Plan Andes: reconfiguración hidrocarburífera

(Por OPSur*). – El proyecto Andes, lanzado a inicios de 2024, busca racionalizar y optimizar el portafolio de campos maduros convencionales de YPF. Es decir, vender áreas que la empresa considera que venían deteriorando su valor para centrarse en las de mayor rentabilidad por dólar invertido, léase: Vaca Muerta, principalmente. Esto significó iniciar un proceso de venta de 30 áreas agrupadas en 11 clusters en  Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Al día de hoy, concretaron la firma de 9 acuerdos que comprenden 25 áreas.  

Para este plan de desinversión se ensayaron nombres de flores, de pájaros y de árboles autóctonos. Finalmente fue bautizado como la imponente cordillera que recorre América del Sur desde Colombia hasta Tierra del Fuego. No encontraron otro elemento natural que logre aunar un proyecto que incluye 4 de las 5 cuencas productivas argentinas. Esto sirve para dimensionar que no se trata de un  proyecto que busca vender unas cuantas áreas dispersas sino de la reconfiguración sustancial del sector hidrocarburífero. Implica un importante reacomodo del mapa de actores, una reorientación de YPF en gran medida irreversible y un posible empeoramiento de las consecuencias ambientales. En este punto aparecen, además, nombres como los del empresario Claudio Urcera o el ex ministro de Energía, Javier Iguacel, que por sus vínculos políticos despiertan interrogantes en torno a los criterios de selección. 

Un poco de contexto 

Con el cambio de gobierno, Horacio Marín, un ingeniero químico que hizo toda su carrera profesional en Tecpetrol, pasó a dirigir YPF. Él presentó el plan 4×4, una estrategia diseñada para cuadruplicar el valor de YPF en un período de cuatro años y llegar a exportar 30.000 millones de dólares para 2031. Este plan se basa en cuatro pilares fundamentales: primero,  enfocarse en lo más rentable -Vaca Muerta- y acelerarlo centrándose en aumentar la producción de petróleo y gas no convencional. Segundo, en la desinversión en activos convencionales, objetivo que se encauzó en el Proyecto Andes. Tercero, en mejorar la eficiencia tanto en el upstream (exploración y producción) como en el downstream (refinación y comercialización). Cuarto y último, en agilizar los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) a gran escala con el fin de  diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la posición de Argentina como exportador de hidrocarburos. 

Todo esto apunta a consolidar el horizonte exportador de Vaca Muerta a través de la monetización del GNL y el crudo como generador estructural de flujo de caja positivo. Es que Vaca Muerta además de altas tasas de retorno y resiliencia ante escenarios de precios bajos tiene la escala, afirmaba Westen, uno de los vicepresidentes de YPF, al argumentar la definición de centrarse en la formación no convencional. La proyección de una economía argentina más desregulada y con mayor inserción en el mercado internacional motorizó la reducción de  costos y el aumento de la eficiencia entre sus primeras acciones. Al respecto, Westen sostenía “Los precios los pone el mundo y puertas adentro tenemos que ser eficientes en toda la cadena de valor porque estamos compitiendo”. 

Este enfoque en la rentabilidad y la eficiencia es el argumento central del Proyecto Andes. Cabe aclarar que el desprendimiento de bloques marginales estuvo en carpeta de las diversas conducciones de YPF en los últimos años. Sin embargo, lo que destaca actualmente es su apresurado avance.

Una cronología de la venta de las cuencas Andinas 

El Plan 4×4 de YPF empezó a publicitarse los primeros días de febrero y el 29  el directorio de YPF aprobó avanzar en el proceso de racionalización y optimización del portafolio de campos maduros convencionales. Se trata de una fecha importante en la historia de la compañía de bandera pese a que. En este punto se informa que los campos maduros que conforman el grupo de activos constan de un total de 55 áreas y que se espera que sean operadores más pequeños los que puedan dar continuidad a la actividad. 

El 16 de abril se hace la presentación oficial del proyecto Andes. Se plantea una campaña para publicitar la propuesta en diversos foros internacionales y se define la designación del Banco Santander como encargado de la gestión del proceso. A la par, se dan negociaciones y diálogos con los gobernadores y los sindicatos para garantizar la viabilidad del proyecto. Un día más tarde, Marín afirmaba “hay más de 60 empresas interesadas, para el 1° de septiembre ya no estamos en ninguna de esas áreas”. Además, el presidente de YPF daba a conocer que la evaluación de las áreas había sido realizada por una empresa norteamericana de renombre tomando en cuenta los pasivos existentes. En este punto se hablaba de clusters en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. 

