Se renueva el debate sobre la pertenencia de las bancas

(ADN). – La posibilidad que en la asamblea provincial, de Primero Río Negro, del 25 de octubre en Bariloche, concluya con la revocatoria a César Domínguez, de la banca que ocupa en la Legislatura provincial, debido a su mutación partidaria a La Libertad Avanza, conocida en la jerga política como «borocotización», renovará la discusión sobre la pertenencia de los espacios legislativos, cuando como en este caso se abandona el partido que lo llevó en una lista en las elecciones provinciales del 14 de abril y luego se muda al espacio oficialista nacional que conduce Javier Milei.

Desde el espacio que conduce Ariel Rivero, se reclama a Domínguez, legislador por General Roca, que deje su banca argumentando «inconducta partidaria» y se sostiene por lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de Río Negro, que dice: Las bancas de toda representación política legislativa, provincial o municipal, pertenecen a los partidos políticos que las nominaron, conforme la ley que lo reglamente. A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario provincial se podrá requerir la revocación del mandato de un representante y su sustitución por el suplente correspondiente ante la justicia electoral, la que hará lugar al pedido cuando se invocare y probare una violación ostensible y grave de la plataforma electoral».

Sucede que a poco de asumir su banca, junto a Yolanda Mansila, de PRN, Domínguez manifestó su proximidad a las ideas libertarias de Milei y se acercó a los legisladores que llegaron al parlamento provincial dentro del espacio de Aníbal Tortoriello, en la elección provincial del 2023 y se sumó a trabajar junto con Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd.

Precisamente desde ese sector, que a su vez reclama al presidente de la Legislatura Pedro Pesatti, su reconocimiento como bloque partidario, se desestimó que una revocatoria a Domínguez, por su lugar en el parlamento puede tener éxito, ya que un último fallo de la Cámara Electoral Nacional, fijó jurisprudencia en el derecho electoral nacional, sobre que las bancas son del pueblo y no de los partidos y se enfatizó en que «nadie va a dejar sin efecto una banca proclamada».

Este tema es de debate en la política y en estos momentos se discute la conducta de cinco diputados nacionales radicales que contradiciendo su propio voto y a su partido, votaron con sus pares de la LLA, el apoyo al veto presidencial contra la ley de movilidad jubilatoria.

El fallo de la Cámara Electoral Nacional, que contradice al artículo 25 de la Constitución de Río Negro, afirmó en un dictámen del 26 de agosto del 2006, en la causa «Pagani, Enzo Luis s/presentación», apoderado de la Alianza Propuesta Republicana, que junto con los apoderados de Compromiso para el Cambio y Cambio y Recrear para el Crecimiento, trató de impedir la asunción a su cargo
del diputado Eduardo Lorenzo Borocotó y pidió que se procediese al corrimiento de la lista oficializada por la coalición, en tanto que Borocotó habría manifestado su voluntad de “traspasarse en su calidad de representante del pueblo a las huestes del oficialismo”.

En este fallo la Cámara Electoral sostuvo que carece de sustento jurídico que un diputado electo es investido en su cargo “bajo la obligación de ejecutar un mandato específico, representado por el programa de la agrupación política que lo propuso al electorado, y cuyas directrices debe necesariamente respetar para desempeñar su función».