Aval para el cambio al Código Procesal Penal
(ADN).- Con una votación divida, la Legislatura aprobó ayer el proyecto para incorporar un artículo al Código Procesal Penal de Río Negro que establece que, una vez dictada una resolución judicial, todas las impugnaciones que se interpongan de forma posterior, ya sea por el imputado, el fiscal o el querellante, tendrán efecto devolutivo. El objetivo es que las personas condenadas no puedan gozar de libertad mientras esperan que su situación sea resuelta por la Corte Suprema.
El proyecto que elevó el Gobierno cosechó el respaldo del oficialismo y los bloques del ARI, el PRO y la UCR. Se opuso el PJ, Nuevo Encuentro y Vamos con Todos. Una radiografía ideológica sobre la iniciativa.
La propuesta del Ejecutivo que fue avalada en primera vuelta, «propicia amalgamar estándares vigentes del derecho internacional, con un válido planteo social que pone el foco sobre la eficacia del sistema punitivo, para lo cual se propicia otorgar efecto devolutivo a la resolución del Tribunal de Impugnación, y a los recursos que en forma posterior decidieren interponer tanto el imputado, el fiscal o el querellante», indica un parte de los argumentos.
El miembro informante del oficialismo, Lucas Pica, eligió para fundamentar la iniciativa el caso de abuso de menores sucedido en el Jardín de Infantes Nº85 de Cipolletti como el emblema de lo que «no queremos que nunca más suceda». Narró que el docente acusado fue condenado por la Justicia rionegrina y pasaron 7 años hasta que la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso presentado. En ese tiempo, el docente caminaba entre las víctimas y familiares «como si nada hubiera sucedido».
«Esto nos produce una verdadera congoja y vergüenza institucional que no podemos tolerar, ni mirar para el costado», expresó.» Con un enorme coraje, el gobernador Alberto Weretilneck viene a plantear esta propuesta legislativa, y les viene a decir a los rionegrinos que estos emblemas de lo que no queremos más, no pueden volver a suceder», agregó.
Pica aseguró que se trata de «un verdadero acto de reparación histórica y pidió al resto de la Cámara que se visualice de esa manera: nunca es tarde para saldar deudas».
El legislador explicó que en Río Negro, en promedio, entre la primera instancia judicial y la última decisión del Superior Tribunal de Justicia, transcurren entre un año y medio y dos años, y luego sucede que cuando se acude a la Corte Suprema, ésta no tiene un plazo para fallar, entonces muchas veces las causas «duermen el sueño de los justos» y los condenados «serpentean entre las víctimas como si nada hubiera pasado».
«Al remitir esta iniciativa legislativa, el Gobernador nos dice que podemos utilizar nuestra competencia acotada en su plenitud para transformar esta realidad. Esta propuesta da vuelta la taba en el sistema procesal rionegrino», aseguró.
El proyecto fue acompañado por los bloques Coalición Cívica ARI-Cambiemos, PRO-Unión Republicana y la UCR.
Elba Mansilla, de Primero Río negro, se manifestó de acuerdo con el efecto devolutivo, pero indicó que su bloque no estaba de acuerdo con tomar como última instancia al Tribunal de Impugnación, sino que se debería tener en cuenta una sentencia del Superior Tribunal de Justicia como última instancia.
Magdalena Odarda se opuso a la iniciativa, expresó que el proyecto «carece de constitucionalidad», sostuvo que el principio de inocencia es uno de los pilares fundamentales nuestro sistema jurídico penal y que la propuesta «va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos», entre otras instituciones. Ayelén Spósito y José Luis Berros también votaron en forma negativa.
Berros pidió convocar a otros actores para debatir el proyecto. Ana Marks y Leandro García, del PJ-Nuevo Encuentro, también se opusieron al proyecto.