Barrera sanitaria: esquema público-privado
(ADN). – Los comentarios surgidos en el gobierno nacional de levantar la barrera fitosanitaria al sur del río Colorado, incluído el Partido de Patagones, prendieron las luces de alerta en el sector ganadero y el Ejecutivo rionegrino. Cabe recordar que desde marzo de 2013 se incorporó a esta región patagónica como zona libre de aftosa sin vacunación, que le brinda una condición sanitaria diferente al resto del país.
Este puesto de control interno siempre generó debates, al tiempo que las provincias sureñas experimentan avances de estos beneficios, que les permitieron crecer en la producción ganadera y al tiempo resguadar a la fruticultura de la mosca de los frutos y vender en el mundo un producto de acuerdo a los parámetros sanitarios de los países compradores.
Hay indicios, o al menos en la base ideológica de Javier Milei y el equipo de economía, de desregular el comercio y eliminar barreras «distorsivas».
La exposicipon rural de Río Colorado y la del fin de semana pasado en Viedma, fueron tribunas para reclamar al gobierno provincial la permanencia de la barrera. Alberto Weretilneck tomó el testimonio y respondió con un nuevo condimento político: «no se puede analizar a este gobierno con los mismos elementos que a los gobierno anteriores».
¿Qué quiere decir? Basta de reclamos y enfretamientos, «vayamos con nuestras soluciones» y afirmó que “la propuesta que creo que tenemos que llevarle al gobierno nacional es que entienda que hay que unificar un estatus sanitario pero superador, no uno que signifique un retroceso y que vaya en perjuicio de todos los patagónicos”-
El sector productor y el mandatario se unieron en una voz única para rechazar la posibilidad de eliminar la barrera sanitaria y permitir el ingreso de carne con hueso y animales en pie a la Patagonia. Esto atenta directamente contra los estatus sanitarios patagónicos, que están relacionados a la ganadería, pero también a la fruticultura y horticultura y que permiten comercializar la producción en los mercados internacionales con importantes ventajas competitivas, generando más ingresos.
Otra mirada desde el consumidor de carne señala que los beneficios de los productores y exportadores, hacen que los patagónicos tengan que pagar la carne mas cara que al norte de la barrera, en algunos casos hasta el doble del precio, pero también se observa que a la vez hay carne sin hueso que ingresa con permiso, pero tampoco se comercializa más barata. No se entiende.
La presión también llega desde productores de la vecina provincia de La Pampa, que piden por el ingreso de carne con huesos planos (asado) porque el hueso plano no transmite la aftosa. También se señala que desde tierras pampeanas se generan los mayores ingresos de carne de contrabando con destino al Alto Valle, Neuquén y la región cordillerana de San Martín de los Andes y Bariloche, con una gastronomía que demanda cortes de carne caros.
Cabe destacar que la carne que se produce en toda la patagonia se consume en la región y apenas alcanza, mientras que el poco volumen que se exporta se hace desde el frigorífico Fridevi, de Viedma, único con autorización en toda la región para vender en los mercados internacionales.
Río Negro sería la más afectada en caso de existir una resolución nacional de desregularizar este comercio. Tiene el mayor límite sobre el río colorado y el Negro, y a la vez debe luchar con el comercio clandestino.
Los orígenes de la Barrera Sanitaria para el control de la Fiebre Aftosa en los ríos Colorado y Barrancas, se encuentran en los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de los años 1963 y 966. Posteriormente, en los años 69 y 70 se dictan normas más rigurosas y restrictivas para aumentar las exigencias y controles sanitarios con el objetivo de proteger y asegurar la indemnidad de la región respecto a la aftosa.
De esta manera se pasa -hace más de 10 años- de ser zona libre de la enfermedad con vacunación, a ser libre de aftosa sin vacunación.
Hoy el gobierno provincial presentó a los productores ganaderos, hortícolas y frutícolas, una solución para mitigar una eventual medida nacional que perjudique el status sanitario de la región. Esta alianza pública-privada tomaría a su cargo el costo de funcionamiento se los Puestos de Control Interno que controlan los alimentos que se trasladan y otras mercancías de competencia del Senasa, mientras el gobierno nacional se haría cargo de los costos del personal.
La estrategia es no ir al choque con el gobierno nacional, sino aportar ideas y eventuales soluciones acordadas por consenso.