Discrepancias en la Justicia por la prisión domiciliaria
(ADN).- El que instauró la polémica fue el gobernador Alberto Weretilneck: «Los prefiero hacinados en una cárcel y no con tobillera» subrayó al cuestionar duramente al Poder Judicial por la cantidad de presos que acceden al beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad condicional, monitoreadas con tobilleras GPS. Y pidió más rigor con las personas condenadas por delitos violentos.
Las declaraciones del mandatario tuvieron eco en el Ministerio Público, y su jefe, Jorge Crespo reunió a todos los fiscales de la provincia para fijar un criterio común. En ese cónclave, abogó por revocarlas. Así fue que en Cipolletti, un Fiscal pidió una audiencia para cambiar la situación con un condenado que, por orden de una jueza de juicio, pasaba sus días en el domicilio.
Sin embargo, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, respaldó el trabajo de los jueces y criticó la situación carcelaria rionegrina.
Ni bien el Gobernador puso el tema en agenda, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que se encontraban 285 dispositivos monitoreados en la provincia. Indicaron que 141 corresponden a personas que cumplen prisión domiciliaria; 44 con libertad condicional; 13 con libertad asistida y 87 imputados a los que se les impuso el dispositivo para cumplir medidas cautelares.
Pero el juez del STJ explicó que las cárceles no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Reconoció que hay un problema de infraestructura, porque la reforma del código procesal penal en 2017 duplicó y aceleró las investigaciones. “Por ende duplicamos la cantidad de presos y tenemos la misma cantidad de penales que en 2017, seis con algunas ampliaciones puntuales”, detalló.
Defendió que el Poder Judicial no hace las leyes sino que las aplica y que el artículo 18 de la Constitución Nacional sostiene que las cárceles serán para resocialización y que la responsabilidad por la mortificación o hacinamiento es de los jueces. “Sí todas las cárceles están llenas de presos es porque nuestra parte del trabajo ya la hicimos, a ningún juez le agrada que le reprochen liviandad cuando el problema es de infraestructura, y la infraestructura del Servicio Penitenciario Provincial que depende del Ejecutivo”, dijo en un reportaje en Canal 10.
“Entendemos la situación del gobernador porque los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, pero no tenemos responsabilidad por la infraestructura, estamos dispuestos a trabajar mano a mano con el Ejecutivo para buscarle una solución”, apuntó.
Respecto a las tobilleras o pulseras explicó que las controla una unidad especial que depende del Ministerio de Seguridad y que en la mayoría de los casos son las partes (fiscalía y defensa) las que en el sistema acusatorio acuerdan esa modalidad. Cerró de forma contundente: «No comparto el diagnóstico, no es un problema de liviandad de los jueces”.