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El gobierno provincial “no gana ni para disgustos”, como dice el refranero popular ya que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei se sucedieron las malas noticias a las provincias.

Retumban en los oídos las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, cuando adelantó que el Gobierno va a «reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias» ya que son recursos que, según él, «lamentablemente» en «historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos».

Y como si esto fuera poco agregó que el «Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva” y va a cancelar «las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado».

Río Negro quedó en jaque. No hay más ATN, no llegará dinero de los Fondos Específicos, de la Obra Pública ni otros fondos fuera de la coparticipación, cada vez más escasa.

Las transferencias automáticas a las provincias, cayeron un 11.1% real interanual, registrando el menor valor real para enero, de los últimos 9 años, según el informe del IARAF.

Para febrero el panorama es peor, porque es cuando comienza el real ajuste, sobre el eje filosófico expresado por el gobierno: Milei-Caputo, que sostiene que las provincias hagan el juste, en sus jurisdicciones.

La provincia -de esta manera- se encuentra en una situación crítica, frente a la posibilidad de obtener recursos nacionales, como fue el último ATN de Sergio Massa para pagar aguinaldos.

Marzo se presenta como un objetivo de llegada en esta primer etapa, hasta que se definan el DNU y el final de la Ley Ómnibus.

En la administración de Alberto Weretilneck hay esperanzas que se logre coparticipar el Impuesto País y recuperar la pérdida de Ganancias.

El gobierno transita a marzo con los fondos recaudados por el pago adelantado de los impuestos inmobiliario y automotor. Se dispusieron de unos 35 mil millones que es el monto necesario para hacer frente al bono ofrecido a los gremios estatales. Pero, no hay más.

Cambió la plata. De diciembre a febrero (con pagos adelantados) cada año históricamente esta recaudación es del 40%.

Pareciera que de esta manera se planificará el futuro del gobierno de Weretilneck, muy apretado en los números.

La relación Nación-Provincia no es amigable. Tampoco el gobernador fue partícipe de las negociaciones por el Impuesto País. El pope fue Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, que sacó de la Ley Ómnibus todo lo que afectaba a su provincia.

Además, el ajuste a las provincia es una de las “promesas al FMI” que Milei quiere cumplir.

La coparticipación, que significaba unos 31 mil millones para pagar sueldos, será menor. El panorama futuro genera incertidumbre.

El gobierno nacional se dio un baño de “casta”, negoció al mejor estilo y con reglas de la vieja política con uno de sus mejores representantes como Miguel Pichetto, con más de 20 años en el Congreso, y con peronista PRO, como Cristian Ritondo, juntó 35 diputados «dialoguistas», e hicieron política.

Y precisamente en tiempos de poca plata, se reivindica la política.

Pese al panorama incierto para la provincia, la política rionegrina le regaló al Presidente una abrumadora mayoría: cuatro de cinco diputados nacionales apoyaron la Ley Ómnibus. Milei perdió el debate pero se llevó la ley. Weretilneck le pidió que «deje de apretar» a los gobernadores; Pedro Pesatti amenazó con cortar la energía que se produce en la Patagonia que llega a Buenos Aires, la CGT y las dos CTA movilizaron a miles de rionegrinos, el PJ -en todas sus variantes- fustigó el DNU y avisó que no acompañará ningún artículo de la Ley. Sin embargo, la Casa Rosada logró lo importante: los votos.

La nueva mayoría fue dada por Agustín Domingo de JSRN, Lorena Villaverde de LLA, y Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi del PRO. Solo Martín Soria (PJ) votó en contra.

A Río Negro, ante este tiempo de “copa” reducida, sin aportes discrecionales, sin fondos específicos ni capacidad política frente a Nación, sólo le queda recurrir a los números provinciales.

Situación delicada. No habrá recursos para obras públicas; menos empleados y políticas salariales basadas en un acuerdo general.

De los aproximadamente 4500 contratados quedarán unos 1800. Finalizaron sus contratos unos 1200 y el resto está en estudio por 60 días, pero más del 20% quedará afuera, siempre respetando aquellos que cumplen fines específicos.

Hasta el menos despabilado integrante del gabinete provincial, presupone -con alguna certeza- que es difícil que en marzo comiencen las clases.

Hay un tema que se suma a la reivindicación salarial docente. Se trata del estado de las escuelas, ya que la crisis llegó en meses en que se realizan reparaciones y mejoras en edificios escolares. Nada de esto sucedió.

El gobierno provincial “no gana para disgustos”. Al panorama actual se suma que el ministro Caputo avanzó contra los bancos que en las provincias abren las puertas a los gobiernos para ayudar con pagos de sueldos y adelantos financieros.

“Esto se acaba” reflexionó una fuente consultada. El ministro quiere terminar con esta especie de “timba” mensual de 24 apostadores.

En nuestra provincia el sayo cae directamente al Banco Patagonia y puede dejar a Río Negro sin una importante fuente de recursos.

Surge una reflexión. ¿Cómo se para la política provincial frente al gobierno de Juntos?