El 7 de junio se cerró la instancia de recepción de ofertas. Hubo más de 60 propuestas para todos los clusters de más de 30 compañías nacionales e internacionales. En esta instancia, YPF informó que el Proyecto Andes se extendía a treinta áreas convencionales agrupadas en 11 clusters ubicados en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Es decir,  Tierra Fuego se excluyó de esta etapa. A partir de entonces, YPF y el Banco Santander empezaron un proceso de evaluación que debía durar 2 semanas.

Un mes más tarde, el 5 de agosto, YPF informó la firma de los primeros 6 acuerdos para la cesión de 15 áreas convencionales agrupadas en 6 clústeres en Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut. El 14 de agosto hizo la segunda tanda de anuncios con la firma de 2 nuevos acuerdos. En este etapa se adelantó, además, que la venta del clúster de Tierra del Fuego se iba a concretar posteriormente y en el corto plazo ante el retiro de la operadora de esas áreas, la empresa chilena ENAP. También se excluía Santa Cruz que inicialmente había entrado en el plan, por lo que 20 activos quedaron afuera.

El 17 de septiembre se avanzó en la firma del noveno acuerdo por la cesión de las áreas que conforman el cluster Neuquén Sur, con lo que se llegó a 25 áreas convencionales ya vendidas.  En todos los casos se informó cuáles fueron las compañías seleccionadas para cada cluster y que el proceso continuaba con el envío de los acuerdos correspondientes a los gobiernos provinciales para su validación y cesión definitiva.

Yacimientos maduros, excepciones y articulación con las provincias

Primero es importante saber que “yacimientos maduros” refiere a aquellos que ya pasaron su pico “óptimo” de producción pero pueden seguir siendo rentables. YPF argumenta que por su escala no le resulta eficiente ni rentable producir petróleo en este tipo de yacimientos y sostienen que tienen que ser explotados por operadores más pequeños. 

“La idea es que empresas que por ahí operan o prestan servicios en campos convencionales den un salto de calidad de alguna forma y se transformen en operadores, es un proceso natural” explicó el presidente de YPF al respecto. Para facilitar este cambio de escala se abrió la posibilidad de que el uso de infraestructura ya operativa, en particular de evacuación, se incluyera en la venta. Sin embargo, hay ciertas infraestructuras que la empresa de bandera va a conservar por considerarlas activos estratégicos, como  la planta de tratamiento del Portón en Mendoza Sur.

El sector de explotación/producción está altamente concentrado y tiene grandes requerimientos técnicos, de capital y de saber hacer que pueden resultar obstáculos difíciles de sortear para empresas de menor envergadura. En tal sentido, la posibilidad de que las pymes puedan ingresar a este negocio de mayor escala y complejidad, así como que puedan ser más productivas y rentables que YPF en la explotación de yacimientos maduros es una hipótesis que aún debe probarse. También es importante explicitar que YPF no busca socios, busca una cesión al 100% y en ese proceso hacer lo que denominan un Clean Exit.   

Clean Exit, quiere decir que las compañías ofertantes se hagan cargo de la totalidad “de los abandonos y de cualquier pasivo que pueda haber en estos clusters”. Desde YPF informaron que en los documentos que les entregaron a las empresas interesadas se encontraba toda la información vinculada a estos pasivos para que les pongan precio a lo que están absorbiendo. 

La definición de YPF es clara, “la compañía que entra se lleva todos los derechos y las obligaciones”. Se refiere a los pasivos ambientales pero también a las cuestiones laborales. Desde la sociedad anónima de mayoría estatal dijeron que iban a “transferir los contratos de servicios lo que no implica que la compañía que absorbe no se vaya a sentar con los contratistas a negociar si los servicios que está obteniendo son los que necesita o necesita ajustar”. La posibilidad de despidos y afectaciones a las economías locales queda abierta. Ahora, ¿estas empresas con mucha menos historia y escala efectivamente pueden y van a hacerse cargo de los pasivos que están absorbiendo? 

