por un lado, se prevén despidos en el sector público, no sólo entre los contratados sino incluso afectando la estabilidad de la planta permanente.

Además, se suspende la fórmula de movilidad previsional y se la reemplaza por aumentos discrecionales del PEN, lo que habilita a una fuerte licuación de los haberes en un contexto de aceleración de la dinámica inflacionaria.

Estos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados se complementan con reformas que apuntan a la criminalización de la protesta social, que suponen modificaciones al Código Penal para ampliar márgenes de imputación a quienes organicen o participen de protestas.

Las tres embestidas de Milei, primero el Plan Licuadora de Caputo, luego el DNU Ley de la Selva de Sturzenegger y, lo analizado en este trabajo, la Ley Argentina en Venta tienen por finalidad el reparto de esa masa de dinero a la par de eliminar los diques de contención estatal que permitan retrotraer esa situación. Es decir, que no haya marcha atrás.

El corolario de ese proceso, en la cabeza del Presidente, es la dolarización, decisión que consolidaría y congelaría en el tiempo la nueva estructura y dinámica económica y un formato del Estado como garante del negocio privado.