Nuevo pedido de informes por el contrato de Dienst

(ADN).- «El Gobierno se niega a detallar cuánto le cuesta a los rionegrinos la contratación de la firma Dienst Consulting S.A. que lleva a cabo el polémico control de ausentismo de los trabajadores del Estado». La sentencia surge del bloque Vamos con Todos, que insistió con un nuevo pedido de informes, que también firman los legisladores Patricia McKidd y Santiago Ibarrolaza.

La bancada elevó el documento dirigido a la aseguradora estatal Horizonte -mediante la cual se llevó a cabo la contratación- cuyo costo, tipo de contrato y otras particularidades no fueron respondidos en anteriores solicitudes.

“Qué esconde el gobierno provincial que mientras el ministro Gatti celebra la baja de las licencias de los estatales, se niegan a mostrar los números de cuánto nos cuesta la consultora y cómo se hizo la contratación”, preguntó el legislador José Luis Berros, presidente del bloque opositor,

Desde la bancada aseguraron que las respuestas obtenidas sólo dan cuenta de los decretos de 1996 que crea la firma Horizonte y el que le otorga la facultad para el control del presentismo laboral, junto a la normativa nacional que establece los roles de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se adjunta la inscripción notarial en Personas Jurídicas de la firma Dienst, los nombres de sus directivos, las actas asamblearias de constitución de la Sociedad Anónima, Inscripción en AFIP y un listado poco exhaustivo de controles realizados hasta el momento en algunas áreas laborales de la Provincia.

Sin embargo, nada dice del tipo de procedimiento utilizado para contratar a Dienst Consulting S.A., ni el monto total de la contratación, los plazos de ejecución y las tareas que fueron encomendadas a la empresa para llevar a cabo el control del ausentismo de los empleados estatales, indicaron.

Por ello, el bloque Vamos con Todos junto a los legisladores Santiago Ibarrolaza y Patricia McKidd, requirieron la remisión de los contratos firmados entre el Estado provincial y Dienst Consulting S.A., documentos que hasta ahora no han sido entregados. Se insistió en que se debe explicar detalladamente las razones técnicas y jurídicas que justificaron la contratación de la empresa, adjuntando los antecedentes que respaldan dicha decisión.

También se solicita información sobre los dictámenes y resoluciones que acompañaron la contratación, datos estadísticos sobre el ausentismo laboral en la provincia y si los sistemas de juntas médicas estatales evidenciaron falencias que requirieran la intervención de la privada Dienst Consulting S.A.

Los legisladores también piden los informes periódicos que la empresa entregó al Estado desde el inicio de su labor que deberían proporcionar detalles sobre las auditorías realizadas y los resultados obtenidos en cuanto a la presencia de los trabajadores en sus puestos.

Otro de los puntos que el gobierno deberá aclarar es el perfil de los profesionales que componen el equipo de Dienst Consulting S.A. en lo que respecta a su especialidad médica y la cantidad y ubicación de los consultorios de la empresa.

“Llama la atención que las auditorías médicas, en lugar de realizarse de manera presencial en cada localidad de la provincia, se llevan a cabo en muchos casos a distancias considerables de las ciudades o pueblos donde se encuentran los trabajadores”, afirmó Berros. “Queremos saber cuáles son los motivos detrás de esta decisión y si eso genera inconvenientes para los empleados estatales que deben someterse a este tipo de controles”, agregó.

Finalmente, el bloque solicita que se aclare si la empresa figura en la lista publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2014, que incluye a compañías acusadas de utilizar facturación apócrifa. En este sentido, se pide que se informe si una empresa evasora puede ser proveedora de un organismo estatal provincial, y si no existe algún impedimento contractual o suspensión preventiva a partir de estas acusaciones.