Las áreas que finalmente fueron incluidas en el proyecto Andes se organizaron en 30 bloques divididos en 11 clusters que involucran a Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Esta agrupación responde a la cercanía entre sí, pero también al criterio de que haya activos de mayor rentabilidad que acompañen a los de menor potencial. Si bien en la mayoría de los casos YPF es la empresa operadora y tiene participaciones del 100%, en algunos casos hay áreas que operan otras empresas, como Aconcagua, Tecpetrol y ENAP, o en las que YPF es socia junto a otras firmas con participaciones que oscilan el 70% y el 7% según el caso. La mayoría de las áreas son yacimientos no convencionales pero también hay offshore, como en las áreas Magallanes y Poseidón en Tierra del Fuego, y tight gas, como en Estación Fernández Oro en Río Negro o El trebol-Escalante en Chubut. 

Aunque el plan 4×4 se enfoca en Vaca Muerta,  la desinversión en convencional no es total. El Proyecto Andes no incluye determinados bloques offshore como el CAN-100, donde se emplazó el primer pozo exploratorio en aguas ultraprofundas, el Argerich 1, que finalmente resultó no dar indicios claros de hidrocarburos. Además, YPF definió conservar algunos bloques onshore puesto que considera que su “rentabilidad y la materialidad” pueden generar el valor que justifica sostenerlos. 

El proyecto Andes requiere de la coordinación con los gobiernos provinciales. Luego de la firma entre YPF y las empresas seleccionadas, la aprobación del acuerdo se define en  instancias provinciales. Para esta instancia hubo negociaciones previas al lanzamiento del proyecto que ya avanzaron al respecto. 

Como varios de estos bloques están o estaban prontos a vencer, la firma de los acuerdos establece como requisito precedente haber obtenido la extensión de la concesión. En algunos casos, las empresas compradoras van a tener que negociar las condiciones de prórroga directamente con las provincias. Por ejemplo, para los dos bloques de Río Negro que estaban por vencer la legislatura provincial sancionó, en la misma sesión del 12 de julio en la que adhirió al RIGi,  la Ley Nº 5733 que prórroga las Concesiones Hidrocarburíferas por 10 años. A su vez, la normativa establece un régimen de incentivos que permite reducir a la mínima expresión el cargo de regalías, impuestos y cánones.

Las controversias 

El Proyecto Andes tuvo difusión activa en medios, foros y entrevistas pero existen pocos análisis en sintonía crítica. Sin embargo, a medida que el proceso avanza algunos aspectos empiezan a despertar interrogantes. En este apartado recuperamos tres que consideramos claves: las implicancias ambientales, las dudas sobre la transparencia en los procesos de adjudicación y las consecuencias para YPF a largo plazo. 

En relación a lo ambiental, como ya adelantamos, YPF va a transferir a las nuevas empresas sus  pasivos desligándose de forma total. Es decir, YPF se desentiende formalmente de su responsabilidad ambiental sin asegurar que las empresas compradoras garanticen la limpieza y mitigación de los daños causados por años de explotación. Si las grandes empresas que operan áreas maduras no respetan sus compromisos ambientales, realidad que se repite y prueba con áreas ofrecidas en el Plan Andes, como el de Estación Fernández Oro y la situación de calle ciega 10, el traspaso a compañías con menos margen financiero sin remediación previa amplía las posibilidades de que al final de la explotación las empresas se retiren abandonando los pasivos acumulados. Esto podría dejar comunidades locales y ecosistemas vulnerables a la degradación ambiental sin suficientes recursos para su recuperación y sin vías efectivas de reclamo. El caso de UTE Petróleos Sudamericanos da cuenta de que algunas empresas involucradas ya cuentan con un historial de incumplimientos de acuerdos de remediación. Además la explotación de campos en declive, cuya infraestructura es vieja y poco mantenida, amplía riesgos de incidentes ambientales.

En relación a la escasa información pública sobre los procesos de adjudicación, es notable que no se hayan explicitado los criterios de selección ni se hayan publicado las evaluaciones que favorecieron a ciertas empresas por sobre otras. Que las empresas favorecidas tengan fuertes vínculos con el gobierno nacional actual da cuenta de que las dudas que despierta la falta de transparencia de los procesos tienen justificación. Además, en la misma instancia en la que se aprobaba el plan de desinversión, los yacimientos en cuestión sufrieron una fuerte disminución de su valuación económica, justo apenas antes de la ejecución del proyecto Andes. 

