Pocas expectativas en ejecutar las obras en las rutas 22 y 23
(ADN). – Las expectativas para que el gobierno nacional continúe con las obras viales en las rutas 23 y 22, con limitadas por cuanto por un lado está la situación de las empresas que tienen a cargo los trabajos y por otro, el concepto gubernamental del propio Ejecutivo en la ejecución de obras públicas.
En la ruta 23, por ejemplo, la empresa que había instalado su campamento en Comallo, levantó las instalaciones y se fue de la zona, en otros casos y también la ruta 22, no tienen capacidad de obra, incluso una de las firmas sufrió un quebrante económico.
Del total de obras de infraestructura que estaban en ejecución tras el cambio de mandato, solo continuará con fondos nacionales un 15% del total, mientras que habrá unos 2.000 proyectos que serán discontinuados, postergados sin fecha o transferidos a las provincias. Estos serían los casos de las rutas 23 y 22.
Sin embargo, distinto sería el destino la obra de finalización de la rotonda de Choele Choel y ejecutar los trabajos en la ruta 151, muy deteriorada y de uso continuo de transporte pesado. En lo que dio en llamar “la ruta del petróleo”-.
El marco político de análisis de la obra pública, tuvo una definición en el Gobierno que quiere que las provincias terminen asumiendo la deuda con organismos multilaterales como el BID y la CAF, destinados a realizar obras públicas en todo el país.
Se trataría de unos u$s120 millones, por unas 80 obras públicas que deberán ser continuadas por cada provincia, según los planes del ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno ya les transmitió a varios mandatarios provinciales las nuevas condiciones y les señaló que las obras que cuentan con financiamiento externo deberán ser continuadas por las provincias y que la Nación quedará exceptuada de la responsabilidad de saldar esas deudas.
La intención es traspasar la ejecución de la obra y la responsabilidad del crédito que la financia ante el organismo internacional.
El gobernador Alberto Weretilneck, por su parte no quiso firmar este acuerdo, ya que en esa situación y con financiamiento externo se encuentran las obras de las sedes de la UNR en Villa Regina y San Carlos de Bariloche.
Asumir estos costos por parte de la provincia, reduciría la capacidad de endeudamiento de la provincia, que necesita recursos para financiar otras obras.
Por su parte, Río Negro tiene en curso la gestión de conseguir financiamiento externo para la pavimentación de las rutas 6 y 8.
Las empresas de la construcción reclaman $400.000 millones
Tras las medidas de ajuste del gobierno de Milei, que incluyeron la paralización de gran parte de la obra pública, reclaman el pago de deudas por unos $400.000 millones. Aseguran que las obras ya fueron realizadas en el 2023.
Incluso, en algunas provincias varias empresas ya se presentaron en concurso de acreedores.
Los números oficiales reflejan una fuerte caída en la actividad de la construcción en los primeros siete meses del año. Además, en la construcción ya se perdieron unos 130 mil empleos.
Las empresas piden que al menos el Gobierno nacional brinde un «cronograma de pagos», para poder planificar como resistir esta fuerte crisis provocada por la parálisis de la obra pública.
En efecto cascada, las compañías proveedoras de las constructoras también afrontan una fuerte crisis que termina desencadenando despidos y suspensiones.
Fuerte pérdidas de empleo en el sector
Con datos a junio último, ya se perdieron en la construcción unos 130 mil empleos, al pasar de 450 mil en diciembre último a 320 mil en junio.
En las grandes provincias, se estima que se perdió el 20 por ciento de la fuerza laboral.
En ese escenario, el Gobierno nacional admite que del total de obras de infraestructura que estaban en ejecución tras el cambio de mandato, solo continuará con fondos nacionales un 15% del total, mientras que habrá unos 2.000 proyectos que serán discontinuados, postergados sin fecha o transferidos a las provincias.
En cambio, unas 380 obras en ejecución que estaba paralizadas comenzaron a reactivarse.
Pero el golpe más duro es que un millar de obras fueron directamente discontinuadas.
Unas 900 pasarán a quedar bajo la órbita presupuestaria de las provincias en convenios marco como los que la Casa Rosada ya firmó con una docena de gobernadores. Y otras 350 fueron reprogramadas sin fecha de reanudación.
Semejante cuadro de situación preocupa al gremio de la UOCRA. El titular del sindicato, Gerardo Martínez, viene advirtiendo que «sin obra pública no hay destino de nación, no es gasto, es inversión». Por ahora, en el Gobierno piensan lo contrario, en medio de la decisión de mantener el equilibrio fiscal como sea.