Neoliberalismo y movimiento obrero

(Por Boyanovsky Bazán*).- La derecha llegó al poder con un plan de ajuste que implicó despidos masivos y disciplinamiento del sindicalismo. Así, con el traslado de la lucha de las fábricas a las calles y rutas, surgieron las corrientes de trabajadores desocupados.

Cuando a mediados de los 90 la entonces recién creada Central de Trabajadores Argentinos (CTA) declaró “la nueva fábrica es el barrio”, puso en valor dos aspectos fundamentales de la realidad que embargaba al universo laboral en el país. Por un lado, el acierto de contener a ese gran contingente de desocupados que se engrosaba cada año producto de las políticas de despojo y flexibilización, con la creación de un nuevo ámbito de pertenencia. Así como en la época del pleno empleo los trabajadores encontraban su espacio de organización natural en el trabajo (la fábrica como representación del ámbito colectivo de mayor concentración obrera), ahora, cuando el desempleo alcanzaba su récord histórico de 18,6 por ciento, en 1995, los desocupados podían recuperar una parte de su “fábrica”, ámbito natural en tanto espacio de reunión y organización, en el lugar adonde habían sido confinados: el propio barrio. El segundo aspecto, o primero ya que uno es causa y otro efecto, es que en la propia definición de la CTA subyace la realidad a la que se había empujado a millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina.

Con la implementación de las políticas neoliberales impuestas por el Consenso de Washington al que se alineó el gobierno de Carlos Saúl Menem, aliado a Bunge & Born, la UCeDé y el CEMA con Domingo Cavallo a la cabeza, la mentada “Reforma del Estado” implicó privatizaciones, despidos, desregulaciones y retiro del Estado como contralor y garante de lo social. La apertura de importaciones y la paridad cambiaria a través del Plan de Convertibilidad fue además un golpe mortal a la industria nacional. Todo esto fue el caldo de cultivo de la “más prolongada profunda etapa recesiva de la economía argentina”, según un documento elaborado por técnicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que ya en 2004 podía afirmar que “las consecuencias de esta reconversión económica y social se tradujeron en la precarización de las condiciones de contratación de los trabajadores, y en un incremento en los niveles de desempleo y subempleo. Los índices de desempleo ascendieron a niveles desconocidos en la Argentina. Y si bien ya se habían acentuado en el período hiperinflacionario (1989-1990) y luego se habían reducido entre 1991 y 1993 como efecto a corto plazo de la convertibilidad, el desempleo se transformó en un problema estructural y ascendente”.

Como resultado, se llegó a los umbrales del siglo XXI con una evolución en la informalidad laboral más abrupta que el propio desempleo, llegando a alcanzar al cuarenta por ciento de la población económicamente activa. En total, la crisis del trabajo afectaba a 4,5 millones de personas, con problemas de desempleo, subempleo y precariedad laboral, para una población total que el censo de 2001 cifraba en poco más de 36 millones.

Como decía el famoso spot publicitario: “Menem lo hizo”. Pero no lo hizo solo. En su tesis doctoral en Ciencias Sociales (UBA), Alejandro Rossi lo resume de esta forma: “La administración menemista desarrolló una estrategia de cooptación de algunos gremios y de fragmentación y marginación de otros, favoreciendo la implantación de ciertas iniciativas, al mismo tiempo que marcando límites para la concreción de otras, que eran utilizadas como contraprestación de los apoyos recibidos”.

PUNTO DE QUIEBRE

Contribuyó a este fenómeno el proceso de ruptura que venía atravesando la Confederación General del Trabajo (CGT). Luego del Congreso sindical peronista de octubre de 1989 se abrió el camino que concluiría en la división entre la CGT oficialista (o CGT San Martín), conformada por los antiguos miembros del Grupo de los 25 y el Grupo de los 15 que habían creado durante la campaña electoral de 1989 el Movimiento Sindical Menem Presidente, con una impronta de apoyo al gobierno, y la CGT opositora (o CGT Azopardo), dirigida por el histórico Saúl Ubaldini, líder de las protestas a finales de la dictadura y de los trece paros a Alfonsín, con una dinámica de fuertes críticas y acción en contra de la política económica y la retórica oficial, como bien refiere el investigador Hernán Fair en un artículo publicado en la revista de ciencias sociales Intersticios.

Más allá de coincidir en algunas reacciones iniciales frente a las privatizaciones, sería el sector Azopardo el que mantendría viva la protesta contra las nuevas políticas, en tanto la CGT oficial se declararía “amiga” del presidente y tendría una actitud conciliadora y opuesta a las acciones sindicales en contra de su gestión.

Fair apunta que “a partir del 1 a 1, se profundizará la lógica de ganadores y perdedores. Mientras que en el primer sector se hallaban en particular los gremios colaboracionistas, entre los segundos se encontraban los gremios de la CGT Azopardo, que aglutinaba principalmente a los sindicatos estatales perjudicados por las privatizaciones y las leyes de flexibilización laboral, y en menor medida la UOM, que veía descender su número de afiliados en el marco del proceso desindustrializador”.

Ubaldini sería parte, a mediados de la década, de la conformación del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), una corriente combativa dentro de la CGT en la que también estaba con fuerte protagonismo el camionero Hugo Moyano, que encabezaría las manifestaciones callejeras en conjunto con los sectores de izquierda y desocupados, que ya ganaban el espacio.

El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), y también “Corriente” (CTD), pasó a ser una identidad adoptada casi en forma simultánea por varias organizaciones. Entre ellos se destacaban el MTD Teresa Rodríguez, el MTD Hurlingham y Mar del Plata y la CTD Aníbal Verón, entre otras. Los grupos unificaron sus acciones con la consigna “Trabajo, dignidad y cambio social”.

En 1997 se produce el primer “piquete” como tal, cuando cuatro mil vecinos de General Mosconi y Tartagal cortaron la Ruta 34, en Salta. El origen del conflicto radicaba en el desmembramiento de un pueblo que padecía la desocupación tras la privatización de YPF.

Entre los antecedentes más representativos de este nuevo fenómeno se encuentran el “Santiagazo”, de diciembre de 1993, donde empleados estatales y municipales, docentes, jubilados, sindicalistas, estudiantes y pobladores varios de Santiago del Estero invadieron tres edificios públicos y residencias de políticos en reclamo de salarios adeudados, y el estallido de junio de 1996 en Plaza Huincul y Cutral Co, Neuquén, cuya población se veía gravemente afectada por la venta de YPF en 1992.

Muchas de estas organizaciones experimentaron un crecimiento exponencial que se manifestó en su punto culmine durante el estallido de 2001. Durante años continuaron protagonizando la protesta social y callejera, diluida luego con el cambio de paradigma político y económico que se abriría a partir de 2003. Algunos de estos grupos subsisten, se reconvirtieron o se integraron en agrupaciones de militancia política tradicional. Pero eso es materia de otro análisis.

*Caras y Caretas.