De las empresas y empresarios favorecidos, merece la pena destacar a Javier Iguacel, ministro de Energía entre 2018 y 2019 y luego intendente de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, quien se asoció con Lucas Logaldo, su ex jefe de Gabinete, y con  Lisandro Garmendia, accionistas de TB Cargo, para formar Bentia Energy (8). Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, difundió que el contrato social de la compañía data del 28 de junio de 2024 y que en julio se inscribió ante AFIP. Es decir, 21 días después de que YPF informó que había cerrado el proceso de recepción de ofertas. Este entramado contó con el asesoramiento del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, un bufete que tiene estrechas vinculaciones con el gobierno nacional. Bentia Energy se quedó con la cesión del cluster Neuquén Sur, compuesto por los bloques Al Norte de la Dorsal, Octógono Fiscal y Dadin, además junto a SIMA Ingeniería, el grupo liderado por Diego Manfio, uno de los proveedores de servicios petroleros más importantes de la cuenca Neuquina, terminaron quedándose también con el cluster Neuquén Norte.

El otro favorecido merecidamente mencionable es Claudio Urcera, beneficiario de los clusters Mendoza Sur y Estación Fernández Oro de Río Negro. Urcera es un conocido empresario con alianzas clave en el marco del competitivo mundo de los servicios al petróleo que viene fortaleciendo considerablemente su posición en los últimos años. El empresario cuenta con antecedentes como su estrecho vínculo con el fallecido Guillermo Pereyra, ex senador nacional por el MPN y, por décadas, secretario general del sindicato de los petroleros privados de Neuquén. 

Por último, destacamos las implicancias a largo plazo que tiene este proyecto para YPF. Por un lado, hace años la empresa viene disminuyendo sistemáticamente sus inversiones en convencional que incrementa su posición en el no convencional. Se trata de un proceso precipitado que genera dudas sobre la posibilidad de una salida ordenada. El directorio de YPF no hace más que acelerar y precipitar un final anunciado. La venta compulsiva de activos maduros, aunque pueda aliviar las finanzas a corto plazo, despierta interrogantes  en torno al riesgo de debilitamiento de la posición de compañía de bandera a largo plazo.

A principios de este año el gobierno de Javier Milei propuso la privatización de YPF, intención que llegó a estar incluida en la primera versión de la Ley Ómnibus y que se descartó en las versiones posteriores. En este marco, la venta de activos merece una especial atención, sobre todo si dimensionamos que el Proyecto Andes avanza paralelamente a operatorias como el recorte millonario en la valuación económica de muchos de estos yacimientos. 

Como informó EconoJournal, el directorio de YPF aprobó un recorte millonario en el precio de libro al que estaban inscriptos esos bloques con el argumento de que fueron sobrevaluados artificialmente para justificar su explotación pese a que, presuntamente, perdían dinero. Esto se habría hecho a pesar de que los balances son auditados por terceros, como Deloitte and Co S.A., y presentados en la Securities and Exchange Commission de EE.UU. El caso es que hace 20 años no se aprobaba un recorte de esta magnitud. Se trata de un ajuste de un el valor contable estimado en 1.800 millones de dólares que se traduce en un abaratamiento de los campos maduros que vende YPF en el marco del Proyecto Andes. Es decir, una liquidación de áreas para beneficiar ciertas empresas a las que no se sabe con qué criterios se las adjudicaron.

El Proyecto Andes implica una reconfiguración sustancial del sector hidrocarburífero argentino que se argumenta desde la necesidad de optimizar y racionalizar los activos maduros de YPF. Aún mientras pudiera contribuir en mejorar la eficiencia y centrar los esfuerzos de YPF en Vaca Muerta, el plan implica riesgos para la empresa de bandera y su capacidad para manejar las consecuencias sociales, económicas y ambientales que surgen de este proceso de desinversión acelerada. El proyecto delega las responsabilidades ambientales de los pasivos acumulados en empresas de una magnitud mucho menor. Además, los procesos de adjudicación y sus mecanismos de evaluación no han sido publicitados y el beneficio a sectores empresariales estrechamente vinculados al poder político despierta incógnitas. En resumen muchos de los pilares del proyecto Andes lejos están del pétreo arraigo de nuestra cordillera y más bien se basan en supuestos e hipótesis por ahora no corroboradas o ideadas con motivos no del todo claros. 

*Publicada por El Observatorio Petrolero Sur -OPSur-, especializado en temas energéticos.